El obispado de Cádiz aparta a un párroco por fingir ser sacerdote 20 años

Se despidió diciendo que volvía a Colombia. Esa fue la excusa que el colombiano Miguel Ángel Ibarra dio, el pasado 13 de diciembre, para explicar su precipitada marcha de la localidad gaditana de Medina Sidonia. Pero la realidad es que el obispado de Cádiz acababa de destituirle tras descubrir “que no había sido nunca ordenado sacerdote”, según ha reconocido ahora la institución.  

Ibarra llegó a Cádiz en octubre de 2017, procedente de la archidiócesis colombiana Santa Fe de Antioquía. Como ha ocurrido con más sacerdotes procedentes de otras diócesis y países, el colombiano llegó para ocupar puestos de responsabilidad en parroquias gaditanas, en el marco de una política de traslados intensificada en Cádiz desde que Rafael Zornoza accediese al cargo de obispo. “El supuesto sacerdote presentó en la diócesis toda la documentación requerida en estos casos. Asimismo, con anterioridad, esta persona había ejercido el ministerio en varias diócesis colombianas”, justifica el obispado gaditano.

Miguel Ángel Ibarra fue destinado primero a Jimena de la Frontera y, desde septiembre de este año, era párroco en las iglesias de Santa María La Mayor La Coronada y Santiago Apóstol de Medina. Allí se encontraba cuando la archidiócesis colombiana alertó de que, tras “una denuncia de falsedad en sus documentos de ordenación” —según explica el comunicado del obispado— habían llegado a la conclusión que dicho nombramiento nunca se había producido. El mismo día de esa comunicación, el 13 de diciembre, la diócesis de Cádiz apartó al hombre de sus responsabilidades.

Una vez apartado de la diócesis de Cádiz, Ibarra tendrá que responder ahora ante aquella archidiócesis. La institución colombiana ha informado a su homóloga española que Ibarra tendrá que comparecer ante el obispo Orlando Antonio Corrales, arzobispo de Santa Fe y Antioquia. El supuesto sacerdote, cuyo paradero se desconoce exactamente en estos momentos, ha manifestado a EL PAÍS su intención de acudir a esta cita “acompañado de un abogado”.

“Lo primero que haré será tener una entrevista con el arzobispo para que me escuchen y aportar los documentos que me respaldan, junto con un testigo que estuvo presente en mi ordenación sacerdotal”, ha puntualizado en una conversación vía mensaje. Ibarra ha lamentado “el daño moral y psicológico tan grave” que la difusión del caso le ha provocado. Sin embargo, ha preferido guardar silencio sobre su versión de los hechos y las pruebas que dicen ampararle.

El obispado de Cádiz ha “lamentado” lo ocurrido al entender que puede ensombrecer la labor de otros curas “debidamente ordenados. Además, ha asegurado haber iniciado una investigación, además de trabajar en “la reparación de las consecuencias “que haya podido acarrear la actuación de esta persona”. De confirmarse la falsedad de su ordenación, los matrimonios y bautizos impartidos por Ibarra en este tiempo pasarán a ser ilícitos, aunque seguirán siendo válidos para la Iglesia.

Eso implica que todos estos sacramentos seguirían siendo plenamente efectivos para la diócesis de Cádiz. No ocurre lo mismo con las eucaristías, penitencias o unción de los enfermos —labores pastorales habituales de un sacerdote— que pasarían a ser no válidas, tal y como aclaró en su día la Archidiócesis de Sevilla al verse envuelta en un caso similar en mayo de 2012. Con todo, desde el obispado no se ha precisado qué ocurrirá en caso de que se confirme la falsedad del sacerdocio de Ibarra.