Nadie se responsabiliza de Iván

Cuando cumplió 18 años pudo salir a la calle definitivamente. Después de pasar media vida en centros de menores, Iván L. B. pernoctó fuera de una institución de acogida. Podría haber sido una buena noticia. Pero Iván, que tiene un 40% de discapacidad intelectual, ahora duerme habitualmente en un parque. No tiene a nadie y nadie se hizo cargo de él al salir del último centro, en la Playa de las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria). Picotea la vida callejera, y los brotes psicóticos que sufre hacen que de vez en cuando tenga ser atendido en el hospital más cercano.

Iván cumplió 18 años los primeros días de mayo. Poco después, el joven, que llevaba viviendo en centros de menores desde que a los cinco años las autoridades les retiraran la custodia a sus padres, había cambiado de isla. Solo unos días antes de su cumpleaños, el 27 de abril, el Gobierno de Canarias interpuso una demanda para que un juzgado dictaminara si la incapacidad de Iván le impedía valerse por sí mismo y para que las autoridades asumieran su tutela. Así, el joven habría sido trasladado a un centro adaptado. Sin embargo, este tipo de procedimientos tardan, según fuentes judiciales, como mínimo seis meses. Por lo que Iván, a pesar de su estado, está desde mayo en la calle.

Ya en Tenerife cuenta que merodeó las asambleas del 15-M. O más bien, el 15-M se plantó donde él dormía. Una gran familia se instaló en su nueva casa, la calle. Participó e incluso tomó el megáfono. De hecho, uno de sus miembros trasladó a Iván a urgencias cuando uno de sus brotes le impidió continuar durmiendo a la intemperie.

Hace unos días se instaló en el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta su vida al que le pregunte. No tiene problema. Se sienta con uno y con otro. Camina, corre. Pero no sonríe mucho. Todo el que se ha preocupado por él ha sido informado de primera mano. Aunque, según dice, no todo el mundo le mira.

Iván confirma que sus coqueteos con la vida de la calle empezaron cuando aún estaba de centro en centro ?solo en los últimos cinco años pasó por seis? y no había cumplido la mayoría de edad. Así consta también en su expediente. Con 18 años, la Administración le empujó definitivamente a la carretera. "Aquí me busco la vida. Hago lo que puedo, lo que sé", aclara el joven.

El de Iván no es un caso aislado. Hace semanas un juez ordenó a un centro de Las Palmas que acogiera a V. G. M., otro joven discapacitado que al cumplir la mayoría de edad había tenido que abandonar la institución en la que vivía. El chico, con un 54% de discapacidad mental, llevaba institucionalizado desde los cuatro años. En ese caso, la demanda de las autoridades canarias también llegó tarde y el joven tuvo que saltar de un centro a otro hasta que el juzgado de guardia dictó que debía ser acogido.

José Moreno,

director general del Menor del Gobierno canario, reconoce que hay que modificar el sistema para evitar situaciones como las de estos jóvenes. "Hay que cambiar, porque las competencias están muy divididas entre administraciones y hay momentos vitales que no están protocolarizados", dice Moreno, que lleva 104 días en el cargo. Momentos como qué ocurre cuando un joven discapacitado sin red familiar cumple 18 años.

"Los juzgados podrían resolver, si quisieran, la situación en 24 horas", dice Moreno. Pero solo si actúa un juzgado de guardia, como le ocurrió a V. G. M., donde el juez cubre las lagunas administrativas. "Siempre intentamos que se solvente en el menor tiempo posible", argumenta el director general del Menor.

Saltando Charcos es una asociación de Burgos que trabaja la inserción laboral de los jóvenes que han estado institucionalizados durante un largo tiempo. Luis Óscar Caballero, uno de sus responsables y un referente en esta materia, asegura que la ley es ambigua en temas de protección. "Vincula el esfuerzo de la Administración hacia los jóvenes con el comportamiento que hayan tenido mientras estuvieron institucionalizados. La Administración se mueve más y más rápido por unos que por otros", analiza.

¿Qué unos y qué otros? "El hecho de institucionalizar a un joven durante más de cinco años le resta sensibilidades afectivas", asegura Caballero. "Eso trastorna su comportamiento", dice. Y tras el trastorno llega el castigo. "Empezamos a pensar que la Administración ralentiza trámites que podría hacer con tiempo para quitarse de encima jóvenes problemáticos", abunda.

Como en el caso de Iván L. B. Por eso, Caballero insiste en que hay que trabajar más en la prevención e insta a las autoridades a "plantear métodos, no castigos".

En el caso de Iván no hay ni contexto familiar, ni vital. La mañana del pasado jueves el joven ya no estaba en el parque de San Telmo. Tampoco el viernes. Según fuentes sanitarias, en los últimos días ha sido examinado por un médico en la provincia de Las Palmas. La Administración no sabe donde está. ¿Quién lo sabe? Probablemente nadie.