Tretas contra la piqueta

La lucha para impedir una demolición o para conseguirla, depende del bando que la cuente, es una carrera de fondo con mil obstáculos. En los cuatro años de media que se tarda en ejecutar esta orden judicial pueden darse infinidad de episodios rocambolescos, como que el dueño de una casa ilegal finja ser un apicultor o tretas más complejas y peligrosas como realizar un montaje fotográfico para acreditar un derribo que nunca se ha realizado.

“Se nos han dado situaciones esperpénticas, como casos en los que nunca se dejó de construir y cuando se fue a derribar la obra que teníamos sobre el terreno no se parecía en nada a la descripción que aparecía en la sentencia”, cuenta Ángeles Nieto, coordinadora de la Federación de Ecologistas en Acción de Madrid.

En Colmenar Viejo (Madrid), casi lindando con Hoyo de Manzanares, un arquitecto que había levantado una vivienda en zona de alta protección se vistió de apicultor diciendo que su casa era necesaria para actividades agropecuarias, recuerda Juan Manuel López, abogado de la Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya y la Sierra de Madrid. El paraje era espectacular, en una zona de campeo del águila imperial. El chalé, de 199 metros cuadrados, se llegó a precintar en tres ocasiones. “Ya en el juicio alegó que la vivienda pertenecía a una sociedad que tenía con su esposa y que a raíz de la denuncia por su construcción ilegal había sido expulsado y no podía hacerse responsable de la construcción”, rememora López.

Tras muchos escritos y más tiempo, el grupo proteccionista consiguió que el juzgado reclamara a la Comunidad de Madrid la demolición a costa del infractor. “Hubo que pelear mucho, se nos hacían preguntas dilatorias, para que concretáramos qué había que tirar, se daba más pábulo a lo que decía el condenado que a lo que reclamaba el juez”, relata.

Con otra vivienda irregular, levantada en Guadalix de la Sierra, tardaron ocho años en echarla abajo. En los últimos tres años, este grupo proteccionista ha logrado acabar con siete construcciones irregulares. “Algunos les han visto las orejas al lobo y han preferido derribarlas voluntariamente, ya que así se ahorran disgustos y dos grados en la pena”, precisa el abogado. Les ocurrió con otro caso de una vivienda situda en Garganta de los Montes, un término calificado como Zona de Especial Protección por su interés forestal y paisajístico. La vivienda estaba pintada de verde para camuflarse con el paisaje.

En Pontevedra, un condenado presentó un reportaje fotográfico sobre una demolición que nunca se produjo. “Era un montaje”, explican fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente. En Madrid se investiga un informe acreditando otra demolición que también resultó ser falsa.

Javier Leiva, miembro de la plataforma de afectados por los derribos de Mijas (Málaga), reconoce que esta lucha conlleva un gran desgaste personal. “Hay mucha gente con problemas psicológicos”, dice. Construyó su vivienda en zona rústica, junto a otras muchas que también estaban fuera de ordenación. Creyó que no pasaría nada y que se terminaría por regularizar. “Tú ibas al Ayuntamiento —entonces gobernado por el PSOE— y te decían que lo hicieras ligerito, pero no te advertían de que te la echarían abajo”, relata.

Leiva recalca que desde el primer día está pagando IBI y contribución, que la vivienda figura en su declaración de la renta y en el catastro. Su casa no entra dentro del proceso de regularización con el que se salvarán 4.000 de las 8.000 construcciones irregulares del municipio. En 2008 el Ayuntamiento comenzó a imponer multas coercitivas por el 10% del valor de tasación de las casas a quienes no ejecutaban las demoliciones. Los afectados contabilizaban entonces unos 2.000 derribos pendientes. Hallaron “otras formas de tramitar los expedientes” y las sanciones cesaron. El ambiente está ahora más tranquilo, pero los expedientes siguen ahí. “Cualquier día puede venir el Ayuntamiento y echar mi casa abajo”, teme Leiva.