Toda la vida pagando el funeral

Féretro, sala de tanatorio, flores, gestión de documentos, traslados al cementerio, personal de asistencia e inhumación en nicho o incineración. Todo esto no es barato. El precio medio de un funeral con estos servicios básicos ronda los 3.500 euros en España, según cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Pero muchos ciudadanos siguen optando por pagar durante muchos años de su vida un seguro de deceso. Aunque ello resulte a la postre mucho más caro que abonar los servicios al contado. Quienes empiezan a cotizar desde muy jóvenes, o incluso desde el momento del nacimiento al ser incluidos en pólizas familiares, pueden llegar a pagar el triple. O terminar teniendo unas exequias mucho más ostentosas de lo que quizás hubiesen deseado.

Según los datos de Unespa, la patronal de las compañías aseguradoras, 20 millones de españoles se mantienen fieles a la tradicional costumbre de contratar un seguro de deceso, un producto que arraigó en los años de la posguerra, sobre todo entre quienes emigraban del campo a la ciudad. Contratar este seguro era la manera de garantizarse a la postre el traslado de vuelta a su cementerio natal. Hay quienes han heredado el seguro contratado por sus progenitores y, dado que las cuotas suelen ser modestas (unos ocho euros al mes), optan por mantenerlo porque consideran un derroche cancelarlo tras haberlo pagado durante tanto tiempo. Otros lo contratan sencillamente porque consideran más cómodo dejar estos trámites en manos de una compañía.

En total, el 60% de los sepelios siguen actualmente gestionados por una aseguradora. Un porcentaje que se mantiene estable desde que se empezó a medir. “El valor de cualquier seguro no puede calcularse sumando las primas que se pagan a lo largo de la vida, sino por la prestación que ofrece. En este caso está clara: garantizar que el servicio estará cubierto desde que se empieza a pagar la primera prima”, argumenta Andrés Romero, presidente de la comisión de decesos de Unespa y subdirector general de la compañía Santa Lucía.

Hay otra razón que explica el fuerte arraigo de este tipo de seguros en España: la estrecha relación que ha existido siempre entre las aseguradoras y las funerarias. En las pequeñas localidades, era frecuente que el agente de seguros fuese la misma persona que gestionaba la funeraria local y ofrecía de manera conjunta ambos servicios. De hecho, así nació el seguro de decesos en España, un producto único en el mundo: mientras que en otros países las pólizas suelen estar ligadas a otras prestaciones y cubren simplemente un reembolso (se da dinero a la familia para que contrate el sepelio), en España lo que se cubre es el propio servicio. Es decir, la aseguradora se compromete a prestar todo el servicio y encargarse de todas las gestiones.

Los vínculos entre ambos sectores se mantienen hoy. Las tres aseguradoras que controlan el 75% del grueso del negocio, Ocaso, Santa Lucía y Mapfre, han ido adquiriendo muchas funerarias pequeñas hasta convertirse en propietarias de grandes grupos. Ocaso es dueña del grupo Servisa, Santa Lucía de Albia y Mapfre de Funespaña.

Un estudio sobre los servicios funerarios encargado por el Gobierno en 2010 concluyó que esta estructura limita la competencia en el sector. La ley establece que la aseguradora debe ofrecer un catálogo de opciones pero, según dicho informe, “al ser una decisión que debe tomarse de forma imprevista, inmediata y con desinformación, en la práctica son las aseguradoras las que eligen a la empresa que va a prestar el servicio, pudiendo así limitar la competencia efectiva en el mercado”.

Andrés Romero asegura que la intervención de las aseguradoras no incide en la competencia. “Por ejemplo, en Santa Lucía solo el 30% de los servicios los realizan empresas vinculadas accionarialmente”, afirma. “Además, por nuestra gran capacidad de contratación, podemos negociar precios más ventajosos para nuestros asegurados”, añade.

Sin embargo, incluso en los funerales abonados al contado a menudo resulta difícil dirimir qué se paga por cada concepto, porque son muy comunes los precios cerrados, sin desglose de gastos. La OCU ha realizado un estudio en el que, tras analizar 112 funerarias, concluye que el 35% no ofrecieron un verdadero presupuesto. “Esto impide comparar entre las diferentes opciones del mercado e incluso decidir si se quiere ahorrar en algún elemento”, señala Ileana Izverniceanu, portavoz de la organización.

Eduard Vidal, vicepresidente del grupo de funerarias Mémora, admite que tradicionalmente el sector ha sido opaco a la hora de ofrecer información. “Tiene una explicación. Hay gastos inmateriales, como los del personal que atiende el servicio, que son difíciles de cuantificar. Y otros que varían mucho en función de la cantidad que nosotros compremos como mayoristas. Pero esto está cambiando, nosotros ofrecemos tarifas claras desde el primer momento”, dice.

