¿Qué esconden los cambios de Educación para la Ciudadanía?

FETE-UGT ha defendido, desde el inicio y a través de distintos medios, la necesidad y la legalidad de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, dado que, desde su configuración, responde a los objetivos y contenidos marcados por el Programa Mundial de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos y las directivas y recomendaciones del Consejo de Europa.

Me pregunto por qué el Gobierno elige como una de las primeras acciones en materia de educación (en un momento de duras políticas de recorte en el sistema educativo) la modificación de la asignatura de Ciudadanía, basándose, tal y como muestran las últimas declaraciones, en juicios de valor sobre un hipotético “adoctrinamiento ideológico” realizando desde esta. No entiendo cuál es el problema real para un cuestionamiento tan intenso y una prioridad tan marcada por parte del PP, si tenemos en cuenta que:

• El fallo del Tribunal Supremo sobre la asignatura fue que era concebida como cualquier otra y clarificó, ya en el año 2009, que jurídicamente era de obligado cumplimiento, por lo que desautorizaba la pretendida objeción de conciencia.
• Se fundamenta, como ya hemos afirmado en la Constitución, en las Directivas y Recomendaciones de la UE y en los Tratados Internacionales ratificados por España.
• La crítica o cuestionamiento no se realiza desde una valoración objetiva de los resultados obtenidos por la asignatura en el periodo que lleva implantada. No existen razones objetivas de tipo pedagógico ni jurídico que justifique esta reforma legislativa.
• Los verdaderos problemas o déficits del sistema educativo se encuentran, entre otros, en la alta tasa de abandono escolar y fracaso escolar, en el fracaso de orientación académica de los/las alumnos/as, en los bajos indicadores de calidad del sistema, y en una deficiente formación inicial y permanente del profesorado.

Quizá la razón haya que buscarla, en que el PP, antes en la oposición y ahora desde el Gobierno, y bajo la presión de los sectores más conservadores de la Iglesia católica, sigue entendiendo la educación asignada a la escuela, exclusivamente, como la transmisión de conocimientos, reservando a la asignatura de religión y al ámbito privado la educación en valores y la educación para la ciudadanía. Y, por lo tanto, la intención real sería suprimir la asignatura, tal y como ya están planteando algunos Consejeros de Educación en las comunidades autónomas gobernadas por el PP. El problema es que el Gobierno no puede suprimir la asignatura, sin desatender las recomendaciones internacionales, relativas a la obligación de la inclusión de esta materia como materia independiente del currículo.

Asimismo, no entiendo por qué el Gobierno sitúa como prioridades en el debate sobre Educación elementos no prioritarios para mantener una polémica “innecesaria” y, en consecuencia, para no abordar lo realmente importante, que son las necesidades y problemas detectados en el sistema educativo español. Las prioridades en el ámbito de la asignatura deberían ser, más que modificar los objetivos y contenidos; aumentar la carga horaria asignada por considerar la actual como insuficiente, promover y facilitar la formación específica del profesorado y la reglamentación de la ley, que permita homologar, evaluar el trabajo y sancionar a quienes tergiversen o eludan su cumplimiento. Si el objetivo de la reforma no fuese solo recortar contenidos a demanda de cierta clientela, sino mejorar la enseñanza en la materia, habría cabido al menos revisar el horario asignado y anunciar, algún plan formativo orientado al perfeccionamiento docente.

En un análisis más detallado de las modificaciones propuestas en el Proyecto de Real Decreto de modificación del RD 1513/2006 y del RD 1631/2006, sobre los objetivos y contenidos de la asignatura, desde FETE-UGT destacamos:

- La eliminación de conceptos y contenidos respecto al reconocimiento de la diversidad en los modelos familiares y la diversidad en la orientación sexual. No nombrarlos es no reconocer su existencia y dejar demasiado margen a la comunidad educativa para decidir no abordarlos según el tipo de escuela o en función de las creencias del profesorado.

- Omisión total de los aspectos emocionales y afectivos como parte del aprendizaje y desarrollo personal. La causa, entendemos, debe ser otra vez considerar que dichos aspectos exceden el ámbito de la educación y la escuela, negándole a la esta, y por tanto al Estado su aportación y responsabilidad. Entendemos que la reforma no ha contado con la opinión de expertos, puesto que no puede haber desarrollo cognitivo sin desarrollo emocional. No se puede ir contra los principios ideológicos y pedagógicos que fundamentan la asignatura, y que han sido generados desde una larga trayectoria, iniciada en 1995 en el ámbito internacional y el seno de la UE.

