La justicia concluye que no hubo fraude en Intervida

Los responsables de Intervida no desviaron fondos de la ONG a un entramado de empresas y sociedades ni se lucraron con el dinero recaudado para el apadrinamiento de niños. Cinco años después de que la fiscalía presentase una querella contra los gestores de la entidad por apropiación indebida, estafa y delito societario, la Audiencia Nacional ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa porque “no ha quedado suficientemente acreditado” que los seis querellados se apoderarsen del dinero aportado por los socios para apadrinar a niños de países del Tercer Mundo.

Intervida lleva cinco años intervenida judicialmente. Esa situación se mantendrá hasta que se pronuncie sobre ello el juzgado de Barcelona que adoptó, en 2007, la medida cautelar. Así lo ha fijado también el auto del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia. Entre los querellados está el fundador de la organización, Eduardo Castellón. Sus abogados, Fermín Morales y Josep Riba, consideran que el archivo de la causa “demuestra que la querella presentada en su día no tenía fundamento” y que el nombramiento de administradores judiciales fue una medida “totalmente desproporcionada”. La fiscalía de Barcelona acusaba a los gestores de desviar casi 200 millones de euros.

La fiscalía rectifica tras acusar en 2007 por un desvío de 200 millones de euros

Durante la instrucción se han practicado decenas de diligencias que han llevado a la fiscalía a rectificar y concluir que no había indicios de delito, “sin perjuicio de las eventuales responsabilidades en que se hubiera podido incurrir en otros ámbitos como el civil o el administrativo”. El fiscal añade en su informe que “se puede discutir el modo de funcionamiento o gestión de una ONG, pero no se ha podido comprobar la existencia de un acto de apropiación o distracción de fondos, por lo que esa discusión se debe desarrollar al margen del derecho penal”.

El juez instructor, Pablo Ruz, se suma a las tesis del ministerio público y, aunque admite que no en todos los casos se ha podido analizar todas las operaciones, concluye que, a lo sumo, los responsables de Intervida cometieron “irregularidades administrativas” que no causaron perjuicios “ni a la fundación ni a otras personas”, recoge el auto. Ruz señala que no se ha producido “una falta de atención y debida cobertura del fin social” de Intervida. A pesar de que los gestores invirtieron parte de los fondos recibidos en otras actividades (inmobiliario, mercado de valores), las ganancias revirtieron “en proyectos afectos al fin social”. O sea, en “proyectos solidarios o de ayuda a las clases desfavorecidas”.

La Audiencia Nacional ordena abrir una nueva investigación, por un presunto delito de insolvencia punible, contra Castellón y Carmen Julia Emili, otra de las querelladas, por unas transferencias a la cuenta de la Asociación Solaris Perú (contraparte de Intervida en aquel país) el mismo día que se produjo el registro policial. El juez acuerda la inhibición en favor de los juzgados de Barcelona.