Un párroco de Zaragoza es condenado a prisión por oficiar bodas de conveniencia

Un sacerdote de Zaragoza ha aceptado una condena de 29 meses en prisión por su participación en una red dedicada a favorecer matrimonios de conveniencia entre españoles e inmigrantes, cuando se encontraba al frente de la parroquia San Gregorio Ostiense de la capital aragonesa. Cumplirán la misma pena otras tres mujeres de Barcelona a las que se les atribuye la planificación de este fraude.

Las penas propuestas inicialmente eran de 16 años para cada uno de los acusados por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y usurpación de estado civil, pero el acuerdo entre las partes implicadas ha permitido suspender la vista que debía celebrarse hoy en la Audiencia. A cambio, el Arzobispado de Zaragoza tendrá que pagar indemnizaciones a las personas que resultaron perjudicadas por la red.

La investigación se inició a raíz de la alerta dada por el juez del Registro de lo Civil de Zaragoza ante los numerosos matrimonios entre inmigrantes y españolas que se realizaban en la parroquia del Francisco Javier H.O.. El párroco, en connivencia con las tres mujeres que conformaban la red, María Carmen B.C., "perlita"; Amparo C.J., "bambani", y Josefa X.J., "la chunga", ofició, entre abril y diciembre de 2007, cincuenta falsos matrimonios, según su propia descripción de los hechos.

La red se servía mayoritariamente de carnés de identidad sustraídos a mujeres de nacionalidad española, cuyas personalidades suplantaban las acusadas u otras para realizar los matrimonios. También ofrecían a parejas estables que tenían intención de casarse la posibilidad de hacerlo por medio de una "vía rápida" que les permitía evitar numerosos trámites, o captaban a mujeres españolas para casarse a cambio de una cantidad que oscilaba entre los 1.000 y 3.000 euros.

Los inmigrantes, en su mayoría hombres de nacionalidad albanesa o paquistaní y, en menor medida, mujeres inmigrantes, pagaban a la red entre 3.000 y 7.000 euros a cambio de un matrimonio fraudulento que les permitía legalizar su situación administrativa en España y obtener permisos de residencia familiar comunitario y de trabajo.

Las fuentes judiciales no han informado de las cantidades pactadas en concepto de indemnización, pero la fiscalía pedía 20.000 euros para cada una de las mujeres cuya identidad fue suplantada en esta trama.