Jubilados, a pagar

Estamos en el umbral de una nueva era. La próxima semana, España inaugura un inédito sistema mediante el cual la mayor parte de los jubilados van a dejar de disponer gratuitamente de los medicamentos. Es una medida que termina con una conquista social que perjudica a las arcas públicas, esas que ahora tienen prioridad, y que permite al Partido Popular presumir de respetar sus compromisos. Uno de ellos fue el de no tocar las pensiones. No lo hizo ni siquiera en sentido literal, de manera que en vez de compensar a los jubilados la reducción real de sus pensiones supuso en 2011 la congelación aplicada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se limitó a subir el IPC el año siguiente. Lo perdido, perdido está y siempre se le puede seguir culpando a los socialistas de esa falta de sensibilidad.

En una semana entra en vigor la medida conocida como medicamentazo, consistente en aumentar la aportación que cada ciudadano hace cuando compra una medicina y que romperá con ese beneficio universal del que venían gozando los jubilados. Ellos son los que generan a la sanidad pública el 70% del gasto en medicamentos, así que este Gobierno que tanto clamaba por sus condiciones de vida les exigirá ahora que se rasquen un poco más el bolsillo. A cambio no les congelan las pensiones; un buen lema para la próxima campaña electoral que se puede seguir sosteniendo, aunque sea el mismo partido el que apruebe una subida de la luz del 7% (como media) y obligue a pagar también parte del material ortoprotésico.

El medicamentazo ya está aquí. Los catalanes lo pagarán por partida doble, pues también tendrán que aportar una tasa de un euro por receta, recién entrada en vigor. El resto de los jubilados tendrán que pagar con el nuevo sistema entre 8 y 60 euros al mes como máximo en función de su renta. Hay quien dirá que no es mucho. Tampoco lo es el nivel de las pensiones españolas: la media es de 827 euros mensuales (se incluyen las no contributivas, incapacidades, etcétera).

Cuesta creer que no quedara más remedio que tomar una medida tan antisocial como esta. E irrita profundamente la falta de solvencia con la que se defiende esta fórmula. Durante lustros, nuestros gobernantes, incluidos los del PP, aseguraban que el copago farmacéutico en función de la renta generaba más gastos burocráticos que los ahorros pretendidos. Nunca lo demostraron, pero lo desechaban con una mirada altiva y el aplomo del que sabe lo que dice. Ahora, de la noche a la mañana, esta medida es la ideal y con ella se lograrán ahorrar 500 millones de euros, si bien las cifras que aporta este Gobierno no siempre coinciden. El embrollo burocrático ya no es un impedimento. La sostenibilidad del sistema está asegurada.

Hay, sin embargo, un elemento más en esta medida que mueve directamente a la indignación. A partir del próximo 1 de julio, el Estado —más bien las Administraciones autónomas— van a empezar a recibir mucho dinero; más que antes. Este no proviene de ningún fondo de estabilidad europeo, sino de los bolsillos de nuestros jubilados más enfermos. Ellos tendrán que pagar el 10% de todos los medicamentos que consuman aunque sobrepasen ese techo de los 60 euros. No es difícil que lo hagan porque del consumo de esas medicinas depende su bienestar cuando no su supervivencia.

El problema, esta vez sí, es burocrático. Como es difícil controlar cuánto ha pagado cada uno a lo largo del mes, Sanidad propone en su decreto de recortes que sigan pagando. Ya se les devolverá el dinero en un máximo de seis meses. La Junta de Andalucía está acelerando el funcionamiento de la tarjeta sanitaria electrónica para no tener que echar mano de ese sistema. Reembolsar el dinero es más caro que dejar de recaudarlo automáticamente cuando se llegue al tope mensual. Los que no dispongan de esta tarjeta tendrán que pagar y esperar.

Lo dicho, una nueva era; para olvidar.