Madrid mide el gas radón en una sede judicial donde se han detectado 10 casos de cáncer

La Comunidad de Madrid está realizando mediciones de gas radón desde el pasado martes en los juzgados situados en el municipio de Colmenar Viejo para comprobar si existe riesgo  para la salud de los trabajadores. Este gas, vinculado con la aparición de cáncer de pulmón, emana del subsuelo en lugares graníticos y no se detecta si no se instalan medidores debido a que es incoloro, inodoro e insípido. Las sospechas de que existe algún problema en este lugar de trabajo, en el que se han detectado 10 casos de cáncer en los últimos años, según informa CC OO, se han recrudecido después de que una persona de mantenimiento abriera una puerta cerrada desde 2003 y descubriera una gran piedra de granito.

La directora general del sector de Justicia del sindicato, Montserrat Miravent, ha asegurado que desde hace cinco años se ha diagnosticado cáncer de distintos tipos a varias personas. "En una sede con 70 funcionarios hay 10 casos de cáncer", ha puntualizado. La Consejería de Justicia ha asegurado, sin embargo, que "no existe evidencia alguna de que existan problemas para la salud de las personas que trabajan en la sede judicial de Colmenar Viejo".

Esta sustancia se convierte en peligrosa dentro de habitáculos cerrados en los que se acumula. Deja de ser peligrosa si se ventila y, en caso de grandes concentraciones, dirigiéndola al exterior. Su relación con el cáncer de pulmón es conocida desde hace tiempo hasta el punto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica como el factor de riesgo más importante para padecer dicha enfermedad en personas que no han fumado nunca y la segunda en fumadores. Los tipos de tumores detectados en esta sede judicial son de diferentes tipos.

La Consejería de Justicia ha contratado a una empresa que medirá las concentraciones del gas durante tres meses continuados. Previamente, un funcionario realizó una comprobación puntual, que habría dado 790 bequerelios. Están permitidos 300. La Consejería resta importancia a esta cantidad, debido a que se llevó a cabo "en una cámara hueca y cerrada en la base del edificio, que no tiene acceso alguno para las personas y con un aparato sin homologar". Además, es necesario realizar mediciones durante un mínimo de tres meses y deben ser acreditadas por un laboratorio certificado."Cualquier otro método no es fiable y puede provocar  errores graves en la interpretación de los datos. Por eso resulta frívolo que se pueda generar alarma con un tema tan delicado sin ningún tipo de prueba válida", ha puntualizado.

No es la primera ocasión en la que se investiga si existe alguna circunstancia que esté provocando que enfermen los funcionarios. El 20 de abril de 2017, el Servicio de Protección de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Función Pública, emitió un informe por la petición del Juzgado número 3 de Colmenar Viejo por una investigación sobre las causas de las enfermedades del personal. En sus conclusiones, se exponía "la ausencia de factores de riesgo relacionados con la aparición de cáncer en el centro de trabajo, la edad de presentación de las patologías mencionadas, la frecuencia y el tipo de cáncer". Por lo tanto, en ese momento no encontraron justificado realizar "ningún estudio epidemiológico, ya que los datos aprotados no apoyan la hipótesis de una causa común entre ellos y menos profesional".  

España tiene pendiente aplicar la directiva europea sobre radiaciones ionizantes, que debería haber sido traspuesta en febrero de 2018. Esta norma aplica un límite de radón para viviendas y lugares de trabajo de 300 Bq/m3 y adopta medidas para su prevención.