Éxitos falsos

Si recordamos qué ha pasado en la sanidad española en los últimos años, lo primero que nos viene a la mente es que hemos ido a peor. La verdad es que es fácil poner encima de la mesa los temas que ha puesto en marcha el actual Gobierno, algunos con “éxito”, dada la gran preocupación generada.

Según el informe de la OCDE sobre evolución del gasto en salud en los países miembros publicado en febrero de 2014, los recortes sanitarios en España se han producido en los productos farmacéuticos, en la prevención y en salud pública y en los costes de los servicios de salud a través de la disminución de los salarios y puestos de trabajo.

Aunque tenemos ya la sanidad pública más barata de nuestro entorno —eso sí, con un nivel de prestaciones y accesibilidad que ha sido hasta ahora el referente para muchos de los países europeos y americanos— parece que el camino trazado para ella es el de lanzarla cuesta abajo. Somos uno de los países que, según el último análisis del Gasto General de los Gobiernos recogido en el informe Eurostat —la oficina estadística europea—, ha destinado a gastar en salud, protección social (incluido el desempleo), educación o vivienda un porcentaje menor que la media europea. Sin embargo, el gobierno español presupuesta por encima de esa media en Orden Público y Seguridad o para Asuntos Económicos (un 7,7% del PIB frente al 4,1% general). Es decir, es la voluntad política de quien gobierna la que decide cuáles son las prioridades y cómo se gestionan. Como plantea Martin Mckee, experto en salud pública y colaborador de la OMS, “no se debería hacer recortes en temas esenciales”. “La austeridad es una decisión política, no una necesidad”, concluye.

Una cosa es el turismo sanitario y otra bien distinta son los inmigrantes sin papeles

Pero la realidad es que se nos han presentado como “éxitos” los recortes en derechos y oportunidades en salud, así como ciertas iniciativas para romper el Sistema Nacional de Salud (SNS). El Ministerio de Sanidad ha conseguido crear un sistema menos equitativo y más insolidario, alejándonos más de ese principio de Universalidad del que tan orgulloso se sentía este país. El Gobierno español ha recortado, a través de la aplicación del Real Decreto 16/2012, el derecho a la atención sanitaria pública a los emigrantes (denunciado, entre otros, por el informe Médicos del Mundo o, a título personal, por el cardiólogo salmantino Máximo Diego), a españoles en paro en el extranjero y a españoles que contribuyen con sus impuestos. Situación general que el Consejo de Europa critica duramente a través de un informe de su comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, y del informe de Desigualdades en Salud de los países de la UE, realizado por Michael Marmot. Los recortes presupuestarios, se dice en esos informes, “han repercutido en la disponibilidad, el acceso y la calidad de los servicios sanitarios”, mientras sus responsables llaman la atención sobre “un deshacer lo andado hasta ahora en la sanidad española”. Bajo el argumento de los altos costes que genera el “turismo sanitario”, se esconde la exclusión mayoritaria de la asistencia sanitaria pública a los inmigrantes indocumentados, replica la ministra Ana Mato al primero de los citados informes. Y lo hace recurriendo a algo tan extraño como lo de ser “equitativos y solidarios”, cuando los hechos son tan diferentes. Porque una cosa es el turismo sanitario y otra bien distinta son los inmigrantes sin papeles.

Junto a lo anterior, la intención del Gobierno de disminuir los gastos “insostenibles” del SNS mediante la aplicación de distintos copagos, puede que sí haya tenido algún éxito, pero ha sido a costa de sablear a los jubilados y a los que menos tienen, sobre todo.

Del total de los 5.500 millones de euros que pregona el Ministerio haber conseguido ahorrar hasta ahora, cerca de un 37% se debe a la reducción del gasto en farmacia. Gracias a la estrategia positiva del SNS se ha logrado reducir la prescripción de medicamentos por los profesionales en un 14.7% interanual; y, como ya queda dicho, otro buen pellizco de ese ahorro se ha conseguido gracias al dinero pagado por los pensionistas y ciudadanos de menores ingresos, aumentando con ello el gasto privado de la Sanidad y la menor contribución pública.

