Nuevo intento del Gobierno para frenar el ‘spam’ telefónico

Desde diciembre de 2009 existe en España una ley para proteger a los ciudadanos del acoso telefónico comercial (conocido como spam). Según esa norma, las empresas deben utilizar sistemas que permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales de esa compañía por medios telemático. También prohíbe realizar llamadas publicitarias desde números ocultos, para que las personas que quieran denunciar un acoso puedan identificar quién es el autor de ese acoso. Pero casi cuatro años después, los ciudadanos no se sienten más protegidos ante este tipo de prácticas publicitarias agresivas: siguen bombardeados a cualquier hora, continuamente encuentran obstáculos para manifestar su deseo de no seguir recibiendo llamadas y, aunque los números ya no son ocultos, en muchos casos cuando se devuelve la llamada no responde nadie.

En un nuevo intento por frenar este acoso, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado esta tarde que propondrá a las empresas de telecomunicaciones que habiliten un sistema para que, en la misma llamada en que se realiza una oferta comercial, permitan que el consumidor pueda decir que no desea recibir más llamadas. Lo ha asegurado en el pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del Grupo Mixto.

La ministra ha asegurado que el Gobierno es consciente de que hay “un creciente malestar ciudadano por el aumento de las llamadas comerciales”, por lo que está estudiando nuevas herramientas para “garantizar la intimidad de las personas, de manera muy especial de los menores y adolescentes”.

La organización de consumidores Facua ha reaccionado con escepticismo a este anuncio. "La ley actual ya impone al empresario habilitar sistemas que permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas. Lo que tiene que hacer el Gobierno no es anunciar que va a proponer a las empresas que cumplan la ley, sino hacer que la cumplan", comenta Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

FACUA insiste que el problema no es la falta de regulación legal, sino que el Gobierno no está haciendo cumplir la normativa. La asociación reclama al Ejecutivo que aplique de una vez la ley e imponga sanciones contundentes. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es el organismo que tiene las competencias sancionadoras ante este tipo de prácticas.