Las víctimas de crímenes gozarán de protección en toda Europa

Las víctimas de todo tipo de crímenes podrán acogerse pronto a unos mínimos de protección europea. La Eurocámara pretende aprobar antes de verano una directiva con reglas comunes de asistencia aplicables a cualquier víctima en los países comunitarios. La norma potenciará especialmente los derechos transfronterizos, de forma que si un español sufre una agresión, por ejemplo, en Austria, las autoridades de ese país deberán garantizarle atención y traducción a su propia lengua, así como un seguimiento personalizado del caso cuando regrese a España.

Cuando las autoridades europeas comenzaron a analizar la protección que recibían las víctimas en los diferentes Estados comunitarios se dieron cuenta de que existía una gran disparidad. En España, la huella del terrorismo ha impulsado una especial atención, pero no ocurría lo mismo en otros territorios. Por eso, la Comisión se propuso hace casi un año crear un marco común para los 75 millones de víctimas de crímenes que hay al año en Europa, según sus cálculos.

Ahora, el Parlamento ha dado el visto bueno a un primer texto que deberá negociar de nuevo con la Comisión (Ejecutivo comunitario) y el Consejo (ministros de los diferentes países) para aprobar definitivamente la directiva. “Si todo va bien, podría votarse en el pleno en los meses de junio o julio”, confía Teresa Jiménez-Becerril, ponente de esta iniciativa.

La orden se aprobará previsiblemente
antes del verano

La principal novedad que acaba de introducir la Eurocámara se refiere a la definición de víctima vulnerable. Los grupos parlamentarios pretendían afinar mejor el concepto de víctima vulnerable, que la Comisión limitaba a menores, discapacitados, víctimas de delitos sexuales o de trata de seres humanos. Tras mucho debate, la Cámara recomendó extenderlo a otras categorías (refugiados, víctimas de violencia de género, terrorismo, crimen organizado…), aunque es difícil que tan amplia denominación prospere. La propuesta fue refrendada por unanimidad en la Comisión de Libertades Civiles y en la de Derechos de la Mujer, que ha colaborado en la tramitación.

“Se trata de que tengamos un instrumento preciso, práctico”, argumenta la eurodiputada española del Partido Popular para no ampliar demasiado la categoría de víctima vulnerable. No obstante, la propuesta de directiva deja la última decisión en manos de las autoridades de cada país, que mediante una evaluación individual de cada caso deberán decidir si la víctima es vulnerable o no.

En cada Estado miembro, las víctimas tendrán derecho a recibir información y a expresarse en su propia lengua. Contarán con servicios de apoyo que les asesoren y recibirán un atestado, en caso de que decidan denunciar, al que podrán remitirse para recibir información futura sobre el caso. También accederán a servicios de mediación —siempre de carácter voluntario— entre víctima e infractor y verán reembolsados los gastos a los que hayan tenido que hacer frente por procesos penales. Por último, podrán solicitar una indemnización.

Los perjudicados seguirán
informados del caso
cuando vuelvan a su país

El texto está muy pensado para proteger a ciudadanos que sean víctimas de un crimen en un país diferente del suyo. De hecho, la propia directiva resalta que esta red de mínimos busca “contribuir a reducir los obstáculos a la libre circulación de ciudadanos”. El texto deberá ser adaptado a las legislaciones de cada país en el plazo de dos años desde su aprobación en el Parlamento.

Los representantes de los países miembros han expresado estos días, por boca de Dinamarca, que ejerce la presidencia de turno de la UE, que esta norma es de “máxima prioridad”. Pero en el camino hay algunos escollos que resolver. En primer lugar, la directiva fija la necesidad de dar formación específica a los funcionarios que participen en estos procesos (policías, jueces, asistentes sociales…). Ningún derecho estará garantizado si las personas que deben aplicarlo no saben cómo. Y en el actual marco de estrecheces presupuestarias, esa formación se convertirá en un coste más para los Estados.

Tanto o más que ese desembolso supondrá el derecho a traducción e interpretación que la directiva establece para las víctimas de cualquier crimen. Eso obliga a desplegar una amplia red de apoyo, teniendo en cuenta que los derechos deben garantizarse en los 27 Estados y que en total suman 23 lenguas oficiales. “Es un coste, sí”, admite Jiménez-Becerril, “pero las sociedades europeas no se pueden permitir el elevadísimo coste de no atender a estas víctimas”, justifica. La propia diputada fue víctima del terrorismo en España (ETA asesinó a su hermano, el concejal sevillano Alberto Jiménez-Becerril, y a su esposa) y ha dedicado buena parte de su vida a defender a este colectivo.

La Comisión de Derechos de la Mujer, presente en todo el proceso, puso el acento en garantizar que las víctimas de violencia de género o de crímenes sexuales gozaran de una especial protección. Más que en este texto, tales derechos se recogen en la euroorden, un polémico proyecto que impulsó en 2010 la exministra española de Igualdad Bibiana Aído y que chocó con la Comisión Europea, que lo consideraba inadecuado como instrumento homologable para todo el territorio. Finalmente, la euroorden, muy modificada respecto al planteamiento inicial, se tramita también en la Eurocámara.