La Ley de Dependencia apenas ha impulsado las plazas en geriátricos

La cobertura que dan las residencias ronda los niveles de 2006, pero sí ha habido un trasvase de dinero público al sector privado mediante conciertos

Llegó la ley y llegó la crisis. Eso es lo que le ha pasado al sistema de dependencia, que apenas entró en vigor la norma ya asomaba la recesión económica. Esa es una explicación, aunque hay más, que responde al escaso florecimiento de los servicios profesionales de atención a los dependientes, que debieron haber experimentado un auge al amparo del nuevo derecho de los ciudadanos. Pues no, las plazas de residencia crecen a un ritmo similar al de años atrás, y lo mismo con los centros de día. En el caso de la ayuda a domicilio es peor aún: el número de usuarios atendidos crece cada año menos que el anterior.

 Entre 2007 y 2008, los dos primeros años de la ley, el número de plazas experimentó un incremento de un 5,3%, apenas un punto más que entre 2006 y 2007. Los años siguientes, hasta 2010, la variación apenas se ha movido unas décimas. No es de extrañar, por tanto, que la cobertura que presta este servicio (número de plazas por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años, que así se mide) siga rondando la misma cifra que en 2006: entonces era un 4 y ahora un 4,56. La recomendación de la OMS es de 6 plazas por cada 100 ciudadanos que pasan de 65 años.

Prácticamente lo mismo ha ocurrido con los centros de día: 63.446 plazas tenían en 2008 y 81.390 en 2010. Ese crecimiento no ha impedido que la cobertura a la población apenas haya pasado de un 0,83 a un 1,01.

La ayuda a domicilio crece cada año a un ritmo más mortecino

Los datos de la ayuda a domicilio (unas horas al mes de asistencia en el hogar propio) son aún peores: crecen los usuarios atendidos, pero cada año a un ritmo más mortecino. Entre 2002 y 2003 crecieron en un 39%. Entre 2009 y 2010 apenas un 0,2%. La tendencia, año a año, no deja lugar a dudas. Y no cabe buscar una explicación en que se ha llegado a un momento de estabilidad, porque hay cerca de 240.000 personas en lista de espera.

Todos estos datos, que se paran en 2010, pertenecen al informe sobre servicios sociales para personas mayores que hacía público el Gobierno cada dos años. En 2010 no se publicó, ni en 2011. Y este año, en pleno verano, ha aparecido en la página web del Imserso, sin mayor publicidad. El de 2008 tenía cerca de 500 páginas, este 67. La estadística en servicios sociales, comunidades autónomas mediante, nunca ha sido un capítulo notable. Sin ser exhaustiva, sin embargo, permite atisbar la poca repercusión que ha tenido la ley en los servicios profesionales. En las residencias se ha notado, eso sí, un esfuerzo de las Administraciones, aunque desigual por territorios. Se ha trasvasado dinero público a las residencias privadas para que cualquier anciano pueda entrar en ellas. Son los llamados conciertos, subvenciones para convertir en públicas las plazas privadas. Mientras las plazas públicas perdían peso entre 2008 y 2010 (de un 2,3% de incremento a un 1%), las públicas lo ganaban (de un 8,8% a un 9,4%) vía conciertos, sobre todo. A pesar de ello, los empresarios no han dejado en ningún momento de expresar su malestar por el diseño y la deriva de la ley, una “norma de subsidios, no de servicios profesionales”, suelen decir.

En parte tienen razón, porque la prestación económica para que un familiar cuide al anciano en casa ha sido la reina de las ayudas concedidas, y eso que se concibió como algo excepcional. De 776.000 personas atendidas, 440.000 tienen una de estas ayudas, ahora muy mermada, como mínimo un 15% menos.

La cobertura en residencias ha pasado de 4 a 4,5 desde 2006

“No nos engañemos”, dice un empresario que no quiere dar su nombre, “un uso masivo de las residencias es para países con pleno empleo y una fuerte incorporación de la mujer al mundo laboral. Tampoco es cierto que hayan estado sacando en masa a los ancianos de las residencias para llevárselos a casa ahora con la crisis, es que han dejado de entrar y, además, este colectivo presenta un 25% de bajas anuales, que en la mayoría de las comunidades no se cubren con nuevas entradas. En Castilla-La Mancha muchas plazas se están amortizando. Las deudas con los empresarios son fuertes, o no se les pagan los conciertos o se les paga mal”, dice. “Pero también es cierto que todos nos tenemos que apretar el cinturón. En Castilla y León y Andalucía se ha llegado a un acuerdo para rebajar el precio de los conciertos alrededor de un 10% y un 15%”, dice.

“La ley no ha supuesto una mejora sustancial en las atenciones a las personas en situación de dependencia”, lamenta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “La mejora de cobertura en residencias no procede de los esfuerzos e inversión de la iniciativa privada. Solo desde la inversión pública se ha logrado esta mejora”, afirma. “Los recortes actuales hacen prever que estas prestaciones solo se mantendrán para quien pueda complementar las ayudas públicas con sus propios medios económicos. Y no hay que descartar una regresión destructiva de este sector en el ámbito privado-concertado ante la falta de pago por parte de las Administraciones. Es posible que se asista a la paradoja del cierre de empresas mientras existe una demanda potencial enorme”, añade.

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