Soria confirma el cierre definitivo de Garoña el próximo 6 de julio

Tras un último intento del Gobierno para que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua y pequeña de España, se mantuviera abierta, se ha hecho oficial su cierre. Esta clausura, que técnicamente se denomina cese definitivo de explotación, debe formalizarse con una orden ministerial antes del 6 de julio.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, lo ha anunciado esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde ha explicado que no ha sido posible cumplir los plazos para darle más prórrogas. El ministro ha vuelto a dejar una rendija abierta. Según sus palabras, el cierre llega por razones económicas, y no de seguridad, por lo que Industria seguirá analizando el caso.

Nuclenor, dueña de Garoña, ha dejado pasar varias oportunidades para seguir operando, siempre por motivos económicos. En diciembre, cuando se desacopló de la red, alegó que los impuestos que preparaba el Gobierno le harían entrar en pérdidas. Endesa e Iberdrola, propietarias a medias de la central, se planteaban pedir una renovación de la autorización de explotación, algo a lo que, salvo cambio legal inesperado, ahora no podrán optar.

Los 280 trabajadores en plantilla de la central han sentido con el anuncio un nuevo escalofrío. Después de tanto vaivén, han optado por racionalizarlo. “Se desprende que no es un cierre irreversible, creo que deja la puerta abierta”, ha declarado el presidente del Comité de Empresa, Alberto César González. Los empleados aseguran que Nuclenor defiende que todavía hay una “oportunidad, pero no garantía” de que la planta siga abierta más allá del 6 de julio, informa Efe. La empresa no responde a EL PAÍS acerca de sus intenciones.

Con la orden ministerial publicada, Garoña entraría en una fase de unos dos años en la que caminará hacia su desmantelamiento y declaración de clausura, algo que supondrá el cierre definitivo.

Si Nuclenor decidiera volver a abrirla debería pedir una nueva autorización de explotación, algo establecido en el reglamento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que implicaría realizar una gran cantidad de exámenes prenucleares, iguales a los que se sometería a una central recién construida. “Esas pruebas durarían unos tres años”, estiman los técnicos consultados.

Otro escenario que se baraja consistiría en incluir en el reglamento del CSN una disposición que permita conseguir una nueva autorización con menos requisitos para aquellos casos en los que un reactor ha dejado de operar por motivos económicos. “Sería cambiar las reglas del juego en mitad del partido y tendría serias implicaciones para la seguridad”, critica una fuente consultada.

Con el cierre en agenda, el Gobierno sigue apostando porque sigan funcionando las ocho centrales nucleares, siempre que cumplan las condiciones del CSN.