El Poder Judicial revisa los fallos del caso de Itziar Prats, cuyas hijas fueron asesinadas por su padre

Itziar Prats ha conseguido que mucha gente importante lleve las mariposas moradas que teje para recordar a sus dos hijas, Nerea y Martina, asesinadas por su padre el 25 de septiembre de 2018 cuando tenían seis y dos años de edad. Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las mostró en su cuenta de Twitter el pasado 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres, con el siguiente mensaje: “Él amenazó con matarlas. Itziar denunció pero algo falló. Debemos volcarnos en la protección a las mujeres y menores víctimas de Violencia Machista. No podemos volver a fallar". El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido la última instancia que se ha sumado para revisar los posibles fallos.

Al tiempo que teje y reparte mariposas (ya se cuentan por miles), Prats va llamando a distintas puertas oficiales con su abogado, Gabriel Rubio, y presentando denuncias para que se revise el caso y se depuren responsabilidades. Ella denunció en varias instancias el riesgo que corrían sus hijas tras las amenazas que recibió del padre. Lo dijo en el Centro de la Mujer de Castellón, en una comisaría, en un juzgado de guardia y en el Juzgado de Violencia número 1 de Castellón. La familia ha pedido responsabilidades al Gobierno, en concreto a los ministerios de Justicia e Interior, por no proteger a las menores. Ambos ministerios han abierto ya expediente.

También ha acudido al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, a denunciar la falta de atención en el juzgado, al que presentó pruebas que no fueron revisadas y donde no se escuchó a las menores. El organismo va a revisar el caso, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. “Mi representada ha perdido a sus dos hijas, y tiene derecho a quejarse ante el Consejo General del Poder Judicial por el trato recibido en el Juzgado de Violencia 1 de Castellón”, señala el escrito enviado el 23 de septiembre. En él enumeran las distintas cuestiones que consideran que se pasaron por alto. El cónyuge, Ricardo Carrascosa, mató a sus hijas en su domicilio, donde las dos niñas dormían porque esa noche le correspondía el periodo de estancia fijado en las medidas provisionales acordadas en el procedimiento de divorcio. Después de matarlas, se tiró por la ventana y se suicidó.

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La queja se centra en “la falta de cumplimiento” por parte del Juzgado de Violencia 1 de Castellón de lo que fija el Convenio de Estambul (el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica), ratificado por España en 2014, además de otros acuerdos, como la Convención de los Derechos del Niño y las peticiones del Defensor del Pueblo para que se atienda a los menores víctimas de violencia machista.

El Convenio de Estambul, que España había firmado cuatro años antes del asesinato de las niñas Nerea y Martina, instaba a los Estados firmantes a adoptar medidas legislativas “para que las autoridades pudieran llevar a cabo una valoración del riego de letalidad así como extender las medidas de protección a los menores expuestos”, recoge la queja. En el caso de Itziar Prats, ni se valoró el riesgo de letalidad ni se escuchó a sus hijas. El protocolo policial que valora el riesgo de las víctimas de violencia machista se modificó después de este caso para incluir ambos aspectos. De hecho, la valoración que estableció ese protocolo cuando ella acudió a comisaría fue “riesgo bajo” y no se concedió orden de protección. En los juzgados aún no están garantizadas las unidades de valoración forense que permiten hacer esos exámenes a los menores.

“Por el juzgado no se oyó a las menores, por el juzgado no se exploró a las menores, y la actuación de los servicios psicosociales brillan por su ausencia”, relata la queja, a la que el CGPJ respondió el pasado octubre. El escrito recuerda además que Prats había pedido al juzgado medidas de protección, en las que incidía en que se debía garantizar la seguridad de las menores “como destinatarias finales de las amenazas denunciadas”.

En el escrito, el abogado incide en que “no existían las menores en lo actuado en el Juzgado de Violencia de Castellón. No existen las menores ya”. Itziar Prats presentó como prueba audios que grabó a su expareja. Contó que había recibido “amenazas gravísimas”, la denuncia de malos tratos a sus hijas y episodios de violencia en presencia de las menores. En los audios se escuchaban frases como “al final vamos a acabar todos muertos y yo en la cárcel” o “te voy a quitar lo que más quieres” . Cuando Prats le preguntó si estaba amenazando con matarla a ella, él contesta: “No, a ti no, en ti no voy a gastar ninguna energía” o “tú ya estás sentenciada”.