Europa Laica espera que un Gobierno de izquierdas cumpla con sus compromisos frente a la Iglesia

El ascenso de fuerzas políticas ultraconservadoras que se proclaman abiertamente confesionales e imponen legislaciones contra la libertad de conciencia y la igualdad, como el Partido de la Justicia en Polonia y la Unión Cívica de Víktor Orban en Hungría, convierte el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia en un acontecimiento especial. Se celebra el 9 de diciembre y coincide en España con expectativas de un Gobierno de coalición entre partidos que acudieron a las recientes elecciones con la idea de que “el Estado solo será verdaderamente democrático cuando sea ciertamente laico”. Lo subraya Europa Laica en el manifiesto que conmemora dos hitos mundiales al respecto: el 9 de diciembre de 1905, cuando se aprueba en Francia la Ley de Separación de las Iglesias y el Estado, y la proclamación por la ONU de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948.

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Libertad de conciencia, laicismo, neutralidad del Estado ante el hecho religioso, revisión de los privilegios de la Iglesia romana en España, enseñanza del catolicismo en las escuelas con dinero público, pago de los salarios de obispos y sacerdotes a cargo de Hacienda, reforma o supresión de los llamados Acuerdos con el Estado vaticano... Por primera vez en democracia, partidos con posibilidades de formar Gobierno proponen en sus programas reflejar en la legislación la creciente secularización de la sociedad como consecuencia de la poca valoración social de las religiones.

Dice el manifiesto de Europa Laica: “Gobierne quien gobierne, el resultado de las pasadas elecciones, la laicidad y la libertad de conciencia deben formar parte de las medidas a tomar para una plena convivencia democrática, superando los atrasos y la pasividad e incumplimientos existentes”. La principal organización del laicismo español reclama para ello “la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, y los de 1992 con otras confesiones, como exigencia inexcusable a cumplir por estar incluidas en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos”.

También pide dar prioridad a la escuela pública y laica, “libre de adoctrinamientos religiosos o de cualquier tipo, como forma de superar la desigualdad que genera un sistema educativo de conciertos con la escuela católica financiado por el erario público”, y suprimir los privilegios económicos y fiscales de la iglesia católica mediante la promulgación de una Ley de Libertad de Conciencia que dé cobertura a esas “medidas necesarias”. El manifiesto relaciona la presencia de fuerzas ultraconservadoras en varios gobiernos de la UE con el ascenso en España del partido Vox, que califican de extrema derecha o como “fascismo ultracatólico”.

Cuando los obispos pidieron votar no a la Constitución

Los movimientos laicistas perciben en España un rebrote del confesionalismo de Estado, nada encubierto como reflejan el voto a Vox y la decisión del Gobierno en funciones de ocultar, en contra de un mandato del Congreso, el informe realizado por el Ministerio de Justicia sobre las decenas de miles de inmatriculaciones de bienes públicos, realizadas por la Iglesia católica. Europa Laica denuncia severamente esa deriva y recuerda cómo obispos tan sobresalientes como el arzobispo de Toledo y primado de España en 1978, el cardenal Marcelo González Martín, emitieron “instrucciones pastorales argumentando el rechazo a la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de aquel año”.

Para pedir el no, el influyente prelado argumentaba que la Constitución tenía “gusanos que inficionan toda la manzana, haciéndola dañina o inaceptable”, omitía “real y no solo nominalmente, de toda referencia a Dios, y era “en la realidad un salvoconducto para agresiones legalizadas contra derechos inalienables del hombre”.

Sostenía también el cardenal que ostentaba entonces la primacía de los obispos españoles: “Por falta de principios superiores, la Constitución ampara una sociedad permisiva, que, según advirtió oportunamente la Conferencia Episcopal, no es conciliable con una sociedad de fundamento ético; es contraria al ejercicio valioso de la libertad; no garantiza suficientemente la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades; no tutela los valores morales de la familia, y abre la puerta para que el matrimonio, indisoluble por derecho divino y natural, se vea atacado por la peste de una ley del divorcio”.