Los planes no bastan, hay que ejecutarlos

Quizá no sea posible imaginar un fenómeno más global que el cambio climático; todos sufriremos las consecuencias de las conductas del conjunto de la población, independientemente de la conducta individual de cada persona o cada país. En consecuencia, las medidas para combatirlo o aliviar sus consecuencias han de ser globales.

Durante el pasado siglo, cuando la globalidad era apenas más que un barrunto, se enfatizó la necesidad de un gobierno mundial, noción que se ha abandonado por completo. Incluso la ONU ha ido perdiendo capacidad de intervenir. ¿Cómo actuar, entonces, contra el cambio climático en un mundo dominado por los egoísmos nacionales?

La respuesta ha sido la celebración de cumbres, como la Conferencia de las Partes (COP25) que arranca hoy en Madrid. Esta COP examinará los progresos, o su ausencia, desde la COP21 en París en 2015. En dicha conferencia, la casi totalidad de los países del mundo declararon su compromiso con medidas que limitaran el aumento de la temperatura media del planeta a los 2º C a finales del presente siglo respecto del nivel preindustrial.

Pero esos compromisos fueron voluntarios y no se instrumentó un mecanismo de sanciones para aquellos que no los cumplieran. Ni los compromisos, únicamente declarativos, fueron ya suficientes en principio, ni pudo evitarse su incumplimiento por la mayoría de los países firmantes, ni la retirada de alguno de ellos, como EE UU. Según el secretariado de la cumbre, si se procediera según lo declarado en París, la temperatura aumentaría hasta los 3º C y, según los expertos, de seguir las tendencias observadas en estos cuatro años, se iría hasta más allá de los 4º C.

Y es que no basta con declarar que la temperatura no ha de superar tal o cual límite. Hay que definir cómo se va a lograr. Y como el calentamiento global es un efecto del aumento de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera y éste una consecuencia de nuestro colosal consumo de energía procedente de los combustibles fósiles, la clave está en lo que se ha llamado la descarbonización de nuestra economía o la transición energética: sustituir las fuentes dependientes del carbono por otras libres de emisiones; en la generación de electricidad, en el transporte y en la producción de calor industrial y doméstico.

Las únicas fuentes libres de emisiones que conocemos son las renovables y la energía nuclear. Esta última jugará un papel importante en la transición energética de los países de Asia pero es poco probable que continúe al mismo nivel actual en Europa y EE UU, no digamos ya que aumente su presencia. El problema está, por tanto, en la instalación de potencia renovable para sustituir potencia fósil, especialmente carbón, y moverse rápidamente hacia un transporte de personas y mercancías que no dependa de los derivados del petróleo, como ocurre hoy prácticamente en un 100%.

Pero tampoco basta con enunciar los planes de descarbonización. Hay que ponerlos en práctica. Lo que implica enormes inversiones y la resistencia de sectores perjudicados en el corto plazo. En ausencia de un sistema de sanciones, o de una autoridad supranacional, resulta difícil, como se está viendo, que los distintos países tomen las decisiones necesarias. Incluso en el caso de la UE, donde un conjunto de países delegan una parte de su soberanía en una instancia supranacional, no está resultando fácil dar simplemente el primer paso, la sustitución del carbón como fuente de generación de electricidad por fuentes sin emisiones, dado que hay países, como Polonia o Alemania, dependientes en gran medida del carbón.

La presión ciudadana es importante para obligar a los gobiernos a tomar las medidas necesarias, pero su papel en estos momentos es contradictorio. Hay una gran concienciación sobre los peligros del cambio climático, pero es más bien genérica, y cuando se legisla para reducir en concreto el consumo de combustibles fósiles, por ejemplo mediante impuestos medioambientales, encareciendo el precio de los combustibles o dificultando el uso de vehículos privados, la reacción popular suele ser contraria. Recuérdese el motivo inicial de las revueltas en Francia, Ecuador, Irán o tantos otros sitios.

Cada sector piensa que deben ser otros los primeros o principales afectados. O que basta gravar o limitar los movimientos de los ricos o las grandes empresas. Pero el problema es que las emisiones se producen directamente por la actividad de todos e, indirectamente, por la energía que se utiliza en manufacturar productos que todos usamos.

Podría pensarse en la indexación de las emisiones generadas por la fabricación o el uso de cada producto. Así, los consumidores podrían rechazar los que generan más GEI y los gobiernos podrían gravarlos en función de los daños colaterales que producen. Un mecanismo complejo y con muchos efectos secundarios negativos seguramente. Pero el hecho es que el sistema de las declaraciones pomposas de compromisos cuyo cumplimiento no es posible garantizar no está dando resultado hasta el momento.

Las cumbres son útiles y necesarias, en particular por el formidable impacto que generan sobre el cambio climático. Y son eficaces, pero no tanto como podría deducirse de la lectura de sus conclusiones.