Uno de cada cinco jueces piden formarse en perspectiva de género

Uno de cada cinco jueces han solicitado inscribirse en el curso de perspectiva de género diseñado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Los datos los ha expuesto este martes Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, durante la reunión que han mantenido en la sede del órgano de gobierno de los jueces las instituciones que forman parte de este para evaluar la aplicación de las medidas del pacto. “Estos cursos son necesarios porque la violencia de género requiere un abordaje transversal que tiene una diferenciación respecto al del resto de delitos. La lucha contra la violencia de género implica la transformación de la sociedad machista y para eso metemos que estar todos preparados”, ha afirmado Carmona.

El encuentro, que se produce cuando se han superado las 1.000 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas por violencia de género desde que empezaron a contabilizarse en 2003, ha estado presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y ha contado con la presencia de, además de Carmona, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado; el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska; la fiscal general del Estado, María José Segarra; y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Rebeca Palomo. También han asistido la consejera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, en representación de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; y el presidente del Consejo de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez.

Tanto los miembros del gobierno como los del CGPJ están en funciones, por lo que durante el encuentro no se han abordado nuevos planes. Se ha tratado más bien, según ha explicado Carmona, de “escenificar la unión y coordinación” de todas las instituciones en la lucha contra la violencia de género y “rendir homenaje” a las 1.000 asesinadas. “Estamos intentando crear redes los más extensas posibles para que ninguna mujer ni ningún niño tenga que sufrir violencia”, ha afirmado Carmona. 28 menores han sido asesinados por violencia de género desde que se empezaron a contabilizar estos datos en 2013.

Una parte esencial de estas redes son los profesionales que tienen que trabajar con estas mujeres, de ahí la importancia de los cursos de formación. Los responsables del CGPJ, la Fiscalía y la Abogacía se han comprometido a seguir promoviendo estos cursos, mientras que el ministro del Interior ha anunciado un incremento, sin cuantificar por el momento, de los efectivos policiales dedicados a proteger a las mujeres víctimas de violencia. Actualmente son alrededor de 2.100 los agentes encargados de proteger a las víctimas, según los datos aportados por Carmona.

Respecto a los cursos solicitados por magistrados, recogidos en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial como un requisito obligatorio para acceder a las pruebas de cualquier especialidad, los datos aportados por el Observatorio cifran en 1.134 los jueces que por ahora lo han solicitado. De ellos, 649 son mujeres y 485, hombres. En la mayoría de las comunidades no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres, aunque resulta llamativo el caso de Madrid, donde han solicitado el curso 106 magistradas y 53 magistrados.

“Es importante seguir dando mensajes de unidad y de la necesidad de la denuncia. Hay muchas personas ahí para salir de ese círculo de la violencia, tienen que saberlo las mujeres. No queremos impunidad”, ha afirmado Carmona, que ha pedido prestar especial atención a las mujeres las mujeres del ámbito rural, “las más vulnerables”.

Tras la reunión, el Observatorio ha aprobado una declaración en el que hace un llamamiento a las víctimas de la violencia machista para que denuncien y pidan ayuda. El órgano recuerda que el 80% de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia contra su agresor. “El pánico atenaza a las mujeres maltratadas; temen posibles represalias y no denuncian. Sin embargo, la denuncia es el paso previo necesario para que las distintas administraciones puedan poner en marcha su maquinaria, especialmente en el ámbito de la protección, la investigación de los hechos y la eventual condena al responsable del maltrato. Es la única llave que abre la puerta de la esperanza para que la víctima pueda salir de la situación de maltrato”, recoge el texto. Según los datos del Observatorio, el porcentaje de denuncias presentadas por familiares de la víctima o terceros en general se sitúa en cifras muy bajas, entre el 5 y el 7%.