EE UU golpea a las farmacéuticas

GlaxoSmithKline, que batirá un nuevo récord al pagar una multa de 3.000 millones de dólares (unos 2.400 millones de euros), se convirtió el lunes en la última farmacéutica en reconocer un fraude en su distribución y desarrollo de medicamentos en Estados Unidos. Una serie de investigaciones del Departamento de Justicia, acompañadas de cambios en la legislación, imponen nuevas condiciones de transparencia a las compañías farmacéuticas que aspiran a terminar con estrategias ilegales y mejorar la información de la que disponen los pacientes.

El intento de la Administración de Clinton, a finales de los años noventa, para reformar el sistema sanitario norteamericano abrió un intenso debate sobre la influencia de la industria farmacéutica en el alto precio que pagan los ciudadanos por el acceso a la sanidad. El tema ha seguido hasta la aprobación, en 2010, de la reforma sanitaria de Obama. Durante este tiempo, ciudadanos, organizaciones y autoridades han denunciado que las aseguradoras subían el precio de los cuidados médicos por las dudosas prácticas de las farmacéuticas, con lo que imponían un importante gasto al erario norteamericano, que invierte 80.000 millones de euros en la subvención de los gastos médicos de personas sin recursos y de la tercera edad.

La ambiciosa reforma sanitaria de Obama impuso mecanismos legales que a partir del año que viene obligarán a las empresas a publicar todas las donaciones económicas a profesionales de la medicina. En 2010, una investigación de la organización ProPublica recopiló los datos de hasta 12 empresas que, obligadas por diferentes acuerdos con las autoridades, revelaron el pago de 600 millones de euros a unos 17.000 médicos. De manera paralela, investigaciones del Departamento de Justicia como la que ha empujado a Glaxo a reconocer el fraude cometido, buscan exigir responsabilidades a aquellos que incumplan la legislación.

La Administración de Obama, que ha defendido anteriormente que “las relaciones con los profesionales pueden derivar en conflictos de intereses que afecten la toma de decisiones de los médicos”, describió este lunes la actuación de Glaxo como “el mayor fraude sanitario de la historia”. El Gobierno había acusado a la compañía, entre otras cosas, de compensar económicamente a facultativos, costeando los gastos de viajes a conferencias y dietas, y de llegar a publicar artículos médicos para promocionar sus marcas. La farmacéutica británica se une así a Pfizer, que en 2009 pagó una multa de 1.800 millones de euros tras reconocer que promocionó ilegalmente 13 medicamentos.

“Los médicos mantienen una amplia variedad de relaciones con diferentes hospitales más allá de sus intereses, pero conocemos muy poco sobre la prevalencia de estas relaciones y su impacto en la cantidad, calidad y coste de las medicinas que recetan”, afirma un informe de MedPac, la Comisión Asesora del Congreso para Medicaid, agencia que proporciona atención médica a personas sin recursos. Esta comisión redactó en 2009 varias recomendaciones para detectar y denunciar el impacto de estas estrategias en el trabajo de los facultativos. Entre ellas, pedía imponer a las farmacéuticas, distribuidoras de medicinas y material sanitario la revelación de sus relaciones con profesionales, hospitales y aseguradoras. “La línea entre relaciones adecuadas e inadecuadas puede no estar siempre muy clara, pero no hay duda de que tales interacciones deberían ser transparentes”, argumentaba entonces la agencia.

Un año después, el Congreso aprobaba la reforma sanitaria de Obama y obligaba a toda farmacéutica que opere dentro de EE UU a publicar cualquier donación ante el inspector general del Departamento de Salud. Esta figura será la encargada de detectar si hay consecuencias entre las cantidades donadas por más de mil empresas del sector y los posibles cambios en los medicamentos que recetan los profesionales o el material que emplean en determinadas intervenciones.