Sanidad financiará solo dos de los 10 anticonceptivos de tercera generación

La sanidad pública dejará de financiar a partir del 1 de agosto ocho formulaciones de píldoras anticonceptivas de tercera generación —en 15 presentaciones—. Se trata de los anticonceptivos orales compuestos por drospirenona y etinilestradiol, de los más modernos que se cubrían hasta ahora. La medida afecta a fármacos como Drosianelle, Yasminelle y Dretine, de laboratorios como Teva y Bayer. Sanidad ha asegurado que la salida de estos anticonceptivos del catálogo de los que se financian con dinero público se debe a criterios de “sostenibilidad y de optimización de recursos”. Una portavoz del departamento que dirige Ana Mato ha incidido en que estos fármacos, que utilizan más de un millón de mujeres, “no presentan ninguna ventaja añadida” a los que siguen financiándose. El listado de las píldoras más modernas que permanece cubierto cae de 10 formulaciones a dos (de 18 presentaciones a tres). Las genéricas compuestas por desogestrel y etinilestradiol, fabricados por los laboratorios Mylan, continuarán financiados. Se cubren desde hace solo cuatro meses.

Los expertos en salud reproductiva y la oposición han criticado duramente la medida, que definen como una más contra las mujeres. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de querer implantar “su ideología ultraconservadora” y de estar “en contra las mujeres” y su libertad sexual y reproductiva. Sanidad, sin embargo, niega que la exclusión obedezca a criterios ideológicos. La ginecóloga Isabel Serrano incide en que esta desfinanciación supone una barrera importantísima para el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos. “Es otro recorte social y contra las mujeres. No hay argumentos ni economicistas ni en el terreno de lo sanitario que sustenten la medida. No es cierto que haya alternativas terapéuticas similares o al menos no en la misma medida”, asegura.

Los expertos, como Ezequiel Pérez Campos, jefe de Ginecología del Hospital de Requena y miembro de la Sociedad Española de Contracepción, apuntan que las píldoras excluidas son las más usadas por las mujeres. Sin financiación pueden costar entre 10 a 18 euros. “Las usuarias nos las piden, no solo porque son las más actualizadas, también porque están cubiertas. Y más ahora, con la situación de crisis que vivimos”, dice Serrano, que pasa consulta desde hace más de 20 años. “Esto es una barrera grave en el acceso a la anticoncepción”, critica la ginecóloga, que también es portavoz de la plataforma Decidir nos Hace Libres. La Sociedad Española de Contracepción, que incrementa la estimación en la cifra de usuarias a cerca de los dos millones, tampoco comparte la exclusión. “Afecta a una población muy vulnerable y va contra la prevención de embarazos no deseados”, dicen.

En 2011 se realizaron en España 118.000 abortos, según los últimos datos de Sanidad, un 5% más que el año anterior.

Frente a las críticas, Sanidad insiste en que más de una veintena de píldoras anticonceptivas permanecerán en la financiación pública; aunque solo dos formulaciones (las de Mylan) son de tercera generación; el resto son de segunda. Una portavoz del departamento de Ana Mato asegura que la exclusión se debe a que los laboratorios fabricantes no han considerado óptimo el precio mínimo fijado por la comisión de Sanidad (3 euros). “Han preferido comercializar sus fármacos a precios mayores y han retirado sus productos”, insiste. Los laboratorios afectados consultados por este periódico han preferido no valorar la medida y aseguran que seguirán “colaborando” con Sanidad.

Alexa Segura, de la Federación de Planificación Familiar Estatal, critica no solo la reducción de opciones, también los efectos para profesionales y usuarias. “No está garantizado el acceso a todos los métodos con equidad. Ahora hay un gran número de usuarias que solo pueden pagar las financiadas; por eso es tan grave reducirlas. No hay tantos métodos como para que nos permitamos sacar alguno… Y el acceso al preservativo también es complejo”, dice. “Esto significa que el médico tendrá que recetar la financiada, no la más idónea; y encima tendrá menos elección”, incide.