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Condena a Andalucía por no evitar el acoso a un niño

La Junta deberá pagar 20.000 euros por inacción ante las agresiones a un alumno de un instituto público hace 13 años

Alumnos de un instituto de Barcelona participan en un programa contra el 'bullying'
Alumnos de un instituto de Barcelona participan en un programa contra el 'bullying'

“Cuando entras en el instituto, lo haces con mucha ilusión, con muchas ganas... , pero a mí me duraron tres días. Fueron semanas muy, muy duras, no se las deseo a nadie”. Así recuerda Lorenzo R. S., un cordobés de 25 años y residente en Madrid, el acoso escolar que sufrió al comenzar la secundaria en el instituto Gran Capitán de Córdoba. A los insultos de los primeros días, le siguieron las collejas, los empujones, los puñetazos... “El último día que estuve en el centro, me dieron una paliza entre no sé cuantos, me tiraron al suelo en un pasillo y empezaron a darme patadas en el costado”, relata. 13 años después de este duro episodio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la Consejería de Educación andaluza a indemnizar con 20.000 euros al joven, como responsabilidad patrimonial por daño moral, por no tomar las medidas pertinentes para intentar evitar las agresiones, vejaciones e insultos que sufrió por parte de sus compañeros.

Lorenzo cuenta que el acoso empezó a los pocos días del inicio del curso por parte, principalmente, de alumnos repetidores. “Al principio lo intentaba ocultar, me sentía hasta culpable, pero un día mi madre me vio varios moretones por el cuerpo y se lo conté. Le pedí, incluso, que no dijera nada”, señala. Su madre denunció la situación al centro el 23 de septiembre y dos semanas después tomó la decisión de cambiarlo de instituto. Durante este tiempo, señalan los magistrados en su sentencia, queda probada “una falta de diligencia y enérgica actuación [por parte del centro] para evitar la evidente situación de acoso padecida por el menor”. Y ello, según el fallo adelantado por Diario Córdoba, a pesar de que esta situación era “conocida sobradamente” por la dirección del centro y el profesorado, que “en algunas ocasiones presenciaban los asaltos”.

Entre las medidas adoptadas, Lorenzo recuerda que le cambiaron de aula. “A una peor donde había más abusones”, señala el joven, quien ya había sufrido episodios de acoso escolar en su anterior centro. “También tenía sesiones con una orientadora, quien lo único que recomendaba era que me defendiera de mis compañeros”, añade el chico antes de señalar que su tutora llegó a ofrecer positivos a aquellos alumnos que le hablaran o le trataran bien. “Hoy en día son medidas impensables”, cuenta la abogada del joven, Magdalena Entrenas.

“En 13 años se ha avanzado mucho”

La Junta andaluza ha asegurado que no recurrirá la sentencia que le condena a pagar 20.000 euros por no frenar un caso de acoso escolar ocurrido hace 13 años en el I.E.S. Gran Capitán de Córdoba. “Si los hechos ocurrieron tal y como recoge en la sentencia, Educación acatará y no la recurrirá”, ha dicho la consejera del ramo, Sonia Gaya, quien ha señalado que “en estos 13 años, afortunadamente, se ha avanzado muchísimo en materia de convivencia”.

En este mismo sentido, el director de dicho instituto, Juan Rivera, ha hecho hicapié en los avances que en este área se han experimentado. “Tenemos un protocolo de actuación que se activa desde el primer segundo que se tienen indicios de acoso”, ha señalado.

Además de no haber tomado medidas para atajar el asunto, los magistrados echan en cara a la Administración que el centro “omitió toda investigación” sobre los presuntos responsables. Asimismo, recoge cómo la dirección le comunicó a la madre que, “pese a ser conscientes del problema, no eran capaces de resolverlo, pues se les había escapado de las manos el conflicto”. “No sé cómo hay chicos o chicas que pueden soportar este tipo de situaciones durante meses, es insostenible”, confiesa Lorenzo, quien tras licenciarse en Psicología compagina su trabajo como teleoperador con sus estudios de Derecho.

Esta sentencia del TSJA llega después de un periplo judicial en el que fueron condenados penalmente los tres principales agresores (dos chicos y una chica). Los primeros fueron sancionados con ocho fines de semana de internamiento en un centro de reforma y la chica, con 70 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad. Como responsabilidad civil, sus padres tuvieron que pagar 6.350 euros. También se archivó una demanda por responsabilidad penal contra el centro. 

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