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Condenada a 40 años de cárcel una madre por prostituir a sus tres hijos en Sevilla

La mujer obligó a los niños a mantener sexo con un hombre “casi todos los días” durante dos años

Javier Martín-Arroyo
Dos agentes revisan archivos pedófilos en una operación contra pederastas en 2018.
Dos agentes revisan archivos pedófilos en una operación contra pederastas en 2018.

La Audiencia de Sevilla ha condenado a 40 años de cárcel a una madre por obligar a sus tres hijos a tener sexo con un hombre a cambio de dinero "casi todos los días" durante dos años, según reza la sentencia. En 2007 la mujer forzó en un pueblo cercano a la capital andaluza a los niños, de 9, 13 y 14 años, a mantener relaciones sexuales con este hombre, de 79 años y condenado asimismo a 36 años de prisión.

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“Las agresiones sexuales de sus hijos eran el medio necesario para conseguir como fin la explotación económica de los mismos”, desvela el fallo sobre los menores, que sufren trastornos de estrés postraumático con ansiedad y secuelas psicológicas crónicas. Los ataques sexuales se produjeron en diferentes periodos, entre 2007 y 2009, y entre 2012 y 2014, “repitiendo las mismas actuaciones, las mismas pautas y en general los mismos lugares en el caso de los tres menores”.

Los jueces consideran a la madre cooperadora necesaria en tres delitos continuados de agresión sexual, dos de ellos “con introducción de miembros corporales”, junto a dos delitos continuados de prostitución de menores y otros dos de maltrato habitual. El hombre ha sido condenado por agresión sexual, prostitución de menores, y una indemnización —que debe abonar junto a la mujer— para los tres niños de 140.000 euros.

Sin embargo, ninguno de los dos condenados por los hechos cumplirá más de 20 años de cárcel, según establecen los jueces Mercedes Alaya, Juan Romeo y Esperanza Jiménez de la Sección Séptima de la Audiencia. Si los magistrados consideran que el parentesco es un agravante para los delitos de prostitución de menores, entienden como atenuantes su grave adicción al alcohol y las drogas y su alteración psíquica para haber cometido los dos delitos de maltrato habitual.

La Audiencia expone con crudeza cómo durante la adolescencia de una de las niñas y “con seguridad” a partir de 2007, cuando la menor tenía 13 años, la madre obligó, “con golpes o conminándole con agredirla o con no darle de comer”, a que mantuviera encuentros de carácter sexual con el hombre. Lo hizo “a cambio de recibir una suma de dinero que previamente había concertado”, según el fallo. “Si [la menor] no lo hacía [acudir a los encuentros sexuales] su madre le pegaba o le amenazaba con no darle de comer, profiriendo contra ella amenazas de muerte. Manifiesta que su madre era capaz de matarles porque les había dado palizas muy grandes y que por ello nunca denunció”, añade la sentencia.

El hogar familiar era un sórdido escenario de abusos, según el relato de hechos que incluye la sentencia: “[La mujer] les agredía habitualmente, con palizas muy frecuentes si aquellos no accedían a hacer lo que ella quisiera”, pues “además de las referidas citas sexuales, tenían que ocuparse de las labores de la casa o de cuidar a sus hermanos más pequeños, e inclusive les golpeaba sin justificación alguna”. Además, la condenada “incumplía sus deberes más elementales como progenitora de los mismos, pues no atendía el aseo del domicilio familiar, ni de sus hijos menores, ni los llevaba al médico ni al colegio, provocando una situación de total abandono de los mismos”. Los niños están ahora tutelados por la Junta de Andalucía.

Para los magistrados, los indicios recabados durante la instrucción confirman la culpabilidad de los dos adultos condenados sin margen a la duda. “La abundancia de datos corroboradores, no sólo de los hechos en sí, sino de los diálogos, de los lugares, de la descripción uniforme de por dónde tenían que acceder a los mismos, de la descripción de los respectivos domicilios, así como de las conclusiones favorables de los informes periciales, nos permiten confirmar la credibilidad del testimonio de las víctimas”, asevera la sentencia.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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