La consejera de Enseñanza irrita a los padres al suprimir las ayudas de acogida matinal

Suprimir las ayudas a los padres equivale a "desatender las necesidades de los alumnos". Es la queja expresada hoy por la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Catalunya (Fapac), que ha acusado a la consejera del Departamento de Enseñanza, Irene Rigau,de ignorar a las familias después de que comunicara ayer la suspensión de las subvenciones a las asociaciones de padres, especialmente las otorgadas para el servicio de acogida matinal y que contribuye al gasto de los progenitores que por motivos laborales deben dejar sus hijos en los colegios antes de que empiece la jornada laboral.

El anuncio de Rigau llegó tras meses de incertidumbre. Desde antes del verano, la Fapac estaba a la espera de la publicación de la convocatoria de este tipo de ayudas. Se trata de subvenciones que otorga la Generalitat a las familias del servicio de acogida matinal, además de actividades extraescolares y escuelas abiertas en julio. "Hasta ahora nadie confirmaba si las ayudas se darían este año o no", protesta la FAPAC. El servicio de acogida en las escuelas catalanas comenzó en 2003 para contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar. La subvención pagaba hasta ahora la mitad del programa mientras los usuarios aportan el resto.

El curso pasado en Barcelona, por ejemplo, 141 asociaciones de padres utilizaron este programa, del que se beneficiaban unos 5.954 niños. El Consorcio de Educación, integrado por el Ayuntamiento de Barcelonay la Generalitat, entregó subvenciones por valor de 367.000 euros.

"Fórmula inadecuada"

La Fapac se ha mostrado irritada por conocer la suspensión de este tipo de ayudas con el curso ya empezado y sin notificación oficial por parte de la Generalitat. "La administración emplea una fórmula inadecuada que hace recaer toda la carga de los recortes sobre las familias", señaló un portavoz de la Fapac.

La federación ha recordado que a finales del curso pasado ya alertó de que se habían pospuesto las convocatorias de ayudas hasta la aprobación de los presupuestos, una demora que fue interpretada "como una política de recortes y supresiones, tal y como se ha confirmado meses después", protesta la entidad que reclama a Rigau medidas compensatorias.