Un poder judicial de derechas por siempre

Para algunos es un golpe de mano de mayor trascendencia que el cambio de sistema de selección del presidente de Radio Televisión Española y que afectará al equilibrio de fuerzas en nuestra democracia dejando el gobierno de un poder del Estado, el Judicial, en manos de la derecha. De forma permanente. Para otros es un cambio absolutamente necesario para acabar con la politización del órgano de gobierno de los jueces, aumentar su independencia, evitar su descrédito e impedir que actúe como correa de transmisión de los partidos representados en el Parlamento.

El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de modificar el sistema de nombramiento de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que 12 de ellos, los procedentes de la judicatura, sean elegidos por los propios jueces, ha vuelto a poner en pie de guerra a PSOE y PP, 27 años después de la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que estableció el método de selección aún vigente. Desde 1985, los 20 vocales los eligen las Cortes —10 el Congreso y 10 el Senado— con la única salvedad de que 12 de ellos deben provenir de la magistratura. Estos últimos se eligen entre una lista de 36 propuesta por las asociaciones judiciales y los jueces no asociados, desde que así lo pactaran PP y PSOE en el Pacto de Estado por la Justicia de 2001. Antes de la aprobación de la ley, estos últimos consejeros los seleccionaban directamente los propios jueces mediante su voto. Ese es el sistema al que ahora pretende volver el Gobierno.

Los socialistas han puesto el grito en el cielo al considerar que la propuesta cambia radicalmente las reglas del juego. “Lo que propone el Gobierno es un atentado al corazón de la independencia del Poder Judicial”, explica Julio Villarrubia, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso. “Lo venden como un arreglo a la contaminación política del Consejo, pero en realidad, lo que quieren es perpetuar a la derecha judicial en el control de un órgano político”, añade el diputado, que avisa de que, si la propuesta del PP sale adelante, el PSOE considerará rotos todos los consensos en materia de Justicia. Villarrubia subraya que los jueces son un colectivo escorado a la derecha en el que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte conservador, es la mayoritaria.

El Ejecutivo dice que quiere acabar con la politización del Consejo

En gran parte fue la lucha contra ese conservadurismo judicial lo que motivó el cambio de sistema de elección de vocales en 1985. El culpable fue el diputado Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra (EE), que presentó la enmienda —a la que se adhirió el PSOE, por entonces con mayoría absoluta— para que todos los consejeros, y no solo ocho, fueran seleccionados por el Parlamento por mayoría de tres quintos, lo que obligaría a los partidos a ponerse de acuerdo.

El debate de la enmienda Bandrés en el Congreso fue, básicamente, el mismo que se acaba de reabrir. El padre del actual ministro, José María Ruiz-Gallardón, entonces portavoz de Alianza Popular, defendió la misma postura que hoy defiende su hijo y se opuso airadamente a la propuesta al advertir de que si se aprobaba que las Cortes eligieran a todos los vocales —como finalmente se hizo— la consecuencia sería “la ideologización” del Consejo. Bandrés y los socialistas le acusaron —como ahora— de intentar eternizar las posturas conservadoras que dominaban el órgano. “El Consejo está hoy ideologizado mayoritariamente en un determinado sentido”, mantuvo el diputado de EE. “Me van a preguntar ustedes en cuál; pues no hay más que ver cómo se pone don José María [Ruiz-Gallardón, el padre] cuando se habla de esta enmienda”, añadió entre las risas de la izquierda.

Era, pues, el control político del órgano lo que estaba detrás de la cuestión. Cinco años antes, en las únicas elecciones judiciales al Consejo, celebradas el 15 de mayo de 1980, la conservadora APM se había hecho con los 12 vocales de extracción judicial. En el Gobierno socialista existía un miedo lógico a que esa asociación controlara los nombramientos en el Tribunal Supremo y en los tribunales superiores. Pero además, solo habían pasado siete años desde la aprobación de la Constitución y una parte importante de la judicatura no se había adaptado a la democracia. Y se notaba en sus resoluciones.

La conservadora
APM es la mayoritaria
en la carrera

Hoy no quedan jueces franquistas, pero nadie niega que la carrera sigue estando escorada a la derecha, lo que, es de esperar, tendrá reflejo en las elecciones a vocales del Consejo que pretende retomar el Gobierno. Entre los 5.171 jueces españoles, la conservadora APM sigue siendo la más representativa con 1.211 miembros, le sigue la moderada Francisco de Vitoria (595 miembros), la progresista Jueces para la Democracia (JpD, 490 miembros), Foro Judicial Independiente (293) y la Asociación Nacional de Jueces (5). Más del 50% de la carrera no está asociada.

