Las mujeres maltratadas tendrán que esperar a la justicia gratuita

Desde hace tres meses las mujeres que han decidido denunciar al hombre que las maltrataba tienen una traba más: deben pagar una tasa para poder divorciarse. El miedo a enfrentarse a su agresor, a no poder ser independientes, a perder a los hijos, y las dificultades económicas que ven para seguir adelante solas ya no son los únicos obstáculos para salir de una vida llena de violencia. Además, se enfrentan a la incertidumbre de saber cuándo se hará efectiva la Ley de Justicia Gratuita que las eximiría de ello.

Desde que se aprobó en noviembre de 2012, la Ley de Tasas Judiciales estipula que todo aquel que presente una demanda por lo civil tendrá que pagar las tasas marcadas se pierda o gane el juicio. Hasta entonces esta medida solo se aplicaba a las personas jurídicas y a las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa. Ahora, sin embargo, afecta a todas las personas físicas y se amplía además a la jurisdicción social. Esta ley no preveía exención alguna, salvo aquellos casos que se trataran de demandas de divorcio donde hubiera menores de edad y solo se solicitara la pensión alimenticia. “Hay pocos casos donde solo se dé esta condición”, asegura Verónica Carpio, de la asociación de mujeres juristas Themis, que enfatiza que la ley tiene un gran vacío legal porque no tiene tiene en cuenta la variedad de situaciones a las que se enfrentan estas mujeres.

“En un país donde las mujeres ganan un 30% menos de sueldo y el paro les afecta más que a los hombres, esta situación solo las hace muchas más vulnerables”, denuncia Carpio. La abogada explica que si antes las mujeres no acudían a los juzgados por miedo, ahora lo harán mucho menos porque no pueden hacer frente a un proceso que les puede llegar a costar más de 800 euros (la tasa está formada por una parte fija que depende del tipo de instancia, y puede ir desde los 300 hasta los 1.200 euros y un porcentaje del 0,5% sobre la cuantía procesal). “¿Y quién va a poder defenderse ahora?”, exclama la abogada. Además, cuenta que el número de denuncias va a descender significativamente.  "Va a haber posiblemente un 40% menos de pleitos. Con estos nuevos gastos muchas mujeres van a desistir".

La incertidumbre para este colectivo es total. En el mes de noviembre, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que las víctimas de violencia de género estarían incluidas dentro de la Ley de Justicia Gratuita que las eximiría del cobro de estas tasas. Pero esta ley, cuyo anteproyecto ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, tardará meses en entrar en vigor. Ayer mismo, Elena Valenciano denunciaba esta circunstancia va a dejar en el limbo y en una situación de extrema vulnerabilidad a las mujeres maltratadas, por lo que pidió la elaboración de un decreto ley para que dejaran de pagar las tasas.

A todo esto hay que añadir que el proceso de implantación de la ley de tasas ha sido complejo y ha hecho más difíciles los procesos de divorcio. De acuerdo con Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, hay una descoordinación y descontrol total entre juzgados. La portavoz de la organización explica que, según abogados con los que ha trabajado, hay varios problemas con los impresos de las tasas en los juzgados. “En unos no había, por ejemplo”.

A la pregunta de qué ocurrirá con aquellas mujeres que ya han iniciado un proceso y han pagado las tasas correspondientes, no hay aún respuesta. Habrá que esperar a ver si la Ley de Justicia Gratuita se aprueba y les enmienda el daño.