Las quejas de parientes también se dan en la agencia madrileña de tutelados

El funcionamiento de la Agencia Madrileña para la Tutela del Adulto (AMTA), el organismo público que se encarga en la Comunidad de Madrid de la atención y seguimiento de estos casos, preocupa desde hace tiempo a los grupos de la oposición. Las quejas que reciben, indica Alberto Reyero, diputado de UPyD, proceden de familiares de tutelados por la Agencia, que inciden, sobre todo, en que no se les cuida bien y en la falta de información del estado de sus parientes. Entre ellas se encuentra la denuncia de los familiares de M. C., que falleció por sobredosis en diciembre pasado cuando el AMTA ejercía su tutela. Tenía 45 años. “Nos avisó un vecino y nos encontramos con la casa hecha un desastre, porque tenía síndrome de Diógenes”, relata su hermana. Considera que la Agencia no se ocupó de ella de la forma dictada por el juez.

“Desde junio de 2013 no había forma de que cogieran el teléfono, ni la Agencia ni la trabajadora social que tenía asignada, con lo que era imposible saber qué tratamiento estaba recibiendo”, explica. Tras su fallecimiento, la hermana decidió presentar una denuncia ante la Agencia y en el Ministerio Fiscal. “Nos recibió la directora del AMTA, que me dijo que me llamaría y me contestaría, algo que no ha ocurrido”, asegura.

El juez dictó la incapacitación de M. C. el 18 de septiembre de 2012 y nombró como figura de apoyo y tutor parcial a la Agencia. La familia de M. C. inició el procedimiento debido a los problemas de politoxicomanía que arrastraba desde hacía 20 años, con la esperanza de que la institución consiguiera mejorar su calidad de vida. Ellos no lo habían logrado.

En el fallo, el juez indica que la Agencia deberá “complementar o suplir” las decisiones de M. C. relativas a tratamientos médicos, actuaciones de administración de su patrimonio o actividades que no pueda realizar por sí misma. También se debía someter a tratamiento psiquiátrico obligatorio continuado, bien en régimen de internamiento o ambulatorio. “Yo no culpo a la Agencia de la muerte de mi hermana, pero, al menos si la hubieran ingresado las condiciones habrían sido diferentes”, opina.

La directora de la Agencia, Carolina García Durrif, informó en la Asamblea de Madrid en febrero pasado que, desde julio de 2012, habían recibido 22 quejas. Al Defensor del Pueblo le habían llegado 11 escritos; y existían tres denuncias en los juzgados, dos archivadas y otra con resultado absolutorio. Las tres están recurridas. El organismo, creado en 1995, tutela a 4.500 adultos. “Son personas con trastornos de conducta, y de muchos no se ocupa nadie. ¿Cómo van a presentar una queja?”, se plantea la hermana de M. C.