Atrapados en India por un vientre de alquiler
Un cambio legislativo impide a una española volver con sus hijos
Lo que en un principio parecía un trámite antes de regresar a casa se convirtió en una pesadilla para Ana Coto (47 años) y su marido, José Luis Vidal (45). Todo iba sobre ruedas para esta pareja asturiana. Habían acudido a Bombay (India) a recoger a los dos mellizos de un mes nacidos mediante una gestación subrogada (vientre de alquiler) en el país, práctica allí permitida y prohibida en España. Las criaturas, llamadas Lucas y Carmen, incluso tenían su pasaporte español expedido por el consulado, ya que son hijos biológicos de un español (Vidal) que dio su esperma a la madre de alquiler. Sin embargo, 12 horas antes de coger el vuelo de regreso a casa, todo se torció. Un cambio reciente en la legislación india sobre esta forma de gestación impidió que sus hijos viajaran con ellos a España el 14 de agosto.
Cuando Ana y José acudieron al FRO, el organismo policial indio encargado de sellar el pasaporte de los niños con la autorización para salir del país, les explicaron que con la nueva ley se necesita una carta del cónsul o embajador del país de destino en el que certifique que esta práctica —pagar a una mujer para que tenga un bebé que será dado en adopción— es legal en el sitio al que se dirige la criatura.
A partir de aquí las versiones de los afectados y del Ministerio de Asuntos Exteriores difieren. La pareja asegura que conocía la nueva norma, pero que no les afecta ya que el embarazo es anterior a la aprobación de la ley. “Lo que nos pide el FRO es que certifiquemos que el embarazo fue anterior a la norma y que el cónsul acredite la subrogación”, explica Ana desde Bombay. Una portavoz de Asuntos Exteriores, en cambio, afirma que lo que se le está pidiendo al cónsul es que certifique que este tipo de adopciones son legales en España. “No podemos pedirle que acredite algo que es ilegal en nuestro país”, explica.
El caso es que los hijos, que son españoles segú su pasaporte, ahora mismo no pueden salir del país. “Hay un vacío legal ante el que estamos buscando una solución jurídica”, explica la portavoz de Exteriores. “Pasan de mí como de la mierda”, se queja la madre adoptiva, que acusa al consulado de mentir y de no haberla atendido debidamente.
Ana Coto lleva desde el 19 de junio en Bombay sin saber cuándo podrá marcharse. Incluso cogió un vuelo hasta la capital, Nueva Delhi, para ver si en la embajada podían solucionarle el problema. Tampoco tuvo éxito. Mientras, la factura se va engrosando a medida que pasan los días. A los 50.000 euros que le costó el vientre de alquiler hay que sumarle 12.000 euros que se gastaron en un abogado español que les hizo de intermediario y unos 13.000 que lleva gastados en la estancia en India y en los billetes de avión que ha perdido. José Luis, el marido, ha tenido que volver a España para trabajar en la empresa de transportes que regenta. Ella, que es autónoma, se ha quedado a la espera junto a su madre y una asistenta.
Los vientres de alquiler están permitidos en algunos Estados de EE UU, India, Israel y Ucrania. En España, a pesar de estar prohibidos, existe cierta tolerancia con las familias que recurren a este método fuera de las fronteras para que puedan inscribir aquí a los niños.
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