La ley de protección de datos añade presión a los medios por el derecho de rectificación

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, aprobada el miércoles en el Senado, ha incorporado artículos que podrían afectar a la libertad de expresión. Dentro de los derechos que acarrea la era digital, el de rectificación no solo atenderá a la información veraz sino que también afectará a los contenidos que atenten contra el derecho al honor y la intimidad. “Al abrir el foco, impactará de lleno en las opiniones que publique cualquier medio. Hasta ahora las opiniones no eran objeto de rectificación, pero con la nueva ley lo serán”, sostiene el abogado Carlos Sánchez Almeida, miembro de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

A través del artículo 85, la ley establece que los responsables de redes sociales, plataformas digitales y servicios equivalentes ejecutarán protocolos para garantizar el derecho de rectificación, “en particular en relación con los contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz”. Eso implica que los medios de comunicación digitales deberán atender las solicitudes de rectificación contra ellos y además deberán publicar en sus archivos digitales un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que “la noticia original no refleja la situación actual del individuo”. Sánchez Almeida asegura que este artículo “abre la puerta a las querellas contra los columnistas por sus opiniones”.

La abogada Natalia Martos, socia fundadora de Legal Army, considera que el derecho de rectificación, tal y como está recogido en la ley de protección de datos, se extiende a los comentarios que los usuarios puedan efectuar en las páginas web, de tal manera que los medios son responsables de sus propios contenidos y también de los que generan los usuarios. “Este es un asunto latente en la UE y habilita a los medios a ejercer una rectificación si los usuarios atacan el honor de una persona”, aclara.

Aplicar esta medida obligará a los medios a contratar servicios de premoderación si quieren evitar una avalancha de peticiones de rectificación. “Es un trabajo costoso pero necesario. Las noticias tienen que responder al principio de calidad del dato y es lógico que se vayan actualizando”, añade Martos.

No obstante, los expertos perciben que la ley de española se ha extralimitado al incorporar aspectos que no están contemplados en el reglamento comunitario. La regulación más polémica es la que permite a los partidos políticos crear perfiles de los ciudadanos y etiquetarlos según su ideología. “Se ha abierto una espita que no sabemos cómo se desarrollará”, lamenta Sánchez Almedia.

Para intentar rebajar la tensión, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, anunció ayer que este organismo será “extremadamente vigilante y riguroso”. Según la interpretación de la agencia, la ley “no permitirá a los partidos realizar perfiles con datos ideológicos, sexuales, religiosos o de otro tipo” a partir del rastro que dejen los ciudadanos en las redes sociales.