Las autonomías podrán privatizar las televisiones públicas

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley que da vía libre a las comunidades La norma impide que las televisiones tengan desequilibrios presupuestarios

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a las comunidades autónomas para que puedan privatizar las televisiones públicas. El anteproyecto de ley ad hoc, que será remitido al Parlamento, da libertad a los Ejecutivos regionales para explotar una televisión con sus propios medios (técnicos y humanos), para externalizar determinados servicios, o para sacar a concurso la licencia y cederle la gestión a operadores privados. Si una comunidad opta por explorar la televisión directamente, el ente público tendrá que cumplir los principios de estabilidad presupuestaria. “No se permitirán desequilibrios en los gastos e ingresos”, declaró tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La norma se tramitará por el procedimiento de urgencia, con lo que entrará en vigor este año.

Con esta reforma, el Gobierno busca una mayor eficacia y eficiencia de las autonómicas. Los 13 entes regionales explotan más de 20 canales de televisión y de radio. Este año su presupuesto ronda los 1.400 millones, el 75% procedente de las arcas públicas y el restante 25% de los ingresos publicitarios.

Los socialistas blindaron el carácter público de las televisiones autonómicas en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), de 2010. Ahora, el PP abre la puerta para que puedan ser privatizadas. El Consejo de Ministros examinó el anteproyecto que permitirá a las comunidades elegir “libremente” la forma de gestión de los canales públicos regionales, según Sáenz de Santamaría.

El texto, que implica la modificación de la LGCA, amplía la libertad de elección de las comunidades, según explicó el Gobierno. Las comunidades podrán convocar concursos para adjudicar las licencias a la iniciativa privada, dar a un tercero la gestión indirecta del servicio o de la producción y edición de los programas o establecer convenios de colaboración público-privada.

Las autonómicas reciben unos 1.000 millones en subvenciones, aunque los Ejecutivos regionales han ajustado a la baja los presupuestos este ejercicio. El Gobierno persigue que el servicio público sea “más eficiente” y que estos operadores sean viables. Algunos, como el valenciano, acumulan unos 1.200 millones de deuda.

Castilla-La Mancha y Madrid se han pronunciado por la privatización. Sin embargo, la gestión indirecta no se ha revelado como una fórmula mágica. Castilla y León ha dejado en manos de empresarios locales el canal autonómico, pero ni su audiencia ni su situación financiera son ejemplares. Otros operadores tienen contratos con empresas comerciales para determinados servicios como la publicidad o los programas informativos.

Para el secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, Enrique Laucirica, la posibilidad de privatizar las autonómicas “aumentará las opciones de gestión” de las comunidades. Pero no supondrá el fin de este modelo de televisión. Algunos estatutos de autonomía rechazan la posibilidad de que sea privatizada su televisión. Comunidades como Andalucía se han manifestado a favor de la televisión pública y en contra de la privatización.

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