La justicia de EE UU rechaza que los campus primen a las minorías

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha respaldado la suspensión de la discriminación positiva en las universidades públicas de Michigan. La sentencia, anunciada este martes, da la razón al Estado y abre paso para que otros suspendan también una de las leyes que sirvieron para impulsar el acceso de las minorías raciales a la educación superior.

El Estado de Michigan rechazó en referéndum la utilización de la discriminación positiva, conocida como “affirmative action” y que fue aprobada en la década de los años 60 para garantizar que estudiantes de minorías raciales y con menos recursos económicos tuvieran plaza en las universidades públicas de todo el país. El referéndum, con el 58% de los votos a favor, modificó la constitución estatal para prohibir a los centros educativos que considerasen la raza como un factor en la decisión de admitir o no a un alumno.

La decisión del Supremo, respaldada por seis jueces frente a dos -la juez Elena Kagan fue recusada-, no anula la constitucionalidad de la discriminación positiva, pero sí reconoce el derecho de los ciudadanos a prohibir su aplicación a través de un referéndum. A partir de ahora, las universidades podrán eliminar esta controvertida medida que, a pesar de su éxito, siempre ha sido atacada por los sectores más conservadores al considerar que estudiantes blancos estaban siendo perjudicados.

La redacción sentencia refleja la división que suscita esta ley, ya que los magistrados que votaron a favor del Estado de Michigan han presentado tres opiniones distintas. “No se trata de cómo debemos resolver el debate de las preferencias raciales”, escribe el juez Anthony Kennedy, “sino de quién debe resolverlo”. Según Kennedy, tal competencia sí corresponde a los ciudadanos. El juez defiende además que los estadounidenses pueden preferir ahora la eliminación de los criterios raciales por “el resentimiento” que despiertan.

La Constitución no protege a las minorías raciales de las derrotas políticas. Pero tampoco entrega a la mayoría el derecho a erigir barreras selectivas en contra de las minorías". Sonia Sotomayor, juez del Tribunal Supremo

Las jueces más progresistas de la corte, Sonia Sotomayor y Ruth Ginsburg, votaron en contra de la sentencia. En su opinión, rechazan la decisión de Michigan por considerarla “un golpe contra grupos históricamente discriminados y que confían en los tribunales federales para proteger sus derechos constitucionales”.

“Sin controles, leyes aprobadas democráticamente pueden oprimir a las minorías”, escribe Sotomayor en su sentencia, respaldada por Ginsburg. “[Los jueces] no pueden quedarse sentados esperando un cambio sino que deben enfrentarse a la desigualdad racial que existe en nuestra sociedad”. Las jueces alegan que este caso es un ejemplo de los límites necesarios para proteger a las minorías y garantizar su igualdad ante las leyes. "La Constitución no protege a las minorías raciales de las derrotas políticas", incide Sotomayor. "Pero tampoco entrega a la mayoría el derecho a erigir barreras selectivas en contra de las minorías".

La juez Sotomayor ha reivindicado en numerosas ocasiones que ella accedió a la Universidad de Princeton gracias a la discriminación positiva, a través de un programa que impulsaba la incorporación de jóvenes hispanos, y ha defendido abiertamente su vigencia. El juez conservador Clarence Thomas, afroamericano, también ha concedido que su acceso a Yale se debió a esta medida. Sin embargo, está a favor de retirarla.

En los últimos años, varias demandas han tratado de eliminar la discriminación positiva alegando que ya no es necesaria. En 2012, el Supremo estudió el caso de una estudiante de Texas que argumentó haber quedado fuera de una plaza universitaria porque se dio preferencia a estudiantes de minorías. En aquella ocasión, los jueces decidieron que una corte de rango inferior revise de nuevo la sentencia, aunque reconocieron que la legislación podría enfrentarse a cambios futuros, coincidiendo con el cambio demográfico en el país.