“Una parte esencial del problema”, mantiene Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y miembro de la progresista y minoritaria JpD, es “el viejo sistema de oposición” para acceder a la carrera que genera también “un viejo modelo de juez formado de espaldas a la vida real en el puro recitado de temas”, según el magistrado. “Es un método de selección fundado en el mero ejercicio de la memoria, que empobrece culturalmente y, con ello, predispone al conservadurismo”, añade. Pero en su opinión, su pervivencia es culpa de los políticos, y más concretamente del PSOE, que ha tenido la oportunidad de cambiar el sistema de acceso para generar más pluralismo y no lo ha hecho a pesar de contar en varias ocasiones con la mayoría necesaria.

Para poder acceder a la magistratura hay que tener ingresos suficientes. Tras terminar la licenciatura en Derecho hace falta pagar un preparador de oposiciones —muchos jueces hacen este trabajo para mejorar sus ingresos— y, sobre todo, tener una media de cinco años más para hincar los codos sin tener la seguridad de obtener la plaza y sin recibir por ello un solo euro de salario. Así, lo normal es que los jóvenes jueces provengan de sectores acomodados en los que predominan las ideas conservadoras.

“Las asociaciones están
atadas a los partidos”, dice
un juez del Supremo

Pero, aun admitiendo que la magistratura es de derechas, Perfecto Andrés Ibáñez prefiere el antiguo sistema de elección de vocales —el que propone ahora el Gobierno, que sean los jueces quienes elijan a 12 de los 20 vocales del Consejo— aunque mediante una regla proporcional que garantice el acceso a todas las ideologías. “El actual modelo ha atado a las asociaciones de jueces a los partidos”. Como estos escogen los vocales entre sus asociados, el resultado es que el Consejo se divide entre las propuestas de las formaciones políticas, según Andrés. “La dinámica democrática del órgano queda cercenada. Mandan los partidos. Aunque los jueces también tienen su responsabilidad”, continúa el magistrado, que insiste en que sean los propios jueces los que voten. “No hacerlo sería como en la República, cuando parte de la izquierda se opuso al sufragio femenino por considerarlo de derechas”, concluye.

Javier Martínez Lázaro, magistrado de la Audiencia Nacional, exvocal de la comisión de Escuela Judicial del Consejo y compañero de Perfecto Andrés en JpD, discrepa.

Defiende el sistema actual de designación del Consejo y no cree que sea la carrera la que deba elegir vocales porque “la justicia no es de los jueces, sino de los ciudadanos y la soberanía nacional residen en el Parlamento”. Martínez Lázaro avisa además de que el sistema propuesto por Gallardón incrementará el corporativismo en uno de los estamentos más corporativos. Y que eso no solo afectará a las sanciones a los magistrados —como ahora— sino también a los nombramientos. “En lugar de motivos políticos podrían ser los propios intereses profesionales de los jueces los que los motivaran”, dice. Y entre esos intereses está el sueldo, la evaluación de su rendimiento, la aplicación de su régimen disciplinario...

El cambio puede traer
más corporativismo
al órgano

Pablo Llarena, portavoz de la APM, la asociación conservadora, no niega ese riesgo y cree que el sistema de elección que propone Justicia puede generar comportamientos más sindicales que de interés público. “Y la función del CGPJ no es solo regular las condiciones laborales de los jueces, también velar porque 48 millones de españoles puedan ejercitar sus derechos”, recuerda. Pero, como ha hecho su asociación desde 1985, defiende la reforma “para que las decisiones del Consejo no se tachen de seguidismo político y se rijan por criterios más legalistas, más técnicos...”. A diferencia de sus compañeros, Llarena, además, no cree que las elecciones a vocales vayan a dar necesariamente un sesgo conservador al órgano. “No creo que la judicatura sea más de derechas que de izquierdas”, afirma el portavoz de la APM, la favorita en unos futuros comicios al ser la más numerosa.

Sea cual sea el sistema de selección de vocales, el sesgo ideológico o el corporativismo del CGPJ importan. Porque desde ese órgano se nombran magistrados del Constitucional y del Supremo, entre otros cargos, que fiscalizan al Gobierno. Además, informa todos los proyectos legislativos que tienen que ver con juzgados y tribunales. En suma, el Consejo hace política. Y mucha.