Un informe del Instituto de Empresa (IE) sobre la competitividad del sector apunta además que las aseguradoras tampoco son transparentes a la hora de informar sobre el precio de los servicios que contrata en relación con la suma total de las primas pagadas por el finado a lo largo de su vida. “Hay estudios que demuestran que la proporción puede ser superior a 3:1 [el triple]. De este modo, por la ventaja que, en principio, ofrecen las compañías aseguradoras de decesos (esto es, evitar a los deudos del fallecido las molestias y preocupaciones propias de la negociación y contratación de servicios funerarios), el precio puede ser desproporcionado”, reza el estudio, que recomienda supervisar la regulación en este aspecto.

El director de este informe, el jurista Francisco Marcos, subraya que otro elemento que ha dificultado la competencia en el sector ha sido la resistencia de muchos Ayuntamientos a permitir la entrada de nuevas empresas en sus municipios, para mantener ellos mismos el monopolio local, pese a que el sector fue liberalizado en el año 1996. “Muchos se han atrincherado y, para proteger a la empresa municipal, imponen condiciones legales imposibles de cumplir por las funerarias que quieren instalarse en esa localidad”, asegura. Según la OCU, los municipios de Madrid, Tarragona y Palma de Mallorca destacan por establecer las peores trabas a la libre competencia.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero elaboró un proyecto de ley que intentaba eliminar estas trabas y proteger de manera más efectiva a los ciudadanos “en un momento particularmente difícil”. La norma obligaba de manera específica a las empresas funerarias a ofrecer “un catálogo informativo sobre todos los servicios que se presten, con información detallada de las características y precios finales” y, en el caso de que hubiera contratado un seguro de decesos, “la entidad aseguradora pondrá a disposición del tomador una relación de prestadores de servicios funerarios que garantice una efectiva libertad de elección”. El texto fue aprobado en junio del año 2011, pero su tramitación quedó interrumpida en el Parlamento porque en noviembre de ese año se celebraron elecciones y cambió el signo del Ejecutivo.

Eugenio Ribón, responsable de los servicios jurídicos de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), reclama al nuevo Gobierno que recupere aquel proyecto para mejorar la transparencia y competitividad del sector, pero con alegaciones. “Ya cuando se aprobó el texto expusimos la necesidad de introducir en la redacción una mejora que consideramos esencial: que se proteja a los ciudadanos del acoso al que se ven sometidos a menudo en los hospitales e incluso residencias de ancianos por parte de empleados de la empresa de servicios funerarios en un momento especialmente penoso, en el que el destinatario de la oferta no está en condiciones de tomar su decisión con discernimiento”, apunta Ribón.

CEACCU presentó ayer mismo una demanda contra Legálitas Seguros y Reaseguros y la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (EMSF) por distribuir publicidad sobre “servicios jurídicos para tramitación de sucesiones en las salas de mortuorio de hospitales y tanatorios a los familiares de usuarios fallecidos”. CEACCU entiende que esta actividad debe “considerarse contraria a la buena fe, según la Ley de Competencia Desleal”, y así lo ha denunciado ante la autoridad de consumo de la Comunidad de Madrid y ante el Colegio de Abogados por incumplimiento de su código deontológico.

Francisco Marcos también apuntaba en el informe del IE a la necesidad de poner freno a estas prácticas en hospitales y residencias de ancianos. En opinión de este experto, “se debería sancionar tanto a las instituciones como al personal que reciba incentivos por permitir la presencia de estas empresas en sus instalaciones. Se han dado casos incluso de centros, como el hospital de la Princesa de Madrid o el Vall d’Hebron de Barcelona, que han sacado a concurso la adjudicación del servicio de recogida de cadáveres y otros servicios funerarios en sus dependencias”. Algo que, en su opinión, “legalmente es muy discutible”.

En todo caso, Marcos considera que todos los Gobiernos han pecado de ingenuos a la hora de intentar mejorar la competencia en este sector. “Todos han querido introducir alguna medida sin tener en cuenta las características tan especiales de este mercado. Por ejemplo, permitir que cualquier empresa que tenga autorización para operar en un municipio pueda hacerlo también en cualquier otra localidad es en teoría un incentivo para la competencia, como proponía el proyecto del año 2011, pero en la práctica no serviría de nada porque nadie se va a otra ciudad a buscar una funeraria más barata, en esos momentos lo que la familia quiere es resolver la contratación lo más rápido y con las menores molestias posibles”, opina.

Precisamente por esta peculiaridad las asociaciones de consumidores insisten en la necesidad de reforzar la legislación para, al menos, obligar a que exista una mayor transparencia en la información sobre los servicios funerarios que se ofrecen. “En las ciudades en las que hemos observado que hay más competencia se puede llegar a ahorrar hasta 2.000 euros si se da al cliente la información que necesita para poder comparar entre las diferentes ofertas”, comenta la portavoz de la OCU. Pero como los presupuestos a menudo son opacos, la mayoría de las veces no existe ni siquiera esta posibilidad de hacer la comparación.