- Eliminación del estudio y reflexión sobre las causas que provocan la violación de derechos humanos, la pobreza y la desigualdad. Se eliminan, las referencias a la globalización económica y cultural y sus consecuencias en materia de vulneración de derechos humanos, impacto ecológico, existencia de conflictos violentos o explotación económica, cultural y sexual. Parece claro que los desafíos que plantea el modelo de desarrollo económico, social y cultural actual sólo pueden ser enfrentados por una ciudadanía crítica; para lo que es imprescindible promover la capacidad de análisis de la realidad, y sobre todo de las causas que generan dicha realidad. Curiosamente, aunque se elimina el análisis de las causas, después se utiliza como criterio de evaluación. No preguntamos, cómo podemos evaluar sin abordar en los objetivos y contenidos este análisis.

- Eliminación del estudio y análisis de la desigualdad de género. Se elimina de los objetivos cualquier referencia en este ámbito y se establece como contenido la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Otra vez, la reforma se ciñe a un tono “legalista”, sin posibilidad de análisis sobre las causas y consecuencias de la desigualdad y discriminación de género. Como consecuencia no se hace referencia alguna a ámbitos tan importantes como la relación igualitaria entre sexos o la violencia de género. Esta omisión no es neutra, sino que parte del argumentario mantenido durante años por el PP contra la supuesta ideología de género que les sirvió para descalificar duramente la asignatura de EpC.

Finalmente la reforma no se limita a eliminar objetivos y contenidos prioritarios, como los ya enunciados, sino que además, introduce nuevos contenidos, propios, esta vez sí, del ideario o ideología del Partido Popular, entre los que cabe destacar:

- Dimensión económica de la sociedad humana. El papel de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor. Las ONGs y la Sociedad civil. Lo más sorprendente, es que se vincule en un mismo epígrafe la dimensión económica o iniciativa económica al mundo de las ONGs y la sociedad civil.

-Introducción del término moralidad humana o posturas morales como sustituto de otros términos, consensuados en la normativa y en la pedagogía como son: educación ética y democrática, igualdad de derechos, respeto a la diversidad, discriminación, interculturalidad, etc. Parece que se sigue intentando imponer la moral católica, basada en la ley natural, a todo el sistema educativo.

- Alusión constante a la simbología del Estado Nacional, y vinculación de la ciudadanía a la nacionalidad y al cumplimiento de la ley. Esta visión reducida del concepto de ciudadanía, contradice la visión amplia del término que hace el Consejo de Europa[7] y que abarca cuestiones relativas a los derechos y las obligaciones, pero también ideas de igualdad, diversidad y justicia social. Ya no basta con limitar la idea de ciudadanía al acto de votar. Debe incluir también el conjunto de acciones ejercidas por una persona que inciden en la vida de la comunidad (local, nacional, regional e internacional).

- Los derechos humanos y el respeto a la vida y a la dignidad humana en el contexto de la nueva biotecnología. Otra vez, nos encontramos con la injerencia e imposición de la iglesia católica. Desde nuestra valoración, entendemos que bajo este epígrafe las escuelas confesionales o el profesorado puedan fundamentar, cómodamente, campañas contra el aborto y cualquier forma nueva de control de la fertilidad u otras campañas dirigidas a controlar o vetar el ámbito de la investigación científica.

Por último, la descabellada idea contenida en el proyecto de Decreto, vinculando el concepto de nacionalismo a exclusión social (nacionalismo excluyente), colocada además en el mismo párrafo donde se alude al terrorismo, a los Estados fallidos, y al fanatismo religioso, constituye un verdadero dislate que por suerte ha tenido que ser retirado, como consecuencia de la protesta de la Generalidad de Cataluña.

En el seno de la UE se han producido varias llamadas de alerta, respecto a los problemas y necesidades y sus causas, que muestran que los enfrentamientos sociales y religiosos se encuentran latentes. El aumento o visibilidad de la corrupción, el racismo, la xenofobia, la violencia de género, la intolerancia religiosa e incluso la violencia que empieza a surgir en los centros escolares son indicadores preocupantes de posibles rupturas sociales. En este sentido, desde FETE-UGT consideramos que prioritario adoptar las medidas oportunas para poner coto a estos problemas e iniciar caminos estratégicos capaces de evitar esa fractura social. Para ello, es necesario promover y potenciar la reflexión de la sociedad en general y de la comunidad educativa, en particular, desde un enfoque objetivo y constructivo, alejado de los estereotipos que propician intereses partidistas, en ocasiones, opuestos a la cohesión social.

No existen razones que justifiquen la derogación y sustitución de la norma precedente y el proyecto de decreto es innecesario, contraproducente y pedagógicamente estéril. Por todo ello, desde FETE-UGT solicitamos la retirada del Proyecto de Real Decreto por el que se modifican los objetivos y contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Carlos López Cortiñas es secretario general de FETE-UGT