Varios médicos aseguran que sor María era la única responsable de las adopciones

La única responsable de la gestión y administración de las adopciones en el hospital Santa Cristina de Madrid era sor María Gómez Valbuena. Así lo han declarado hoy ante el juez que investiga el robo de una niña en esa maternidad en 1982 tres extrabajadoras del centro. Las tres, que habían sido citadas como testigos en el caso, han asegurado esta mañana que nunca percibieron ninguna irregularidad en la clínica. Sor María Gomez Valbuena, religiosa hija de la caridad, está imputada en una investigación penal por el robo de Pilar Alcalde a su madre, María Luisa Torres, hace casi 30 años.

Hoy debían comparecer ante el juez que instruye el caso, Adolfo Carretero Sánchez, seis trabajadores de la maternidad investigada, el Hospital Santa Cristina de Madrid. Sin embargo, solo han acudido tres. Una neonatóloga, una médico que hacía su residencia en el hospital en aquellos años y la administradora y posterior directora del centro. Esta última, María Antonia García, ha asegurado que “nunca” presenció ni sospechó de casos como el de Alcalde. “¿Cómo van a robar niños”, ha dicho a la salida de la vista, en la entrada de los juzgados, donde ha intentado zafarse de los periodistas con el bolso.

“Nadie se explica lo ocurrido”, ha asegurado a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid María Teresa Freire, antigua médico residente. La facultativa ha insistido que en aquellos años la única que gestionaba las adopciones en la clínica, y que lo hacía personalmente, era Sor María. “Nunca vi ninguna irregularidad, más allá que siempre me extrañó que madres tan jóvenes, y sanas, dieran en adopción a sus bebés. Pero así era. Si hubiera visto algo irregular no lo hubiera consentido, yo misma hubiera denunciado”, ha dicho. “(El Santa Cristina) era un hospital público, no había secretos, ni escondrijos, era todo muy sabido y muy visto”, ha apuntado.

La médico ha asegurado que ninguna de las madres le pidió nunca ayuda, y que los médicos siempre mostraban a la familia el cuerpo del bebé fallecido. Algo que, sin embargo, se contradice con el testimonio de algunas familias.

María Cruz Rodrigo, portavoz de SOS Bebés Robados, que ha acudido a las puertas de los juzgados con otra decena de afectados, ha pedido a los testigos que rememoren todo lo que puedan para esclarecer la investigación. Rodrigo, como otros denunciantes de casos de robo de bebés, creen que sor María es una de las responsables de una red.

El juez seguirá interrogando como testigos a más médicos del hospital el martes y el viernes. Algunos, como el exdirector de la maternidad, José Zamarriego, ya han acudido y han manifestado que no tienen ninguna responsabilidad en el caso.

Guillermo Peña, abogado de la asociación SOS robados, ha explicado que de las declaraciones de los testigos se extrae efectivamente que la única responsable de la tramitación de las adopciones en la clínica era Sor María. Sin embargo, ha insistido, “la forma en la que actuaron en este hospital no tiene ninguna explicación lógica”.

Además del caso de Pilar Alcalde, el juez Adolfo Carretero volverá a investigar un caso de hace 34 años, después de que la Audiencia Provincial revocaba el auto que lo cerraba. Para la Audiencia, los delitos de detención ilegal (secuestro), suposición de parto y alteración de paternidad del caso de Felisa Tomico Orusco, que dio a luz en 1978, no han prescrito, con lo que ha ordenado a Carretero reabrirlo. Un auténtico “espaldarazo” para la tesis del caso y para los afectados, según Peña. Algunos de esos afectados se reunirán el lunes con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.