“Mis hijos no quieren ver a su padre porque le tienen pánico”

Los mellizos de Antonia G. tienen pánico a su padre. Desde que nacieron, en 1999, aprendieron de su madre a no llevarle la contraria para que no se enfadara. "Y en cuanto le oían abrir la puerta por las noches, muchas veces bebido, corrían a su cama para fingir que dormían", recuerda. Pese a estas precauciones, a menudo se ponía violento, insultaba y amenazaba con matar a toda la familia. Un día estuvo a punto de hacerlo: los encerró a los tres en el coche, fue a buscar al trastero dos bombonas de gas y, justo cuando volvía, apareció un vecino que evitó la tragedia.

En 2010, Antonia decidió pedir ayuda a los servicios sociales y vivió durante 10 meses en una casa de acogida de Madrid. El juez le concedió una orden de alejamiento por maltrato, pero obligó a los niños a visitar a su padre todos los sábados durante dos horas. “Tenía que forzarles, no querían verle porque les daba terror. Se quedaban callados y volvían a casa amargados”, recuerda. Durante varias semanas incluso se le permitió estar con los niños a solas, pese a que años atrás había raptado en Perú a su hijo mayor, fruto de una relación anterior, para llevárselo primero a Brasil y luego a España. Antonia recurrió y logró que las visitas fueran supervisadas. Eso alivió su temor al secuestro, pero no la angustia por la tortura que sufrían sus mellizos cada sábado.

La semana pasada, la ONU condenó a España a indemnizar a Ángela González, cuyo maltratador asesinó a su hija en 2003 durante una visita sin supervisión, por no proteger a la niña pese a las reiteradas denuncias de la madre. El Gobierno admitió aquel error, aunque recordó que ahora sería muy difícil que ocurriera un caso como aquel gracias a la Ley contra la Violencia de Género de 2004. Pero ejemplos como el de Antonia demuestran que en la práctica siguen produciéndose situaciones de riesgo. Y las cifras lo confirman: según el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los jueces solo suspenden el régimen de visitas de los hijos a los padres maltratadores en el 3% de los casos y establecen medidas de protección para los niños en el 2,2%.

A Antonia le costó tres años conseguir que sus hijos no estuvieran obligados a ver a su padre. En 2013, el juez que tramitó su divorcio suspendió las visitas y estableció que no se reanudarían hasta que el maltratador se sometiera a un tratamiento psiquiátrico. Para lograr esa sentencia la madre tuvo que relatar decenas de veces su historia de malos tratos: la brutal paliza que le destrozó la cara poco después de casarse, el día que su marido estrelló un plato junto a las cunas donde dormían los mellizos, los tres intentos de suicidio del hombre… Y un episodio que no dejaba lugar a dudas: la noche que echó de casa a su hijo mayor después de que este, a los 16 años, le hiciera frente con un cuchillo. El maltratador nunca fue al psiquiatra y regresó a Perú, su país natal. Los mellizos ahora duermen tranquilos, pero les quedan secuelas. “Muchas veces la niña se pone a llorar de repente, sin motivo. Y el niño está agresivo, se está volviendo violento”, explica la madre.

El dictamen de la ONU reconoce el avance que supuso en España la Ley de Violencia de Género, pero señala también que persisten estereotipos de género en los juzgados que propician situaciones como la que condujo al asesinato de la hija de Ángela. El más extendido de esos estereotipos, según reconoce la magistrada Inmaculada Montalbán, que fue presidenta del Observatorio desde 2008 hasta marzo de 2014, “es la idea de que se puede ser un buen padre siendo maltratador, cuando los hijos son de hecho también víctimas por ser testigos de esa violencia. La prueba está en que incluso cuando el hombre ha asesinado a su mujer, muy pocas veces se le retira la custodia”. “No solo persiste este estereotipo entre los jueces, sino en la sociedad. Eso solo se puede combatir con formación y educación”, añade.

La juez Ángeles Carmona, actual presidenta del Observatorio del CGPJ, admite también que se siguen produciendo situaciones de desprotección. “Precisamente trabajamos para corregir este problema. Está ya en marcha la modificación de la Ley de Violencia de Género para incluir a los menores como víctimas directas, tal como recoge el anteproyecto de ley de protección a la infancia. Eso obligará a los jueces a estudiar medidas de protección para los hijos por defecto, aunque el fiscal o la madre no lo soliciten, algo que ocurre a menudo porque las maltratadas a veces no son conscientes del peligro y creen también que los padres deben ver a sus hijos”, asegura.