El Kremlin despoja a la Academia de Ciencias de sus propiedades

La Duma estatal, controlada por el partido gubernamental Rusia Unida (RU), aprobó el miércoles en primera lectura una polémica ley de reforma de la Academia de Ciencias de Rusia (ACR) que despoja a esta institución de sus cuantiosas propiedades y recursos, que pasarán a ser administrados por el Gobierno en lugar de por la misma academia, como sucede ahora.

La reforma, sin precedentes por su apresuramiento y envergadura, se ha presentado como una iniciativa del Gobierno, aunque hay convincentes indicios de que sus verdaderos autores están en la administración presidencial del Kremlin. El líder ruso Vladímir Putin se reunió el miércoles con Vladímir Fórtov, recientemente elegido presidente de la ACR en votación democrática y provisto de su propio programa de reformas consensuado con la institución que dirige.

Fórtov se quejó de que la iniciativa de las autoridades había sido una “total sorpresa” para él, ya que se la habían anunciado el miércoles por la noche en vísperas de que fuera aprobada por el Gobierno el jueves y enviada a la Duma el viernes. Según la transcripción de la entrevista difundida por el Kremlin, Putin hizo caso omiso de los ruegos de Fórtov para que aplazara la aprobación de la ley y le dejara poner en práctica durante un año su propio programa de reformas. El jefe del Estado se mostró escéptico sobre la posibilidad de que la ACR se renueve a sí misma y pidió que se renueve la institución.

Mientras tanto, en la Duma, los diputados, que habían planeado dejar la segunda lectura de la ley para el otoño, recibieron la consigna de abordarla el próximo viernes y cerrar el plazo de admisión de enmiendas el mismo jueves, lo que supone una clara violación de los procedimientos parlamentarios. La ley tiene incluso errores aritméticos, según el presidente de la ACR.

La Academia acepta la necesidad de una reforma, pero los planteamientos realizados en secreto por el Kremlin despiertan profundas suspicacias sobre las verdaderas intenciones de la iniciativa, sobre todo teniendo en cuenta el precedente del Ministerio de Defensa, donde se creó un órgano para administrar la propiedad—Rosoboronservice-- que se ha visto involucrado en truculentas y escandalosas privatizaciones. Ahora, los académicos temen que ocurra lo mismo en su propia institución por medio de la nueva agencia dependiente del gobierno que administrará la propiedad y las finanzas.

La ACR fue fundada por Pedro I en el siglo XVIII y constituye una institución privilegiada y respetada. La institución tiene 452 instituciones científicas y más de 117.000 empleados, de los cuales 56.900 son científicos. La ACR posee 337000 hectáreas de tierra y más de 15 millones de metros cuadrados en locales. En su patrimonio hay 38 ciudades científicas (Akademgorodki) y tres secciones regionales (Ural, Siberia y Lejano Oriente). En 2012, la Academia recibió 65.400 millones de rublos (más de 1.520 millones de euros), lo que supone el 20% de todos los gastos estatales para la ciencia civil.

La reforma gubernamental fusiona la Academia de Ciencias propiamente dicha con la Academia de Ciencias Médicas y la de Ciencias Agrícolas y reorganiza los institutos, subordinándolos a las estructuras del Gobierno y desvinculando a los académicos de la dirección de los mismos. Entre las numerosas protestas suscitadas por el proyecto está la de los dirigentes de la sección siberiana de la ACR que, en una carta pública al presidente Putin y al jefe del Gobierno, Dmitri Medvédev, califican la reforma de “destructiva” y de intento de esquivar la responsabilidad por el derroche del presupuesto y el “evidente fracaso” de proyectos de modernización científico-técnica como Rosnano (institución presidida por Anatoli Chubáis) y Skólkovo (la versión rusa de Silicon Valley).

Encargada de defender la ley fue Olga Golodets, vicejefa del Gobierno, en opinión de la cual la Academia no está justificando los recursos que recibe. La alta funcionaria afirmó que gran parte de las vastas propiedades inmobiliarias de la Academia no están registradas y señaló que si se divide su territorio por el número de miembros de la misma, resultan 2 hectáreas por académico. Señaló que la edad media de los académicos supera los 74 años y que la juventud con ambiciosos proyectos no encuentra su lugar en la institución. La ley consiguió 286 votos a favor y 69 en contra, entre estos últimos el de Stanislav Goborujin, que fue el jefe de la campaña electoral de Putin, y quien consideró ofensiva la forma de aprobar la ley sin consulta ni discusión previa. Los comunistas abandonaron la sala de sesiones en señal de protesta.