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ANÁLISIS

Vocerío digital vs. democracia

El escandaloso frenazo a la Ley Sinde en el último Consejo de Ministros socialista, para pasar la patata caliente al Gobierno del PP, fue una decisión de gran calado y ribetes escandalosos. La razón confesa de esta omisión fue la de evitar la propagación de un incendio en las redes sociales, alzado con su ira virtual irradiada contra la supuesta censura en la Red. De manera que se concede a Twitter el estatuto de un Quinto Poder, mucho más eficaz que el arcaico Cuarto Poder gutenbergiano.

Es cierto que las redes sociales se han erigido en un poderoso poder fáctico que, incluso en los países del Magreb, en vías de desarrollo según el lenguaje políticamente correcto de la ONU, han suplido la carencia de estructuras democráticas para derribar a sus tiranos locales. Cierto, Internet propaga sus mensajes a la velocidad de la luz y sus usuarios —los jóvenes— constituyen el segmento más dinámico de aquellas sociedades. Y sería un error ignorar estas corrientes de opinión, que en este año electoral emergieron también en nuestra Puerta del Sol y llegaron a contaminar a Wall Street. Muchos hemos aplaudido en un momento u otro algunas de sus legítimas protestas, pero pasadas las elecciones legislativas se ha demostrado que las emociones no son suficientes para vertebrar cambios políticos democráticos en las sociedades posindustriales.

"Mucho ruido no significa legitimidad política. Es un grave error doblegarse"

Hace unos años distinguíamos cuidadosamente la opinión pública de la opinión publicada. Ahora habrá que afinar la distinción incluyendo la opinión pantallizada. Internet propaga sus mensajes a la velocidad de la luz, obviando las máquinas impresoras y el transporte del papel.

Pero los mensajes de Twitter, más ágiles y veloces, no suponen un dogma infalible con poder para coartar las decisiones legítimas de los Gobiernos democráticos. Los internautas no poseen la legitimación de los parlamentarios, pues se representan a sí mismos —no a los electores— en un magma digital. Si esto es cierto en todos los países, lo es más si cabe en España, cuyo desarrollo informático ocupa el humilde lugar 17 entre los países europeos (detrás de Lituania, Malta o Irlanda), pero es el primero en piratería digital. Mucho ruido no significa legitimidad política y es un grave error doblegar las decisiones democráticas por miedo al vocerío irresponsable y con aureola ácrata. Con la vergonzante claudicación del Gobierno ocurre lo mismo que con la censura: se sabe cómo empieza pero no dónde acaba.

Román Gubern es historiador de los medios de comunicación