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vida&artes

Mejor convencer que imponer la lengua al cine

Bruselas desautoriza el modelo de cuotas para el catalán, que no se aplicaba

Un acuerdo con las grandes del sector desactivó el conflicto

Las películas dobladas también pueden ser negocio

Una de las sesiones previas al doblaje en catalán de la película REC2 en un estudio de sonido de Barcelona.
Una de las sesiones previas al doblaje en catalán de la película REC2 en un estudio de sonido de Barcelona.

El pasado siempre vuelve a pedir cuentas. El actual Gobierno catalán creía haber solucionado el conflicto que enfrentó a sus predecesores del tripartito con los distribuidores y exhibidores de cine por la polémica ley que imponía cuotas de doblaje en catalán. El pacto firmado con el sector el pasado mes de septiembre, que haciendo una lectura un tanto particular de los artículos más polémicos, descarta las cuotas y las sanciones, funciona razonablemente bien. El Ejecutivo catalán entiende que el texto legal no obliga a llegar a un porcentaje determinado de cine en catalán, sino que lo fija como meta “si se establece una negociación con el sector”. Y en esto están.

El sector está ahora razonablemente satisfecho con el acuerdo y lo cierto es que, en poco tiempo, la presencia social del cine en catalán ha aumentado, aunque aún esté lejos de las cuotas que alcanzan otros sectores culturales como la literatura, donde el catalán ocupa un 20% del total, o los medios de comunicación, donde esta cifra puede llegar al 45%. Este es precisamente el argumento que se utiliza desde el Gobierno de CiU para justificar una legislación que acabe con la anomalía de la todavía muy escasa presencia del catalán en el cine.

Sin embargo, sin avisar, el pasado jueves, la Comisión Europea tiraba de la manta y anunciaba desde Bruselas que la norma catalana discrimina a las películas europeas al imponerles un doblaje o subtitulación que suponen sobrecostes de entre 2.000 y 77.000 euros, y daba al Gobierno de España dos meses de plazo para que ponga fin “a esas normas discriminatorias”. La paradoja es que Bruselas considera que la ley catalana favorece al cine “español”, y de paso al latinoamericano, frente a las demás cinematografías europeas.

La paradoja es que la ley de la Generalitat favorece al cine en español

La pelota está ahora de nuevo en el tejado del Gobierno catalán, más concretamente en el del Parlamento, que deberá modificar el texto legal, como ya ha admitido implícitamente el consejero de Cultura Ferran Mascarell anunciando que hablará del problema con los grupos políticos. Entre los expertos hay consenso sobre los importantes defectos del texto legal, pero habrá que ver cómo CiU, en minoría en la Cámara, consigue ahora imponer una modificación de la ley sin abrir la caja de Pandora.

La historia de esta polémica ley arranca a principios de 2010, cuando el Gobierno presidido por José Montilla ya empezaba a dar claros signos de fatiga y se vislumbraba el adelanto electoral que iba a devolver a CiU al poder. Impulsado por Esquerra Republicana, que ocupaba el departamento de Cultura, el Ejecutivo aprobó una ley del cine, que el Parlamento catalán ratificó por una amplísima mayoría, incluidos los votos de CiU, poco antes del verano. Si por un lado la ley regulaba el sector de una manera razonable, por otro obligaba, bajo amenaza de sanciones, a que en un plazo de cinco años las películas dobladas o subtituladas que se estrenaran en Cataluña tuvieran la mitad de las copias en catalán.

El texto legal no se había negociado con el sector, sino contra el sector. Para más inri, el titular de Cultura, Joan Manuel Tresserras, protagonizó un sonado enfrentamiento con la industria norteamericana del cine —las llamadas majors— que fue in crescendo conforme se acercaban las elecciones y que, básicamente, tuvo un efecto contrario al deseado, pues los estudios de Hollywood redujeron aún más las pocas películas que doblaban al catalán, protagonizaron un curioso cierre de salas e incluso retiraron su aportación al Festival de Cine de Sitges. Era la guerra total. Si en 2009 la presencia del cine en catalán rozaba el 3%, el año siguiente cayó al 0,63%.