Mas no se crea que estas medidas de ahorro se han realizado de acuerdo a criterios de necesidad del paciente, económica o sanitaria, o para reducir el gasto público de verdad, no. Más bien, las medidas han respondido a estrategias pensadas para atacar allí donde hubiese una menor resistencia, aunque el resultado haya sido insostenible para la salud de muchos pacientes (¡eso es responsabilidad de ellos!). Los que puedan pagarse las medicinas de su bolsillos que se las paguen, independiente de que paguen sus impuestos o sean jubilados. Y el que no…. ¡A la beneficencia, si la hay! Otros copagos (farmacia hospitalaria, transporte sanitario, etcétera) siguen pendientes del calendario electoral. ¡Y ahora no es el momento de insistir en ellos!

Las medidas han respondido a estrategias pensadas para atacar allí donde hubiese una menor resistencia

La otra parte importante del ahorro se debe a una reducción drástica de personal en el SNS (42% del ahorro publicado). Este segundo éxito del Gobierno ha tenido que ver más con la capacidad persuasiva del Ministerio de Hacienda que con la influencia estratégica de la ministra de Sanidad. Las consecuencias son claras: disminución de la capacidad resolutiva del SNS, aumento notable de listas de espera, y enrevesamiento de una política de recursos humanos, cada vez más diferenciada y absurda, entre los distintos servicios de salud del Estado. La guinda a tal éxito la pone el propio país, España, al pasar a ser el primero de la OCDE que más profesionales forma y exporta a los países de su entorno.

Este principio de romper la equidad sanitaria entre los españoles gracias a los grandes capitales, que ven en ella un buen negocio, y sus representantes políticos, pone bien a las claras el argumento de considerar la Salud, y por tanto la Sanidad, como un bien de consumo y no como un derecho del ciudadano. Si la salud es un bien de consumo, su uso depende de la capacidad adquisitiva del individuo y de las reglas del mercado que se generen. La salud se convierte de este modo en negocio a cambio de finiquitar el sistema universal y gratuito.

Un ejemplo claro y explícito de esta estrategia ha sido el intento del Gobierno regional de Madrid de privatizar 6 hospitales y 27 centros de salud para los próximos 30 años. Hipotecar, política y económicamente, el futuro de esos centros sanitarios no tiene más argumento que el de la aceptación de las reglas que dicta el mercado; ese neoliberalismo (salvaje, lo llaman algunos) que ahora gobierna la economía y la política. Afortunadamente, gracias al empuje de una “marea blanca” y a la confluencia de la mayoría de la gente en un objetivo, el Gobierno madrileño no se ha salido con la suya. Y lo mismo le ocurrió al gobierno de Castilla-La Mancha, que tuvo que dar marcha atrás en su intento de suprimir parcialmente las urgencias rurales.

Sin duda el SNS tiene aspectos que mejorar. En algunas comunidades autónomas en las que no gobierna el PP estas mejoras están siendo evidentes, o al menos se están paliando los estragos de la crisis. En todo caso, lo que ha de estar claro es que las limitaciones presupuestarias marcadas por Madrid no justifican determinadas políticas. Por supuesto que con los recursos disponibles se puede avanzar; todo depende hacia dónde se canalice el dinero. Se puede avanzar, por ejemplo, en mejorar la organización sanitaria y la gestión de los servicios o incorporando las mejores prácticas clínicas. Se puede avanzar en trasparencia y en hacer más eficiente el sistema. Y todo esto lo saben de sobra los profesionales del sector y los ciudadanos que participan en su sistema sanitario.

Los Gobiernos de aquellas comunidades que no gestionan los populares deberían asumir, en primer lugar, el compromiso de garantizar que el Sistema Sanitario Público será capaz de avanzar y de resolver esas incertidumbres que tiene ahora mismo el ciudadano español. La tarea de todos es garantizar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario público como principio de ética y equidad social.

Joaquín Carmona Díaz-Velarde es médico y exdirector General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud