El TSJC da dos meses a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas
La consejera de Educación, Irene Rigau, ha asegurado que la Generalitat presentará un recurso contra el auto del Tribunal
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un plazo máximo de dos meses al Departamento de Enseñanza de la Generalitat para que modifique el sistema educativo con el fin de implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, junto al catalán. De esa forma, el alto tribunal catalán fija un límite de 60 días para que el Gobierno catalán cumpla la sentencia que el Tribunal Supremo dictó en diciembre de pasado año. Esta reclamaba a la Generalitat que adaptara el castellano como lengua vehicular del sistema educativo pero sin fijar ningún plazo temporal. La consejera de Educación, Irene Rigau, ha asegurado que la Generalitat presentará un recurso contra el auto del Tribunal. Por su parte, Carme Chacón, informa Efe, ha defendido el actual modelo educativo. Rigau anunció a última hora de la tarde que la Generalitat recurrirá el auto "con el máximo respeto y la máxima lealtad institucional". Aunque esta impugnación solo suspenderá la ejecución del auto si lo acuerda el propio TSJC, la consejera confió en que "permitirá justificar que no es necesario ningún cambio". "El Constitucional permite que el catalán sea el centro de gravedad del modelo siempre que no se excluya el castellano, y así se hace", interpretó la consejera.
La sentencia que ahora el TSJC obliga a cumplir en dos meses reclama que el castellano "no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sino que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza" de las escuelas públicas catalanas. La normalización lingüística del catalán en que se basa el sistema educativo defendido por la Generalitat bien merece "otorgar al catalán un trato diferenciado sobre el castellano", admitió el fallo del Tribunal, "pero no relegar [el castellano] al estudio de una simple materia" como ocurre en la actualidad en las escuelas públicas catalanas. El auto parte de esta sentencia y obliga a que la Generalitat adapte el modelo educativo en dos meses. Tras este plazo, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, deberá informar al Tribunal de las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia del TSJC del año pasado.
El auto, del que ha informado hoy el TSJC, coincide con las sentencias del Tribunal Supremo del pasado mayo en las que daba la razón a dos familias catalanas que reclamaban su derecho a la escolarización en castellano, representadas por Convivencia Cívica Catalana (CCC). La Generalitat puede recurrir la medida pero esta impugnación no suspendería de forma automática la ejecución de la sentencia a menos que el propio TSJC lo acordara así a instancia de alguna de las partes.
Pese al aviso del Tribunal, el gobierno catalán no se plantea un cambio del modelo lingüístico. La consejera de Educación, Irene Rigau, ha asegurado que presentará un recurso contra el auto del TSJC antes de la fecha límite, el 6 de septiembre. Rigau ha dicho que el modelo escolar catalán actual "ha sido patrimonio colectivo de este país y que no ha generado diferencias y que ha permitido el conocimiento de los dos idiomas a la vez que garantizado la cohesión social".
En la misma línea, la futura candidata del Partido Socialista catalán en las elecciones generales, Carme Chacón, ha defendido la inmersión lingüística porque, a su juicio, "garantiza la cohesión social y lingüística" en el país. Durante su visita a Sant Andreu de la Barca, en Barcelona, la ministra de Defensa ha insistido en "fortalecer" el sistema educativo público.
Los sindicatos critican el fallo
Sindicatos y asociaciones de padres de alumnos han criticado duramente el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que establece un plazo de dos meses para que el Departamentode Enseñanza de la Generalitat adopte las medidas necesarias para incluir el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo catalán. Portavoces de los sindicatos CC OO, USTECA·STEs y UGT, junto a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Secundaria (Fapaes), han lamentado la "agresión" que supone el fallo, por entender que el modelo actual de inmersión lingüística en catalán ha representado un éxito y es la única vía para garantizar que los escolares aprenden castellano y catalán.
La portavoz de CC OO, Montse Ros, se ha puesto al servicio de la Generalitat para trabajar "para que no se cambie el modelo", y ha subrayado que elactual cuenta con el consenso de la sociedad catalana. La representante de USTECA·STEs, Rosa Cañadell, ha lamentado que el fallo del TSJC quiere "buscar problemas donde no los hay", y ha recordado que todas las pruebas de nivel realizadas en Cataluña durante los últimos años garantizan que los alumnos catalanes tienen un conocimiento del castellano similar al de los alumnos de otras comunidades autónomas. La delegada de UGT Roser Font ha considerado muy negativo el fallo, por entender que el sistema actual ha sido modélico en la integración de la población inmigrante, y ha lamentado que "unos cuantos" pretendan recortar la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana.
Por su parte, el portavoz de la Fapaes, Pere Farriol, ha subrayado también el amplio consenso social y político del que goza la inmersión lingüística en catalán, y ha augurado que el cambio de este modelo supondría la marginación de los jóvenes por cuestiones de idioma, a la vez que ha calificado de "barbaridad" el fallo y se ha puesto al servicio de la Generalitat para defender el sistema actual.
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