Reflexiones a propósito de la nueva ley de educación y la huelga del 24 O

Las reflexiones que se vierten en este artículo de opinión son exclusivamente personales. Espero que ese día, 24 de octubre, padres y madres, alumnado y todos los docentes y no docentes, que creemos en un sistema público de educación, justo, solidario y equitativo, independientemente de la función que estemos realizando: profesorado, inspección, Equipos de Orientación, Centros de Profesorado, personal de administración y servicios, etc., paralicemos la vida educativa de este país. En juego está el futuro del mismo y de las generaciones que nos sucederán (hijos, nietos,..).

Desde que en el año 1980 el gobierno de la UCD promulgara la Ley Orgánica del Estatuto de Centros (LOECE), hasta hoy, con la actualmente en proceso de aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa del Gobierno del Partido Popular, son siete las leyes y reformas que del sistema educativo español se han hecho, LOECE (1980), LODE (1985), LOGSE (1990), LOPEG (1995), LOCE (2003), LOE (2006) y LOMCE (2013), llevamos una media de una ley por cada cinco años, lo que demuestra dos cuestiones: la primera la incapacidad de nuestra clase política para ponerse de acuerdo y suscribir un gran pacto por la educación que de estabilidad al sistema educativo (está demostrado que los mejores resultados escolares corresponden a aquellos países con sistemas educativos más estables y consolidados en el tiempo como es el caso de Finlandia que siempre ponemos como ejemplo), y la segunda que cada partido que llega al gobierno antepone los intereses partidarios a los del conjunto de la sociedad, en vez de buscar y encontrar amplios consensos en al menos aquellas cuestiones esenciales, entre las que está la Educación, que garanticen el desarrollo futuro de la sociedad y el estado de bienestar.

Hoy, el actual Gobierno con sus recortes y el Sr. Wert con su Ley (suya y de la derecha más conservadora y vorazmente neoliberal) han puesto en el almoneda el sistema público de prestaciones sociales y en este caso de educación. El desmantelamiento y el retroceso que supondrá la Ley Orgánica para la Calidad Educativa (LOMCE) no tiene precedentes: vinculación de éxito escolar a los medios económicos de las familias (consagra el principio de desigualdad de oportunidades=menos recursos para los que menos tienen y más necesitan) potenciación de lo privado y concertado frente a lo público, evaluaciones externas que pretenden cuestionar el trabajo de los docentes, el funcionamiento de los centros y del propio sistema, además de establecer un sistema de ranking y descrédito de la enseñanza pública (la única red escolar que acoge a todo el alumnado sin excepciones ni exclusiones), procesos selectivos a lo largo de toda la escolarización creando una doble/ triple red dentro del propio sistema que garantice la producción de mercancía laboral (mano de obra) a la carta y al servicio de las exigencias del mercado:"malos" (mano de obra barata, no titulados y titulados en ESO);"regulares" (mano de obra medianamente cualificada -titulados en FP- que es lo que más necesita el mercado en estos momentos y lo que menos produce nuestro sistema educativo); y "buenos" (muy pocos que accederán a la universidad - los filtros para impedirlo serán las revalidas, los sistemas de acceso que establezcan las universidades, la escasez de becas, el incremento del costo de matrículas,....).

Se trata de que el sistema educativo que contribuya a crear una pequeña casta muy cualificada (vinculada a las clases más acomodadas) y otra gran clase baja y media baja empobrecida inoculada con el virus del pánico-crisis (la clase media y media alta se ha reducido drásticamente en los últimos años) dispuesta a trabajar como sea, con escasas garantías y derechos (reforma laboral que precariza el empleo, permite los despidos a la carta y sin limitaciones - embarazadas, accidentados laborales, enfermos, mayores, .… -, incremento de la jornada laboral y disminución de los salarios, de las vacaciones, de las jubilaciones, ....). La crisis todo lo justifica y lo permite, el que fuera premio nobel de economía en 1976, Milton Friedman padre del neoliberalismo, sostenía ya entonces, que las crisis pueden usarse para una "terapia de shock" a favor del libre mercado.

Y es justamente esto, entre otras medidas, lo que representa la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad, LOMCE, no es solo una Ley de Educación, es un instrumento al servicio de los grandes poderes financieros; supone una concepción del mundo, donde solo caben en condiciones optimas unos pocos; una concepción de la sociedad configurada por una minoría que gestiona el poder económico y por tanto político (la soberanía de los pueblos/estados/naciones/países – endeudados- está hoy en manos de las grandes corporaciones financieras) y una mayoría con limitados o escasos medios de subsistencia (la brecha entre ricos y pobres en España es la mayor de Europa y sigue aumentando y en Alemania (paradigma de gestión económica) durante la era Merkel se ha producido un trasvase de 6 millones de personas de la clase media acomodada a la clase media baja y pobre y paradójicamente a la vez han crecido en más de 500.000 los nuevos multimillonarios; la LOMCE es también una concepción del individuo, de la persona, considerada como mercancía y no como ciudadano/a del que se debe de garantizar, independientemente de sus condiciones, una formación que lo capacite para incorporarse al mundo, participar y contribuir a su desarrollo.

La LOMCE supone, en el ámbito de las ideas y de los hechos, un retroceso de 40 años respecto del trabajo y del esfuerzo de decenas de miles de hombres y mujeres, dedicados a construir, desde la educación, una escuela mejor, una ciudadanía capaz de construir sociedades más libres, más justas, equitativas y solidarias y sobre todo más igualitarias (cada día son más los episodios de racismo y xenofobia que se producen).

La huelga del día 24 es absolutamente necesaria, es imprescindible, pero nos es suficiente. Al día siguiente y al siguiente y al siguiente, hay que seguir denunciando y oponiéndose a la, probablemente, ley de educación más injusta de la democracia española y de los países de nuestro entorno y a la vez exigir a nuestros políticos, de todos los signos, que al menos en lo esencial, se pongan de acuerdo, dejen de someternos a una inseguridad permanente y no jueguen más con la comunidad educativa, especialmente nuestros niños y niñas, con nuestros jóvenes que siempre son los más perjudicados.

Lorenzo Capellán de Toro es Inspector de Educación, actualmente presidente estatal de la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE Federación) y profesor asociado del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada.