Demasiados cocos

El coco de las importaciones de biodiésel y bioetanol ilegales, desleales o mediante dumping desde EE UU, Argentina e Indonesia. El de la acusación de responsabilidad en la subida de precios de los alimentos. El de las malas cosechas de maíz y caña de azúcar en EE UU y Brasil, respectivamente. El de desplazar a otros cultivos hacia la frontera forestal. Y ahora, el coco de la Comisión Europea, que propone limitar la contribución de los biocarburantes de cultivos en los objetivos de energías renovables en el transporte para 2020, que es como decir los biocarburantes a secas, porque los de cultivos son el 90% de los empleados en la actualidad.

Definitivamente, estos sustitutos renovables de los combustibles fósiles en el transporte aparecieron en el momento menos propicio y en los lugares menos indicados. Ni mucho menos son responsables de toda la hambruna y la deforestación de que se les acusa, desde luego no más que otras industrias con las que comparten materias primas (alimentación, ganadería, cosmética e higiene, farmacia…) y a las que se les exige menos parámetros de sostenibilidad. También es cierto que la escalada de los biocarburantes en algunos países preocupa: 40% de la cosecha de maíz para etanol en EE UU y 26% de la de soja para biodiésel en Argentina. Por si fuera poco, los biocarburantes competían con las poderosas petroleras, que no han ahorrado codazos.

Estaba claro que era un riesgo depender de una materia prima foránea cultivada en terrenos conflictivos desde el punto de vista ambiental y social. El biocarburante más consumido, el biodiésel, procede mayoritariamente de soja argentina y brasileña y de palma indonesia. Al principio se emparejó el boom de los biocarburantes con la recuperación de la agricultura (especialmente en España), ya que permitiría poner en valor tierras en abandono. Los intentos de diferentes sectores por crear una mesa de negociación al efecto e impulsar cultivos energéticos como la colza fracasaron. Mientras, se instalaban plantas sin freno, las más potentes en puertos neurálgicos (El Ferrol, Castellón, Palos de la Frontera, Bilbao…) para recibir semillas y aceites de miles de kilómetros, algo cuestionable bajo el prisma de la sostenibilidad.

Solo la canciller alemana, Angela Merkel, ha alzado la voz para criticar la propuesta de la Comisión y defender su industria bioenergética. Lógico, es la que más ha crecido y se ha consolidado en Europa y la que más materia prima propia emplea. De hecho, a su potente industria del biogás también le ha escocido la propuesta, ya que es la más avanzada en la depuración de este gas para usarlo en el transporte y la que más depende de cultivos, en este caso de maíz. Pocos dirigentes europeos han defendido con contundencia los biocarburantes. Y en España menos. Un ejemplo es la retirada de la orden de apoyo al biodiésel español, después de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, la presentara como una medida “contundente y clara”, tras la expropiación de YPF por Argentina. Casi el 50% del biodiésel consumido en España procede de ese país. Demasiados cocos y solo una esperanza: que se incentive y acelere el paso industrial a la segunda generación de biocarburantes, los de residuos y algas.