Así es la nueva norma de vientres de alquiler de Portugal de la que hablan en la investidura
La ley, aprobada por tercera vez, ignora la exigencia del Constitucional de que la gestante pueda arrepentirse de la donación después del parto
Portugal aprobó hace cuatro años la primera ley de vientres de alquiler, y acaba de dar el visto bueno a un nuevo texto, el tercero, sin que hasta la fecha se haya registrado ni un solo caso. El pasado viernes volvió a aprobarla con el impulso de parte de la izquierda portuguesa pero se prevé que tampoco tenga resultado práctico. El nuevo texto no incluye un requisito que exigió el Tribunal Constitucional y que había intentado incluir el Bloco, atendiendo a la petición de los jueces: que la madre gestante tenga la posibilidad de arrepentirse incluso después del parto, es decir, que se niegue a entregar al bebé.
En la primera sesión de investidura en el Congreso de los Diputados español de este lunes, Albert Rivera primero y Pedro Sánchez después aludieron a esta nueva norma de Portugal. Rivera para señalar que el país vecino tenía una regulación propia, como ocurre con Reino Unido, Grecia o Canadá. Sánchez para replicarle que esa norma, tal y como está aprobada, es papel mojado. Ambos tenían parte de razón: hay una ley portuguesa pero es papel mojado.
Los vientres de alquiler, o gestación subrogada, es una práctica prohibida en España. Suponen que una mujer geste un hijo para otras personas. Ciudadanos es el único partido que defiende su legalización y ha presentado dos propuestas en el Parlamento.
El culebrón de la ley portuguesa se inició en 2016 cuando el Bloco de Esquerda presentó una iniciativa en ese sentido, que fue apoyada por el Partido Socialista. Su otro socio de la mayoría parlamentaria, el PC, no la apoyó pero los votos necesarios para su aprobación salieron del banco del Partido Social Demócrata (PSD), que dejó libertad de voto a sus diputados.
Veto a gays y lesbianas
La normativa de 2016 recogía que solo podían beneficiarse mujeres sin útero o con alguna dolencia que les impidiera quedarse embarazadas y menores de 40 años de edad, en el caso de tratamientos en hospitales públicos. Las parejas de gays o lesbianas quedaban vetadas. Se concibió además dentro del llamado modelo altruista, que supone que la gestante no puede ser compensada económicamente, más allá de los gastos sanitarios.
La ley fue vetada por el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, por considerar que el parlamento no había escuchado al Consejo Nacional de Ética de Ciencias de la Vida. En su opinión, el texto no salvaguardaba los derechos del niño ni los de la mujer gestante, “ni hay un cuadro legal del contrato de gestación". La ley no garantizaba, según la CNECV, los términos de revocación del consentimiento y sus consecuencias.
Un año después (2017), el parlamento volvió a aprobar esta ley con las rectificaciones sugeridas por el presidente del país y el Consejo de Ética. Tras ser publicada en el Diario de la República entró en vigor, aunque el Centro Democrático y Social (CDS) llevó la ley al Tribunal Constitucional.
La ley apenas estuvo en vigor un año. En ese tiempo solo una mujer superó todos los trámites médicos, pero la que iba a ser gestante -la abuela del futuro niño- no tuvo éxito con el tratamiento médico. Un par de casos en marcha quedaron interrumpidos por la sentencia, el pasado año, del Tribunal Constitucional sobre reproducción asistida, que exigía la identificación de los donantes e incluir el citado arrepentiminto de la gestante.
Desde la sentencia de 2018, el parlamento ha debatido un nuevo texto para cumplir con las exigencias del alto tribunal. Hasta el último día de la legislatura, sin embargo, no se presentó a votación un texto que, paradójicamente, no incluye la exigencia del Constitucional. Y fue aprobado.
El Bloque de Izquierda intentó enmedar el error con una enmienda que permitía la renuncia a la obligación de donar al bebé hasta después del parto, incluso hasta el día del registro civil. Pero esa enmienda fue rechazada al imponerse la disciplina de voto de cada partido. PSD, CDS y PC votaron en contra, y el texto volvió al punto de partida de 2017. Aprobado, pero sin validez porque va a ser recurrido al Constitucional. El grupo parlamentario CDS ha anunciado que llevará la ley de nuevo ante el Constitucional, si antes no lo hace el presidente del país.
En definitiva, el parlamento ha aprobado en cuatro años tres veces la ley de gestación subrogada y en este tiempo ha habido un veto presidencial, una sentencia constitucional en contra y un año de vigencia en el que el único caso que superó los difíciles trámites burocráticos fracasó en su tratamiento médico. El próximo capítulo corresponderá al Parlamento salido de las urnas el próximo 6 de octubre.
En las anteriores votaciones se dio libertad de voto, pero en esta se ha impuesto la disciplina de partido.
Un centenar de familias españolas a la espera en Ucrania
Cada viernes hacen una concentración frente al consulado en Kiev. Son más de un centenar de parejas españolas -140, según sus propias estimaciones-. Reclaman que sean inscritos sus bebés, gestados por mujeres ucranianas. Cada año, centenares de familias españolas acuden a Ucrania para acceder a esta práctica, que no es legal en España y que la Embajada de España en Ucrania desaconseja desde 2016. La situación se ha vuelto aún más complicada desde el pasado febrero, cuando el Gobierno cerró la vía de las inscripciones que permitía salir a los menores con pasaporte español. En menos de 24 horas, el Ministerio de Justicia aprobó y retiró una instrucción en la que abría la puerta a la inscripción de estos niños mediante la presentación de una prueba de ADN que certificase la paternidad o maternidad de uno de los progenitores, una prueba que en Kiev se podía obtener.
Esa fórmula, en la práctica, dejaba expedito el camino frente a la instrucción previa, aprobada en 2010, que contempla esa inscripción solo en los países donde se puede obtener una resolución judicial, como Estados Unidos. Pese a que ese documento no es viable en Ucrania, y aunque la instrucción no incluía fórmulas concretas para este destino, se han formalizado cientos de casos hasta el último movimiento del Gobierno de febrero. Entonces, Exteriores sacó con un salvoconducto a 39 menores y dejó al resto en manos de las autoridades ucranianas. Ahora los bebés salen con pasaportes ucranianos, un camino que supone más tiempo de espera y restricción de movimiento para esos niños en caso de que tengan que viajar fuera de España.
