Los militantes históricos procannabis critican la legalización de Canadá
Agentes que durante décadas han pedido cambios legislativos cargan contra el marco regulatorio de Trudeau por motivos económicos y visiones prohibicionistas
La legalización del cannabis recreativo, que entró en vigor el pasado 17 de octubre, no ha sido un asunto celebrado por todos los canadienses aunque un 70% de la población apoya la medida, de acuerdo con las encuestas. Diputados del Partido Conservador han criticado una ley cuyos impactos sociales negativos se verán, según ellos, en poco tiempo. La asociación de médicos de Canadá se ha referido a ella como un experimento sin control que pone en riesgo la salud de los jóvenes. Activistas que han pedido durante décadas un cambio en el marco legal en la materia se han sumado también a este coro de protestas, aunque por razones distintas.
Blair Longley es el líder del Partido Marihuana, agrupación política que obtuvo el 0,01% de los votos en los últimos comicios federales de 2015. El partido fue fundado en el año 2000, pero la mayoría de sus miembros cuenta con décadas de militancia para buscar un cambio de leyes y percepciones relacionadas con la planta. “La legalización de Trudeau es una mezcla de grandes intereses económicos con una visión prohibicionista que prevalece. Va a generar muchos dólares con un marco sumamente restrictivo para mucha gente. Sigue presentando a la marihuana como un monstruo”, afirma.
Longley no duda en catalogar el nuevo marco legal como una “prohibición 2.0” y, coincidiendo con varios expertos, deplora que se haya creado un oligopolio bajo el cobijo de las autoridades. “Calculamos que el mercado negro emplea a unas 100.000 personas. No se brindaron las condiciones para incorporarlas dentro del sistema, teniendo en cuenta que uno de los argumentos del Gobierno era combatir la producción fuera de la ley. La legalización de los liberales beneficia a las grandes compañías, pero muchos seguirán cultivando en la ilegalidad”, añade. Hugo St-Onge, portavoz del Bloc Pot, el partido procannabis de la provincia de Quebec, dice que la escasez de la marihuana legal constatada en Canadá apenas días después de la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio no es una sorpresa. “Lo habíamos señalado desde hace meses. El Gobierno no quiere ver la realidad sobre el consumo”, comenta. La formación de Quebec, fundada en 1998, obtuvo un 0,12% de los votos en las elecciones del pasado mes de octubre.
St-Onge y Longley critican, al igual que varios periodistas y diputados de la oposición, los vínculos cercanos entre expolíticos del Partido Liberal y algunas firmas que recibieron las licencias federales para producir la hierba. Adam Miron, quien fungió como director nacional y líder de las juventudes de ese partido, fundó con otro socio la compañía The Hydropothecary. Chuck Rifici, extesorero de esa agrupación política, fue uno de los impulsores de la empresa Tweed. Martin Cauchon, ministro de Justicia en el Gobierno de Jean Chrétien, forma parte del consejo de administración de DelShen. Además, hay otros actores más con pasado liberal.
El primer ministro, Justin Trudeau, participó el 21 de octubre en el programa de entrevistas más visto de la televisión francófona en Canadá. Trudeau respondió al respecto: “También hay gente del Partido Conservador. Está Brian Mulroney [primer ministro de 1984 a 1993] y Julian Fantino [exjefe de la policía de Toronto y diputado de 2010 a 2015]. Es una nueva industria y muchas personas se han implicado en ella. Les deseo buena suerte. Hubo un proceso muy riguroso e independiente para evaluar quién podía participar. No fueron decisiones políticas. No hubo favoritismo”.
Otro tema blanco de críticas sobre la legalización, por parte de los militantes históricos, tiene que ver con la prohibición de fumar la hierba en sitios públicos decretada por algunas autoridades municipales y de distritos. Cabe destacar que los arrendadores tienen derecho a dictar la misma disposición. “Si eres rico, la legalización está muy bien. Puedes comprar acciones de las firmas productoras, adquirir la marihuana al precio que marquen las tiendas autorizadas y consumirla en la casa de tu propiedad. No es el caso de todo el mundo”, comenta Longley.
Diversas autoridades han pedido un ambiente de mayor apertura respecto al consumo. Tal fue el caso de Valérie Plante, alcaldesa de Montreal, quien señaló días antes de la entrada en vigor de la legalización que muchos individuos son arrendatarios, por lo que vetar el humo del cannabis en los lugares públicos no es una medida realista.
Ya hace dos semanas desde que la legalización de la marihuana recreativa en Canadá entró en vigor. Blair Longley comenta que los miembros de su partido seguirán difundiendo información sobre la realidad del cannabis, pero reconoce que los esfuerzos están más concentrados en asegurar su existencia electoral. “Me parece que el escenario se complica por los recursos del Gobierno y de las compañías para posicionar su idea de la legalización”, comenta. No obstante, Hugo St-Onge muestra optimismo. “El lado positivo que veo en la ley de Trudeau es que permite que al menos hablemos directamente del cannabis. Los medios lo abordaron muy poco durante décadas. Necesitamos generar un debate serio que vaya más allá de las opiniones simplistas. Parece que hablamos de dinamita y no de una planta. La marihuana responde a otra realidad”, afirma.
St-Onge, que ha aparecido constantemente en medios canadienses tras la legalización, dice que Trudeau no robó la causa a los militantes pro cannabis de larga data. “Lo que hizo nada tiene que ver con nuestras propuestas. Ojalá nos copie varias ideas. Queremos que la marihuana no aparezca más en el código criminal, que su cultivo se autorice para pequeños y medianos productores, que se puedan abrir clubes para su consumo. Hay que pensar en el cannabis como lo hacemos con la cerveza artesanal”, dice St-Onge. Y agrega: “Justin Trudeau ha señalado que la legalización servirá para proteger a los jóvenes y combatir al crimen organizado. Es curioso. Invito a que la gente revise los archivos: son las mismas razones que dio el Gobierno durante décadas para justificar la prohibición”.
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