Las necrófagas se apuntan al basurero

Buitres leonados y alguno negro (vulnerable), milanos negros y reales (en peligro de extinción) y cientos de cigüeñas blancas, entre otras especies, se entremezclan en la planta de residuos sólidos urbanos de Ávila, sin prestar mayor atención a una excavadora que, a su lado, remueve la inmundicia con parsimonia. Buscan algo para comer y en muchos casos ingieren plásticos. No es un hecho puntual, ni es el único lugar de España donde ocurre: los basureros se han convertido en el supermercado de muchas aves y en verdaderos observatorios ornitológicos.“Lo que más asombra es ver a las carroñeras, que comen cadáveres, en estos lugares. Hace unos años era impensable”, denuncia José Aguilera, responsable del colectivo ecologista Azálvaro, que ha puesto en marcha el sistema ARCAN, para transportar los restos de ganado a los muladares autorizados y recuperar así su función como puntos de alimentación suplementarios de estas especies.

El problema tiene su punto de partida en 2000 con la aparición de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) o enfermedad de las vacas locas. El temor a un contagio provocó la prohibición de abandonar animales muertos en el campo y en los pequeños muladares de las explotaciones ganaderas. Las carroñeras se quedaron sin su principal fuente de alimentación. Nadie pensó que en la Península Ibérica vive más del 50% de la población europea de estas aves y que en España se reproduce el 98% de la población europea de buitre negro (2.068 parejas reproductoras), el 94% del leonado (25.541 parejas), el 82% del alimoche (1.452 parejas) y el 66% del quebrantahuesos (113 parejas), según datos de SEO/Birdlife y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En la Península Ibérica vive más del 50% de la población de necrófagas de Europa

Se creó una red de empresas que se encargan de la recogida de los restos animales, con lo que la mayor parte de las 380.000 toneladas de carroña que se producen al año en España acaban en plantas de incineración. Aguilera pone el ejemplo de los comederos de la provincia de Segovia donde, según cálculos de la dirección general del Medio Natural, se deberían depositar 381.460 kilos anuales y "en 2011 solo se dejaron 74.825”, indica.

Mantener el sistema actual, que cubre a la casi totalidad de los bovinos y al 90% de ovinos y caprinos, costó el año pasado 141.961.347 euros. El importe lo pagan a medias el ganadero y la Administración (central y autonómica). Este es uno de los motivos por los que ha sido tan bien recibido el último Real Decreto de noviembre de 2011, que permite la creación de zonas de protección donde las explotaciones ganaderas extensivas podrán dejar los cadáveres como antaño. “Esta claro que para esos lugares va a suponer un abaratamiento y una vuelta al comportamiento natural de los animales”, sostiene Carlos Polaina, responsable técnico de seguros agrarios de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Ahora la pelota está en el tejado de los diferentes gobiernos autonómicos, que deben trasponer la normativa a su legislación. “A día de hoy todo sigue más o menos igual y el problema es que además de la dieta han cambiado otros comportamientos. Se acercan más a la gente, se meten en las explotaciones e incluso hay denuncias por ataques al ganado”, asegura José Antonio Donázar, investigador especialista en necrófagas del CSIC. En su opinión, la solución se encuentra en la creación de muchos pequeños muladares, donde la comida llegue en cantidades no muy grandes y de forma un poco impredecible, “para que no se concentre en unos pocos puntos y se produzcan competencias fuertes”.

El problema que supone la falta de muladares está claro para José Luis Iranzo, ganadero de ovino y caprino en Teruel y responsable de producción ganadera de COAG. "Lo mejor sería volver a los sistemas de antaño y que si una oveja se te muere en la montaña, la dejes allí. Ahora hay unos pocos muladares para mucho territorio y se producen unas concentraciones de aves tremendas", comenta. Aunque se permitiera esta práctica, Iranzo piensa que el problema es mucho más grave, porque han cambiado hasta costumbres de anidamiento, "ahora puedes ver a algunos anidando en lugares llanos porque están más cerca de la comida".

SEO/Birdlife está de acuerdo en que el cambio de legislación contribuirá a la conservación de las especies necrófagas y a la reducción de los costes medioambientales de la recogida de cadáveres. "Calculamos que los buitres consumen al año 10.000 toneladas de carroña, dejarles a los animales muertos para que se los coman evitaría la liberación de 193.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, que produce la actual gestión de los restos".

Fuentes ministeriales indican que hasta la fecha no se ha detectado un cambio de comportamiento en estas aves debido a que la normativa está dando sus primeros pasos. De momento, solo La Rioja, Andalucía y Cantabria han declarado oficialmente sus zonas de protección.