La presencia del
catalán en las salas
se ha disparado en
el último año

El Gremio de Empresarios de Cine de Cataluña advirtió entonces a la Generalitat que, en su opinión, la ley vulneraba la normativa europea, concretamente los artículos 17 y 18 de la ley que imponen el doblaje o subtitulación al catalán del 50% de las películas distribuidas en Cataluña, a excepción de los títulos en español. El catedrático Ramón Torrent compareció ante la Comisión de Cultura y señaló que el texto legal vulneraba el principio de igualdad al discriminar las películas europeas respecto a las españolas. Ninguno de estos argumentos convenció a los legisladores, que ya se lanzaban a la campaña electoral compitiendo por quién se radicalizaba más.

Tras la tempestad llegó la reflexión. Pese a haber votado a favor, una de las primeras cosas que hizo Artur Mas cuando llega a la presidencia de la Generalitat en noviembre de 2010 fue intentar desactivar el conflicto. El nuevo consejero de Cultura, el exsocialista Ferran Mascarell, y su numero dos, el director del Instituto Catalán de Empresas culturales (ICEC), Félix Riera, se pusieron manos a la obra y abrieron negociaciones con los distribuidores. Riera viajó a Los Ángeles para negociar con las majors y en septiembre de 2011 anunciaron un acuerdo que descartaba cualquier tipo de sanciones y cuotas —pese a que están previstas en la ley— y aumentaba las subvenciones al doblaje y subtitulado desde 600.000 euros a 1,4 millones.

Una larga batalla del catalanismo

  • Fue el último Gobierno de Jordi Pujol el que abrió el frente del doblaje del cine al catalán hace 14 años.
  • Las majors, los grandes estudios de Hollywood, se opusieron frontalmente ya en el año 2000, por considerar que ceder supondría abrir otros frentes lingüísticos, aunque gracias a un proceso de negociación, se estrenaron anualmente una veintena de títulos doblados al catalán.
  • La Ley del Cine de 2010, aprobada sin una previa negociación con el sector, desata la guerra del cine, incluido un cierre de salas por parte de los exhibidores.
  • El polémico artículo 18 de la ley establece que las empresas distribuidoras deberán doblar o subtitular al catalán la mitad de los filmes que se estrenen en Cataluña, cuota de la que están exentas las películas españolas en versión original en castellano.
  • La norma también exime de la obligación de doblar o subtitular a aquellas películas de las que se exhiban menos de 16 copias.
  • El acuerdo actual no se centra en el número de salas con películas dobladas ni en general en el volumen de películas, sino que busca potenciar la cuota de espectadores.

El pacto que fue acogido muy favorablemente por el sector. “En Fedicine y el gremio seguimos apostando por llegar a un acuerdo de fomentar el uso del catalán en el cine, pero que no se base en las cuotas”, explicaba este viernes Pilar Sierra, que recordaba que los distribuidores y exhibidores han aplicado el acuerdo que implica que las películas dobladas o subtituladas al catalán se estrenen en 25 o 26 cines. Lo cierto es que el acuerdo del pasado mes de septiembre supone que la ley de cine catalán no se aplica, al menos en sus artículos polémicos.

Pero Fedicine, la organización que agrupa al 90% de las empresas de distribución cinematográfica, y el Gremio de Empresarios de Cine de Cataluña, ya habían presentado su denuncia ante la Comisión Europea, que ahora ha dictaminado basándose, no en cuestiones lingüísticas ni competenciales, sino en los simples principios de la competencia, considerando que la ley es “discriminatoria” porque se aplica de manera diferente a las películas en español que a las de cualquiera de los distintos idiomas europeos.

Lo que ha hecho la Comisión Europea es emitir un dictamen motivado, una especie de aviso al Gobierno español, advirtiéndole de que algunos aspectos de la citada ley son contrarios al derecho europeo. En caso de que la ley no se cambie en el plazo de dos meses dado por Bruselas, la Comisión Europea lo que hace es dirigirse al Tribunal de Justicia, que es el encargado de estudiar el caso y de decir si se ajusta al derecho comunitario o no. La Comisión Europea ha dirigido el dictamen al Gobierno español porque es su interlocutor, pero como las competencias son de la Generalitat le corresponde al Ejecutivo catalán realizar los cambios que le exige Europa. Desde la Administración central, se seguirá el desarrollo de este cambio normativo.

