La Iglesia anuló un matrimonio por los abusos de un cura, pero no los investigó

El tribunal eclesiástico de Mondoñedo-Ferrol anuló en 2009 un matrimonio, a petición del marido, basándose principalmente en el trauma y la inestabilidad psíquica que habrían causado en su esposa los abusos de un sacerdote en su infancia, pero aunque este episodio salió a la luz en el juicio la Iglesia lo pasó por alto y no tomó ninguna medida para investigarlo. La mujer, que tras su divorcio se desinteresó del proceso canónico que emprendió su exmarido, es Teresa Conde, que en octubre denunció en EL PAÍS los abusos que había sufrido en Salamanca por parte de un religioso trinitario, Domingo Ciordia. En 2009 este clérigo estaba vivo, aún no se habían tomado medidas contra él y el Vaticano ya obligaba a las diócesis a informar a Roma de todos los casos de los que se tuviera conocimiento.

Conde descubrió lo ocurrido tras su denuncia en este periódico, al decidirse a pedir los papeles de la nulidad eclesiástica que luego obtuvo su exmarido. En la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se hace constante referencia a los abusos como origen de los males que arruinaron el matrimonio: “habría consentido una relación que ella tachaba de violación por parte de un religioso”; “recuerda que el trauma de una violación no se supera, ella no ha podido superarlo”; “lamentables acontecimientos de la infancia no superados”. Pero ninguno de los tres miembros del tribunal se preocupó de averiguar más sobre ese caso de abusos de un religioso que emergía en el proceso. Los tres clérigos han fallecido, confirma el obispado de Mondoñedo-Ferrol, que prefiere no hacer declaraciones. En esta diócesis fue apartado en noviembre un cura, exdeán de la catedral de Santiago de Compostela, acusado de tocamientos a menores.

No obstante, Teresa Conde relata que en el obispado de Mondoñedo-Ferrol, tras mandarle la documentación hace tres meses e interesarse por el caso, le reconocieron que “se había hecho todo muy mal, se me había hecho daño y la Iglesia tenía la obligación de ser justa”. Ella está indignada: “Esta sentencia no solo es una broma de mal gusto, es humillante. La institución no solo me viola y protege al violador, sino que luego utiliza esa violación para anular un matrimonio, para hacer un favor a alguien bien relacionado en la Iglesia”, acusa. Se refiere a otro detalle que enrarece aún más el caso: el hermano de su exmarido es un alto cargo de la diócesis de Santiago de Compostela. Se trata de Daniel Lorenzo, presidente del tribunal eclesiástico de la ciudad, el órgano que dictó la sentencia definitiva de segunda instancia del caso. Lorenzo, muy conocido en la capital gallega, es además director de la Fundación Catedral y su museo, canónigo fabriquero del templo, y miembro de la Real Academia Galega de Belas Artes.

Daniel Lorenzo, contactado telefónicamente, asegura que “fue una actuación procesalmente correcta, el tribunal no tiene competencias para investigar y no puede ir más allá de lo que las partes hacen, no puede forzar unas manifestaciones”. Argumenta también que en el proceso de nulidad no se aportó el nombre del cura que abusó de Teresa Conde en ningún momento y “no podemos poner a nadie en el potro de tortura”. “Aunque hubiéramos conocido el nombre no tendríamos competencia para investigar nada, solo podríamos haberlo notificado al superior correspondiente, pero no urgir. No se puede hacer una causa general, si nadie aporta datos”, explica. Puntualiza que, precisamente por tratarse de su hermano, no intervino en el proceso, pero que tampoco él conocía el nombre del agresor de su cuñada. “Yo conozco los hechos no por mi cargo, sino por ser una cuestión de familia”. Asegura que conocía lo ocurrido desde 2006, pero que solo supo el nombre del cura que abusó de Teresa Conde cuando ella lo denunció en EL PAÍS. Es más, sostiene que en el crudo testimonio que ella dio a este periódico, “se ve que esas afirmaciones serían suficientes para conceder una nulidad, por el destrozo en la persona, hace imposible la convivencia, hay un problema que ha lastrado la vida común, y el origen es eso que pasó”.

Uno de los pasajes más sorprendentes de la sentencia canónica de nulidad es la aportación de un psicólogo llamado por el tribunal para valorar clínicamente a Teresa Conde, aunque ella nunca se presentó allí. Es un profesional, “de reconocido prestigio profesional y moral”, que concluye, a la vista de la documentación, que Conde estaba incapacitada para asumir los deberes del matrimonio “debido a su inmadurez psicoafectiva muy grave y a los problemas psíquicos de los que estaba siendo tratada (…), con un estado de ánimo tendente a los trastornos de tipo depresivo”.

Hay un último aspecto que termina de enturbiar la forma en que se llevó a cabo este trámite eclesiástico. En el proceso fue aportado, sin conocimiento de Teresa Conde, su historial clínico-psicológico, un total de 44 folios que contienen las entrevistas con su psiquiatra durante cuatro años, de 1985 a 1989. Daniel Lorenzo asegura que proviene del proceso de divorcio civil, pero ella lo niega. Conde se ha dirigido al hospital Clínico de Salamanca para saber quién lo ha entregado sin su consentimiento y a quién, pero no han sabido darle una respuesta. Es más, ha desaparecido.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es