Cataluña crea un fichero para el control de prostitutas y clientes

La Generalitat de Cataluña tendrá informaciones en sus archivos referentes a personas que ejercen la prostitución y personas que pagan por ella. Una orden, publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), establece la creación de un fichero en el que constará el nombre y apellidos, el DNI, la dirección, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el tipo de infracción administrativa y “datos especialmente protegidos (naturaleza sexual)” de las personas que infrinjan el artículo 56.4 de la Ley de Carreteras.

Ese artículo tipifica como grave la ocupación de manera temporal de las zonas de dominio público de las carreteras para negociar servicios de naturaleza sexual porque supone un peligro para la seguridad vial. Y multa con hasta 30.000 euros tanto a clientes como a prostitutas. Se trata de una reforma pionera que aprobó el Gobierno de la Generalitat, liderado por Artur Mas (CiU), con la intención de prohibir la prostitución de carretera. La medida lleva aparejada también la polémica creación de un fichero donde constarán datos delicados sobre la vida sexual de las personas.

Protección de Datos ha dado luz verde a la puesta en marcha del archivo

Esa información se usará, según se señala en el DOGC, para “recoger los datos de las denuncias, tramitar y resolver los expedientes sancionadores, recaptar las sanciones y extraer los datos para elaboraciones estadísticas”. “Ante este nuevo tipo de sanción, necesitamos un fichero”, explicó ayer una portavoz del Departamento de Interior, dirigido por Felip Puig. Los archivos serán de carácter confidencial y secreto. El fichero entra en vigor este miércoles lo que permitiría a los mossos empezar a multar en las carreteras.

El comprometido fichero está avalado por un informe de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT, homóloga de la agencia española). “Ninguna duda puede ofrecer que la recogida de datos sobre determinadas personas como demandantes u ofertantes de servicios sexuales a cambio de remuneración permite identificar una persona, obtener un perfil sexual y puede suponer una amenaza para el individuo”, recoge el informe. “Piénsese, por ejemplo, en las repercusiones que una información de este tipo puede tener en el ámbito familiar, laboral o en la imagen social del individuo”, añade. Este tipo de datos, junto a las informaciones relativas al origen racial y a la salud, solo se pueden recoger por “razones de interés general”, esgrime la Autoridad. Pero a pesar de eso, la APDCAT considera que los motivos que esgrime la Generalitat, multar por poner en grave peligro la seguridad vial, habilita para su recogida. En su informe, solo pide a la Generalitat que haga una referencia explícita sobre la infracción que recoge el artículo 56.4 de la Ley de Carreteras y que se elimine la palabra “consulta” sobre los usos posibles de los datos. Algo que el Gobierno catalán ha aceptado.

Para los grupos de apoyo
a mujeres, es solo una forma
de estigmatizarlas

El manejo de este tipo de datos ya ha sido objeto de polémica con anterioridad. El Ayuntamiento de Barcelona fue expedientado por la misma agencia que ha dado el visto bueno al fichero de la Generalitat porque recogía el DNI y la dirección de prostitutas y clientes a los que multaba en la calle, algo que el Consistorio recurrió. La diferencia entre ambos casos radica en que el Consistorio se regía por una ordenanza municipal, mientras que la Generalitat se apoya en una ley.

Distintas asociaciones y entidades lamentan que la Administración tenga en sus ficheros detalles tan sensibles sobre la vida sexual de las personas, sobre todo, de las mujeres. “Nosotros, normalmente, ni siquiera damos los nombres de las personas a las que tratamos. Es una forma más de estigmatizar a las mujeres”, se queja Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida. “El tema se aborda como un problema para la seguridad vial, pero luego se recogen datos de otro tipo... Hay que tratarlo seriamente, desde una perspectiva de la problemática social”, se queja la portavoz de la entidad Genera, Clarisa Velocci. “Lo que más nos preocupa es que con toda la penalización y la criminalización hacia las prostitutas, al final terminen escondiéndose o las metan en pisos cerrados, en los que no se tenga acceso a ellas y eso las haga aún más vulnerables”, sentencia Helga Flamtermesky, del proyecto Mujer-Frontera.