Elena Artacho, presidenta de Fedicine desde el pasado mes de enero, se mostró satisfecha con la decisión de la Comisión Europea, pero reconoció que de hecho la ley ya no se está aplicando. El acuerdo, firmado por Fedicine, los exhibidores catalanes y el Gobierno de la Generalitat, aboga por un apoyo decidido por parte de distribuidores y empresarios de salas al cine en catalán, comprometiéndose a estrenar cada vez más títulos doblados al catalán o en versión original subtitulados, además de aumentar el número de pases de estas películas. Según Artacho, es este acuerdo el que se viene aplicando desde entonces en el territorio catalán. “Nosotros estamos en contra de todo tipo de cuotas”, añadió Artacho, “y esa fue la razón de nuestra denuncia ante la Comisión Europea”.

Cultura valora que Bruselas acepte la protección de la lengua

El sector podría incluso haber descubierto que la presencia en el mercado de copias en catalán —dobladas o subtituladas— puede incluso ser un buen negocio. Esto se produce especialmente en muchas películas infantiles y juveniles, concretamente en aquellas que provienen de obras literarias que tradicionalmente han sido difundidas con éxito en catalán, como sería el caso de la serie de Harry Potter o la película de Peter Jackson, producida por Steven Spielberg sobre el personaje de Tintín, El secreto del unicornio, que han sido leídas en catalán por muchos niños y jóvenes. Prueba de esto es el hecho de que, incluso en plena guerra del cine, los distribuidores norteamericanos doblaron al catalán un buen número de copias del último Harry Potter.

Desde que entra en vigor el acuerdo la presencia del catalán aumenta de forma exponencial. Si entre septiembre de 2010 y mayo de 2011, el número de espectadores en catalán de películas de las majors es de 62.203 (un 0,51% de cuota), entre septiembre de 2011 y mayo de 2012 la cifra de espectadores se cuadruplica, superando los 250.000. No son estos los únicos espectadores de cine en catalán. En 2010, por ejemplo, incluyendo las producciones catalanas —es un año excepcional gracias a Pa negre y otras 22 películas catalanas— suponen un 6,25% del total de espectadores.

Los productores se quejan de la compleja normativa en Europa

Desde la Secretaría de Estado de Cultura se valoró muy favorablemente el hecho de que la Comisión Europea considere objetivo fundamental la protección de la cultura y, en particular, la diversidad lingüística, aunque admitió que la Comisión tiene dudas con respecto a las restricciones a las libertades de circulación basándose en la protección de la diversidad lingüística en el caso concreto de la ley catalana. Como la competencia en este asunto es de la Generalitat, Cultura advirtió de que las medidas oportunas deberán venir del Ejecutivo catalán. “Somos conscientes de que las instituciones catalanas han indicado ya su intención de introducir los cambios técnicos en el sentido indicado por la Comisión Europea. Dentro de un marco de cordialidad institucional, seguiremos con interés el desarrollo de dicha modificación, dado que el incumplimiento del derecho europeo, en su caso, se imputaría al Estado en su totalidad”, añade la nota oficial de la Secretaría de Estado de Cultura.

Susana de la Sierra, en conversación con este periódico, calificó de sensata la decisión del Gobierno de la Generalitat de buscar soluciones técnicas y jurídicas, en conversaciones con todos los partidos políticos, y añadió que todavía es prematuro el adelanto de cualquier medida

Quien está sorprendido con la decisión de Bruselas es Pedro Pérez, presidente de los productores, que considera que no representa más que la industria europea del cine y viene a romper el equilibrio que se consiguió a raíz del acuerdo firmado por todas las partes en septiembre de 2011. “La complejidad normativa de Bruselas hace más complicada la explotación y comercialización de lo que producimos en Europa con respecto a lo que viene de EE UU”, añadió Pérez.

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