Sanidad privatizará solo 4 de los 27 centros de salud por falta de ofertas

El presidente regional, Ignacio González, anunció hace cuatro meses y medio su intención de dar un vuelco privatizador al sistema sanitario madrileño: la gestión integral de seis hospitales iba a pasar a manos de empresas, así como los servicios no sanitarios (cocinas, limpieza, administración...) de todos los demás. Y por primera vez planteaba algo inédito en la región y en buena parte de España: privatizar también la gestión de los centros de salud. Un 10% del total (270) los dirigirían sociedades mercantiles. Nada más se había sabido sobre el plan hasta ayer: el Gobierno regional anunció que, de momento, no serán 27, sino solo cuatro los centros externalizados. 

La Consejería de Sanidad ha rebajado sus previsiones iniciales. En parte, porque los profesionales interesados en crear una sociedad son muy pocos. La viceconsejera Patricia Flores explicó ayer que ha estado hablando con los que estarían dispuestos a hacerse cargo de la gestión de esos centros. Por ahora, solo son viables cuatro, pero Flores asegura que no renuncia a hacerlo más adelante con los 27 previstos.

Aún se desconoce cuáles serán esos centros, que pasarían a gestión privada como muy pronto en los meses de septiembre u octubre, puesto que su creación debe cumplir distintos trámites administrativos.

El primero empezó a rodar ayer. Sanidad presentó a sociedades científicas de atención primaria y los colegios oficiales de médicos y enfermeras el borrador del decreto con el que regulará qué requisitos deben cumplir los trabajadores sanitarios que quieran constituirse en sociedades de profesionales y optar así a gestionar los centros privatizados. Flores asegura que quiere que sean médicos o enfermeras del sistema público de salud de la región los que tengan la mayor parte del capital y del poder de decisión.

En la práctica, un solo médico o enfermera podría formar una de estas sociedades aportando el 51% y el resto podría estar en manos de una empresa sanitaria privada. Lo que la Consejería de Sanidad no quiere, o al menos así lo aseguró Flores ayer, es que estas últimas sean las titulares de los centros de salud externalizados. Por eso, estudia no sacarlos a concurso, sino buscar otra fórmula jurídica, como un acuerdo marco. Los concursos, por definición, se basan en la libre concurrencia, por lo que Sanidad no podría dar preferencia a las sociedades de profesionales por delante de las empresas del sector, obviamente muy interesadas en controlar estos centros —puerta de entrada al sistema sanitario— de las zonas de influencia de los hospitales de gestión privada.

La gestión tendrá una vigencia de 10 años, con posibilidad de prórroga. La Comunidad de Madrid pagará una cantidad anual a cada centro en función de los pacientes que atienda. Sanidad no decidirá cuántos profesionales son necesarios para esa población ni cuánto tienen que cobrar. La sociedad gestionará su asignación como mejor considere. Además, podrá ofrecer —y cobrar— servicios extra como podología, odontología o fisioterapia para aumentar sus ingresos.

Las tres sociedades nacionales de médicos de atención primaria (Semfyc, Semergen y SEMG) firmaron en diciembre pasado un comunicado conjunto en el que rechazaban el plan privatizador del Gobierno regional. “La oferta que se hace a los profesionales de participar directamente en la gestión de los centros es un brindis al sol, pues les obliga a la creación de estructuras asociativas que en la actual coyuntura económica representan aventuras empresariales de alto riesgo y por consiguiente difícilmente financiables”, afirmaban.

Los profesionales de primaria entregaron casi 8.000 firmas (hay unos 10.000) contra la privatización. Podían firmar si estaban a favor de la externalización, en contra o con un “no sabe, no contesta”. Solo tres respaldaron el plan regional —y 14 respondieron que no sabían—. Todos los colectivos de primaria consensuaron un documento que propone un modelo alternativo de gestión de los centros, basado en una mayor autonomía y sin necesidad de que empresas con ánimo de lucro entren en este nivel asistencial.