El Supremo avala el no al campo de golf de Cala d’Hort en Ibiza

El Tribunal Supremo ha avalado las decisiones políticas proteccionistas que implicaron el veto a urbanizaciones que adoptaron los antiguos Gobiernos de izquierdas y los nacionalistas de Francesc Antich del PSOE en Baleares (1999-2003) y (2007-2011). Ahora el tribunal ha dado por buena una indemnización mínima para las pretensiones de los afectados (un cuarto de millón ante los 13 millones solicitados) por el "no" a la construcción de un campo de golf y hotel, en Cala d’Hort, en la isla de Ibiza. El actual Gobierno balear del PP basa su política liberal de rebajar zonas protegidas con perspectiva de urbanización ante la amenaza del pago de compensaciones exigidas ante los tribunales.

Los magistrados del Supremo mantienen que cuando el poder ejecutivo decide prohibir las construcciones para preservar el entorno se han de asumir solo los costes generados por el proyecto pero no se han de compensar las expectativas de negocio frustradas, un irreal lucro cesante. En 1999, a las semanas de llegar al poder el Gobierno del pacto de progreso de Antich –con una consejera de Els Verds-, impidió la construcción de un campo de golf de Ibiza cuando la empresa había entrado las máquinas excavadoras en los terrenos con la intención de consolidar sus derechos. Los ecologistas se encadenaron a los tractores y, al tiempo, 10.000 personas salieron a la calle en la ciudad de Ibiza contra éste y otros planes desarrollistas.

En 2005, en una posterior legislatura progresista tras un mandato del PP con Jaume Matas que enmendó muchas de las decisiones de Antich y otorgó el “interés social” al proyecto de Cala d’Hort, el Gabinete multipartito PSOE-PSM-UM-IU aprobó una ley de conservación de espacios de relevancia ambiental de Baleares que prohibía expresamente la realización de la urbanización. Matas rebajó de 2700 hectáreas protegidas en la zona de cala d'Hort a 290 hectáreas.

El Supremo rechaza que el Gobierno balear tenga que afrontar la millonaria indemnización y entiende que se da una pérdida de un mayor valor del terreno que "nunca llegó a ser más que una mera expectativa" ni la pérdida de la ganancia que hubiera conllevado la explotación del campo de golf y su oferta complementaria. El tribunal apunta a la "incertidumbre" sobre el estado real de la urbanización, que "no deja de existir aunque hubiera llegado a otorgarse licencia municipal para la construcción del campo de golf". Las mismas dudas se extienden sobre los proyectos para desalinizadora y estación transformadora para energía eléctrica.