La caída de Canal 9 sitúa a las autonómicas en una encrucijada

El apagón de Canal 9 ha puesto en la encrucijada el modelo autonómico de televisión. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, lo dejó este miércoles muy claro, cuando amenazó con que no le temblará el pulso y cerrará Telemadrid si el Supremo declara nulo —como ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Valencia— el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha causado la salida de más 800 trabajadores del ente público regional. González aseguró que no tendrá más alternativa que hacerlo si los sindicatos “lo hacen inviable” y la cadena sigue siendo deficitaria. El resto de cadenas autonómicas vive también una situación crítica pero cuentan con un respaldo político que, de momento, les permite mantenerse. Eso sí, con fuertes reestructuraciones.

El presidente valenciano, Alberto Fabra, comunicó a La Moncloa el martes sus planes para cerrar Canal 9. Nadie le frenó en su decisión. El Gobierno de Rajoy ha dejado claro que no moverá un dedo para impedir que otros puedan seguir los pasos del líder valenciano. Este es un asunto especialmente delicado y el Ejecutivo se cuida mucho de mostrarse abiertamente a favor del cierre. Oficialmente se dice solo que el Gobierno respeta las decisiones de los presidentes autonómicos en su intento de cumplir los compromisos de déficit. Sin embargo, Rajoy lleva años repitiendo en su entorno de confianza que a él le parece un derroche la proliferación de televisiones públicas en España.

La Generalitat de Cataluña asumió la deuda de 1.000 millones de TV3

Hasta ahora, muchas televisiones han recurrido un año tras otro a aportaciones extraordinarias de sus respectivos Parlamentos para terminar los ejercicios. Pero el cambio de la legislación audiovisual en 2012, que abre la puerta a la privatización y prohíbe tajantemente el endeudamiento, ha obligado a todos los entes a acometer ajustes de gran calado. “Nosotros solo podemos mantener medios de comunicación pública, tal y como dice la ley, si no son deficitarios, y eso es lo que pretendemos hacer”, explicó ayer González. Para este año, el ente regional cuenta con un presupuesto de 86 millones de euros, de los que 70,9 corresponden a aportaciones de la comunidad y el resto a ingresos comerciales. Para el año próximo, la subvención, a través del contrato programa, bajará a 69,9 millones (de un gasto total de 72,6).

Con esta rebaja, Telemadrid asegura que es la televisión pública más barata de España (10,7 euros por habitante y año). Pero si el Supremo mantiene la sentencia del TSJM, que declaró improcedente el ERE, el ente tendría que desembolsar unos 22 millones extra. La posibilidad de que los trabajadores sean readmitidos no se contempla. Si el fallo es favorable a los empleados, Telemadrid estaría condenada a seguir los mismos pasos que Canal 9.

El resto de las autonómicas no temen por su futuro inmediato. Han menguado de tamaño para poder sobrevivir y cuentan con el respaldo institucional (y económico) de los respectivos Parlamentos.

Todas las compañías, desde la modesta televisión asturiana hasta la gigantesca catalana, se han ajustado el cinturón en los últimos años. En 2010, por ejemplo, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales tenía un presupuesto de 456 millones de euros y para este año se ha reducido a 295. Su presidente, Brauli Duart, asegura que en Cataluña ningún Gobierno ha puesto en duda el actual modelo de medios de comunicación. “Nos han pedido que nos ajustemos a la realidad. Desde hace dos años estamos tomando medidas para garantizar la viabilidad de un proyecto que consideramos necesario como medio de proximidad y para reforzar la lengua”. En este tiempo, TV-3 ha renegociado con las productoras y ha cerrado un canal de televisión, fusionado dos y pasado a Internet la emisora internacional. Además, ha abordado un plan, consensuado con los sindicatos, para adelgazar en un 10% una plantilla que en septiembre de este año era de 2.544 trabajadores.

Feijóo respaldó ayer sin fisuras la existencia de entes de las autonomías

También televisiones de menos dimensión defienden su papel como elemento integrador de la población. “Asturias tiene una zona rural amplia y atomizada. Nosotros no contamos con una lengua cooficial, pero la televisión permite que la información llegue igual a los ciudadanos de los pueblos y a los de la ciudad”, dice un dirigente de la televisión del Principado, que estuvo al borde de la extinción en la etapa de Gobierno del Foro Asturias, liderado por Francisco Álvarez Cascos. El Ejecutivo dejó de transferir los fondos (11 millones de euros) que debía recibir el ente y eso provocó una grave crisis en la televisión regional y en el propio Gobierno. Ahora, se mantiene con un presupuesto de 23 millones, uno de los más bajos de la Forta. Cascos admitió más tarde que había equivocado su estrategia política, porque la gente percibía la televisión como algo propio.

Otros presidentes, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, respaldan sin fisuras la existencia de medios públicos autonómicos. TVG está saneada y tiene audiencia, como Aragón TV, que en octubre fue la más vista. La andaluza Susana Díaz también ha defendido Canal Sur y ha destacado la diferencia entre la deuda de Canal 9, que ronda los 1.200 millones de euros, frente a los 80 de Canal Sur.

Distinta es la posición que ha mantenido María Dolores de Cospedal, quien ha insistido en su voluntad de vender la televisión de Castilla-La Mancha si encuentra un comprador. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, no se ha atrevido a cerrar el canal regional, aunque ahora emite una programación de muy bajo coste.

La Forta defendió ayer estos pequeños espacios propios frente a “la masiva presión de los medios globales” y abogó por mantener el objetivo de “servicio al ciudadano en todos y cada uno de los miembros de la federación”. En un comunicado que no fue suscrito por Telemadrid, la Forta confió en que “el proceso en el que está inmersa actualmente la RTVV desemboque en una solución satisfactoria, basada en un modelo sostenible, que mantenga su espíritu y su misión como servicio público”.