El Congreso elude prohibir que delincuentes cobren en televisión

Era la segunda vez que la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas reclamaba en el Congreso de los Diputados medidas legales para prohibir que las televisiones pagaran a los delincuentes por contar en los platós sus delitos. Pero ayer de nuevo fracasó, al menos parcialmente, en el intento. Solo consiguió que los grupos parlamentarios instaran a los operadores a establecer fórmulas para la autorregulación.

Oramas defendió en la Comisión de Justicia del Congreso una proposición no de ley para modificar la Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, con el objetivo de impedir que imputados y condenados —y también sus familiares y allegados— protagonizaran entrevistas televisivas remuneradas. Su propuesta perseguía que “quien tenga cuentas pendientes con la Justicia” no pueda enriquecerse ilícitamente con la televisión. “Es perverso e inadmisible”, expuso la diputada, “que un crimen genere beneficios a su autor solo por ir a un programa de televisión a contarlo”.

Tras esta iniciativa estaban las entrevistas emitidas en televisión a personajes como el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz (condenado por prevaricación y malversación), que pudo haber cobrado 350.000 euros, o al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán (condenado por malversación de caudales públicos), que recibió unos 50.000. El caso más reciente ha sido el de Rosalía García, la madre de El Cuco, juzgado por el asesinato de Marta del Castillo, que percibió unos 10.000 euros por una entrevista en el programa de Telecinco La noria.

Oramas planteó que este tipo de retribuciones afecta a la sensibilidad de todos los ciudadanos antes de instar al Congreso a que ponga fin a una práctica que ha calificado de “despreciable”. Por eso abogó por cambiar la legislación audiovisual para que se ilegalice “cualquier tipo de pago” a personas que habiendo sido condenadas por la Justicia tengan pendientes el pago de indemnizaciones o multas a la Administración. Al tiempo, insistió en la necesidad de hacer compatible esta medida con el respeto a la libertad de expresión.

El PP, el grupo mayoritario en el Congreso, censuró que los delincuentes comparezcan en los platós para jactarse de sus crímenes. Tras admitir que es “un hecho escandaloso”, dijo que cualquier tipo de iniciativa debe permanecer en el ámbito de la autorregulación para así preservar la libertad de expresión y la presunción de inocencia.

A la autorregulación se apuntó también CiU. Su portavoz, Montserrat Surroca, mantuvo que las situaciones descritas por Oramas son inaceptables porque ocasionan un dolor añadido a víctimas y familiares. Pese a apoyar el fondo de la iniciativa, CiU no respaldó la forma.

Mucho más tajante, e irónico, se ha manifestó el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, según el cual el único inconveniente de prohibir la presencia de los delincuentes en los platós es que los juzgados no podrían proceder al embargo de las cantidades que les pagan las televisiones. En un plano más serio, dijo que los operadores, como prestadores de un servicio público esencial, no tienen libertad absoluta. “Pero nadie tiene el coraje de recordarles que son un servicio público en el que no se puede decir cualquier cosa”.

Por Izquierda Plural, Gaspar Llamazares apoyó igualmente la propuesta, mientras que los socialistas optaron por la abstención por entender que la Ley Audiovisual ya recoge medidas para sancionar a las televisiones cuando emiten contenidos que vulneran la dignidad humana. El PSOE justificó la abstención porque, en su opinión, la enmienda transaccional ha desvirtuado la propuesta presentada por Coalición Canaria.

En el texto pactado se rechaza que "los  medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión realicen cualquier tipo de pago o prestación directa, o a través de tercero, a personas que, habiendo sido condenadas por la Justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas que les fueran impuestas, así como a sus familiares y allegados. El  Congreso "insta a los medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión para que acuerden los mecanismos de autorregulación que sean precisos para evitar acciones como las descritas".