Interior cruzará bases de datos para evitar la expulsión de extranjeras que denuncien maltrato

Una nueva instrucción del Ministerio del Interior permitirá habilitar un nuevo procedimiento informático para que los agentes que elaboran el primer atestado por una denuncia de violencia de género accedan de manera inmediata a la situación administrativa en España de la víctima en el caso de que sea extranjera y quede claramente reflejada en el atestado policial. Para ello, desarrollará en los próximos meses un sistema técnico que conecte el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Viogen), que recoge las denuncias policiales por violencia machista, con la base de datos policial Adexttra, que recopila toda la información relacionada con los ciudadanos de otros países residentes en España.

Con esta medida, Interior pretende que el atestado policial recoja desde el primer momento si la víctima es una extranjera en situación irregular. Y, tras detectarla, facilitarle información sobre su derecho a obtener autorización de residencia y trabajo tanto para ella como para sus hijos menores o con discapacidad. En ese momento, si hubiera un procedimiento de expulsión en marcha, se paralizaría de manera inmediata como ya contempla la Ley de Extranjería para las víctimas de violencia machista de pareja o expareja y en los casos de trata de seres humanos.

La paralización de la expulsión de las extranjeras maltratadas ya está contemplada desdehace una década. En 2011 se aprobó el reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Posteriormente, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito por los partidos en diciembre de 2017 incidía en ello. Sin embargo, esa previsión no siempre se cumplía, precisamente, porque las bases de datos que tenían una y otra información no estaban conectadas. Por ello, en los atestados de violencia de género no siempre aparecía reflejado si a la víctima se le había abierto un procedimiento de expulsión o si se le iniciaba posteriormente, lo que abría la posibilidad de que se produjera una expulsión por error.

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer reclamó la plasmación de ese cruce de datos en los atestados policiales en dos ocasiones –en enero de 2016, cuando gobernaba el PP, y febrero de 2019, con gobierno socialista- para poder cumplir los plazos que establece el Reglamento de Extranjería una vez que hay sentencia firme (seis meses para presentar solicitudes de residencia y trabajo). La fiscal de sala delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, explica que se trata de una medida que les permitirá garantizar los derechos que asisten a estas mujeres. Las víctimas pueden solicitar autorización de residencia y de trabajo pero no siempre lo saben y los funcionarios que las asisten desconocen su situación administrativa. “Si no sabemos si son irregulares o no, no se lo podemos comunicar”, explica la fiscal. “Normalmente los atestados incluyen claramente la situación administrativa de los agresores pero no de las víctimas y hay que velar por sus derechos”. La nueva instrucción de Interior da respuesta a este requerimiento.

En este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Interior contempla un periodo transitorio hasta que se termine el procedimiento informático necesario para vincular las dos bases de datos. Durante el mismo, se mantendrá el procedimiento actual, en el que el acceso a la información de la base de datos de extranjería se hace mediante una consulta a la Policía Nacional, responsable de la gestión de Adexttra. Eso sí, Interior reclama que la respuesta se dé “a la mayor brevedad posible” para que la mujer pueda ejercer su derecho a obtener el permiso de residencia “por circunstancias excepcionales” que contempla la ley.

Desde que Fernando Grande-Marlaska asumió el ministerio hace menos de un año, es la tercera instrucción específica sobre violencia de género que elabora Interior. En la primera, se recordaba a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado la necesidad de extremar las actuaciones en este ámbito. La segunda sirvió para aprobar el protocolo de actuación que permitía poner en marcha dos nuevas herramientas de valoración de riesgo de la mujer porque el sistema existente hasta entonces no contemplaba el riesgo de asesinato o al que se pueden ver expuestos los hijos menores.