Una moratoria deja sin ayuda a más de 150.000 dependientes leves

Los recortes también llegan a la Ley de Dependencia. Las primeras víctimas son las personas dependientes en grado moderado. A ellas les afecta la moratoria acordada por el segundo Consejo de Ministros del nuevo Gobierno: durante el año 2012 no podrán aspirar a recibir una prestación. La medida afecta a la mayoría de los 165.125 ciudadanos cuya dependencia leve está reconocida ya en los dictámenes oficiales, el paso previo para recibir la ayuda —solo han empezado a tener atención en País Vasco y Castilla y León—, según los cálculos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Forman parte de los 312.000 dependientes que están en lista de espera para recibir algún tipo de atención, explican en esa entidad.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, limitó la moratoria a los dependientes leves —que deberían haber entrado en el sistema de ayudas este año, aunque en la mayoría de las comunidades no ha sido así—. La justificó en el deseo de “no reducir” las prestaciones ya existentes y seguir atendiendo así a los actuales beneficiarios de la Ley de Dependencia (741.713, casi todos requieren altos niveles de ayuda al no poder valerse por sí mismos). La referencia del Consejo de Ministros es menos concreta: informa del aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 “para nuevos beneficiarios”, pero sin precisar el grado de discapacidad. Sí concreta que se mantendrá la cobertura a todos los actuales.

“Con esta medida se legitima la paralización de la Ley de Dependencia”, critica el director de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Calcula que la moratoria solo permitirá un recorte “de unos 100 millones de euros” en una ley cuya aplicación supone en torno a 6.000 millones cada año. El dinero procede de la Administración central y los gobiernos autonómicos —en principio a partes iguales— y de los usuarios, que deben afrontar en algunos casos parte del coste de los servicios —sobre todo, residencias—. Ramírez también critica que se modifiquen de un plumazo los plazos para la atención a los moderados, fijados en la Ley de Dependencia. “Es algo gravísimo”, afirma.

Los cambios irán más allá de la moratoria. El Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, anunció ayer que se acometerá “la necesaria reforma del modelo de financiación para hacer sostenible el Sistema de Atención a la Dependencia”. Otro objetivo “prioritario” es “garantizar la igualdad” de los ciudadanos en el acceso a él.

La Ley de Dependencia, aprobada en 2007 durante el Ejecutivo socialista para crear “el cuarto pilar del Estado de bienestar”, establece servicios para las personas que no se valen por sí mismas —teleasistencia, centros de día, residencias, ayuda a domicilio...— La prestación más frecuente es la ayuda a los cuidadores familiares —417.782—. Con un arranque difícil, desde hace meses su desarrollo estaba paralizado e incluso disminuyeron los beneficiarios en 13 comunidades.