La condena al cardenal Pell por violar a un menor cuestiona la tolerancia cero del Vaticano

En diciembre de 1996, poco después de ser nombrado arzobispo de Melbourne, George Pell reprendió a dos chicos del coro de la catedral de la ciudad que se habían colado en la sacristía y se habían bebido el vino de misa. Se acababan de meter en un buen lío, les amenazó. Luego abusó de uno oralmente y tocó los genitales al otro mientras se masturbaba. Así lo recoge la sentencia de un tribunal de Melbourne que le condena por abusos a menores a una pena que podría llegar a 10 años de cárcel. Hoy, probablemente, ingresará en prisión, a la espera de la resolución del recurso presentado.

El cardenal Pell, superministro de Finanzas del Vaticano hasta hace dos días y consejero directo del Papa, es el miembro de la jerarquía católica de mayor rango jamás condenado. Francisco, tras mantenerle más de año y medio en el cargo pese a estar imputado y arrastrar la sombra de los abusos desde hacía décadas, no le renovó después de que el 24 de febrero, casualmente, expirasen sus cinco años de mandato, según fuentes vaticanas. Es decir, nadie le ha destituyó de su cargo y agotó su contrato hasta el último día. La pregunta, justo cuando la Iglesia trata de convencer al mundo del cambio de guion en el tema de los abusos, es por qué se esperó tanto.

El Vaticano, o los órganos más cercanos a Francisco, siempre han creído que el caso de Pell quedaría en nada. De hecho, muchos siguen pensando que, en segunda instancia, tendrá más posibilidades de ser declarado inocente ante un juez (ya le sucedió en diciembre al arzobispo de Adelaida Philip Wilson, que había sido condenado a un año de prisión por encubrimiento). Las acusaciones, pensaban al principio en el Vaticano, se referían a unos tocamientos en una piscina y jamás se le investigó por ninguno de los órganos competentes como la Congregación para la Doctrina de la Fe. Luego, cuando se conoció el caso por el que ha sido condenado, tampoco se le otorgó mucho crédito. Una de las víctimas podía querer una compensación económica. La otra, ya había fallecido por sobredosis en 2014.

Francisco nombró ese mismo año a Pell como prefecto para la Secretaría de Economía pese a que muchas voces apuntaban a un oscuro historial de acusaciones. Luego, cuando fue imputado, algunos quisieron pensar que se trataba de una trampa que le habían tendido sus supuestos enemigos de la curia por los modos toscos y la violencia con la que el Ranger, como le apodaban, quiso reformar las endiabladas finanzas vaticanas. Ahora la Santa Sede, que no ha anunciado oficialmente su cese, irá a rebufo de la justicia civil y de la propia Iglesia en Australia, que con mayor celeridad ya le apartó del ministerio público hace unos meses.

La sentencia de Pell y los horribles detalles del caso llegan justo cuando termina la cumbre que ha reunido a 190 líderes religiosos para atajar el problema de los abusos. Durante los tres días que duró la cita, se pidió contundencia y eficacia en esta lucha, más transparencia y cero tolerancia. Pero el caso del australiano, mantenido hasta el último día en su cargo y solo apartado del consejo de cardenales que asesora al Papa (el famoso C9) el pasado diciembre y “por motivos de edad”, evidencia una manera muy distinta de tratar la cuestión. Especialmente, comparado con la radicalidad empleada con otros cardenales, como el estadounidense Theodore McCarrick quien, acusado de abusos a menores y adultos, fue expulsado del sacerdocio hace apenas una semana.

El Vaticano publicó poco después de conocerse la condena un comunicado que subraya que el proceso sigue en curso y Pell sigue declarándose inocente, pero confirma su cese temporal. “[...]En espera de la determinación definitiva de los hechos, al Cardenal Pell se le ha prohibido con carácter preventivo el ejercicio público del ministerio y, como es norma, el contacto de cualquier manera y forma con menores de edad”. Es la primera vez que hay una reacción punitiva del Vaticano. Pero es solo una confirmación pública de la decisión que ya había tomado la Conferencia Episcopal australiana. Además, las medidas cautelares podrían propiciar una investigación canónica que derivase, si resulta culpable en segunda instancia, en una expulsión del sacerdocio.

En cualquier caso, y de acuerdo con la autoexigencia impuesta por el Papa estos días, todo da la sensación de llegar demasiado tarde. Pell, que testificó dos veces ante la Royal Comission australiana, siempre negó las acusaciones. Pero cuando fue nombrado superministro de Finanzas del Vaticano ya había sido acusado numerosas veces. El cardenal, de hecho, ejerció como sacerdote en Ballarat, su localidad natal, entre 1979 y 1984. Un periodo en el que se produjeron decenas de casos de abusos a cargo de otro cura (Gerald Ridsale), condenado a ocho años de prisión. Pell siempre negó conocer aquello. Al igual que la mayoría de los 4.444 casos denunciados entre 1980 y 2015, muchos de los cuales se produjeron cuando fue arzobispo de Melbourne entre 1996 y 2001, y de Sidney hasta 2014. Sin embargo, en Australia se terminaron pagando ocho millones de euros a víctimas a cambio del silencio. Pero algunas siguieron adelante.

Una de las víctimas de Pell pidió que se mantenga en secreto su identidad. Dijo que no es un portavoz de las víctimas de pederastia, solo “un tipo trabajador común y corriente que mantiene y protege a su familia lo mejor posible”. “Necesito espacio y tiempo para soportar el proceso judicial en marcha”. Igual que otros supervivientes de abusos sexuales, pasó “vergüenza, soledad, depresión y una lucha [interna] que le llevó años entender”. Pero el caso Pell aún no ha terminado.